El representante de quien gobernara en la vecina nación entre 1990 y 2000 fustigó durante su alegato la exposición anterior de la contraparte, encabezada por Alfredo Etcheberry. Según la visión, su colega forzó el tipo de delitos »para que coincidan los requisitos técnicos de la extradición».
En cuatro ideas fuerza centró su alegato la defensa del ex presidente peruano Alberto Fujimori, representada por el abogado Gabriel Zaliasnik. Y en esa entrada ante la Segunda Sala Penal de la Corte Suprema, calificó como «acrobacia procesal» los intentos de su colega Alfredo Etcheberry de hacer aparecer algunos hechos como delitos, «forzando el tipo para que coincidan los requisitos técnicos de la extradición».
El profesional apuntó técnicamente a las fallas de la defensa del Estado peruano y a la falta de pruebas que aportaron durante el juicio de primera instancia que llevó el ministro instructor, Orlando Álvarez.
Uno de estos problemas fue el que se produjo con el informe Kroll, que supuestamente establecía la fortuna que tenía Fujimori producto de la corrupción. Se suponía que la justicia vecina y el gobierno entregarían el documento, pero «nunca llegó al proceso», dijo Zaliasnik.
A renglón seguido, el delegado explicó que las pruebas deben ser elocuentes, no deben existir testigos de oídas, sino que claras, precisas e inmediatas.
«Fujimori fue un presidente civil, democráticamente elegido, pero este alegato no es para probar su honestidad, sino para resolver si las pruebas sirven para su extradición», insistió.
A continuación, Zaliasnik siguió con temas de carácter procesal. Explicó que las grandes diferencias en el sistema acusatorio entre ambos países no permiten, por ejemplo, analogar el auto de procesamiento chileno, ya que la fiscalía peruana no puede argumentar que tiene a una persona procesada como se entiende en Chile.
En el antiguo Código de Procedimiento Penal, quien está procesado es porque un juez determinó que existen «presunciones fundadas» de responsabilidad en calidad de autor, cómplice o encubridor.
De ese tópico, dijo que la petición peruana no cumplía con los requisitos básicos para conceder el envío del ex gobernante a Lima.
Otra idea fuerza del alegato fue la prescripción. Según el profesional, la explicación de su contradictor era «malabarismo procesal» porque, a su juicio, muchos de los delitos imputados a su cliente y sus explicaciones son «hermenéuticos».
A continuación, replicó a sus colega respecto de la «huída» de Fujimori en 2000.
«Fujimori no escapó del Perú en 2000, sino que asistió a una cumbre de la APEC con autorización del congreso y luego se quedó en Japón, cuando comenzaron las acusaciones constitucionales», explicó de forma eufemística.
Como golpe a la cátedra por la prescripción, citó un rechazo otorgado por la Suprema a Víctor Paiba, acusado de terrorismo en Perú que goza de estándar de refugiado en Chile, y quien estaba en la sala. La alusión provocó risas.
Adecuación
Para los casos de corrupción, el defensor de Fujimori intentó desvirtuar procesalmente los intentos de la fiscalía peruana, insistiendo en que no se cumplen los preceptos requeridos para la ley chilena.
Para el caso de los vladivideos, por ejemplo, de parlamentarios recibieron coimas para cambiarse de partido, Zaliasnik se preguntó cómo se le puede responsabilizar si quien lo hacía (el pago) era Montesinos.
Por último, centró sus últimos dichos en los casos de Barrios Altos y La Cantuta, matanzas hechas por el grupo Colina.
Explicó que si bien los hechos existieron, no es posible sostener que Fujimori fuera el ejecutor de los mismos, y recalcó que las pruebas aportadas por el Estado peruano no son concluyentes.
Los alegatos finalizaron alrededor de las 15:30 horas y la causa quedó en estudio. Los ministros se reunirán a partir de la próxima semana para analizar los antecedentes presentados en el caso.
