Dictamen obliga a dejar sin efecto calificaciones deficientes asignadas a médico Pedro Aros Ojeda, quien tras apoyar una huelga al interior del recinto hospitalario realizada en 2004, enfrentó un sumario administrativo, la suspensión de sus funciones y el traslado a realizar actividades de menor categoría.
La Contraloría General de la República resolvió acoger el reclamo presentado por el médico Pedro Aros Ojeda para dejar sin efecto las calificaciones de 2004 y 2005 realizadas por sus superiores jerárquicos en el Instituto Nacional de Neurocirugía Doctor Asenjo, del cual es subdirector.
Tales calificaciones fueron en el rango más bajo, esto es en el nivel 4, que considera la expulsión del recinto y son parte, a juicio de Aros, de las acciones emprendidas en su contra por los directores del instituto, Jaime Lavados, y el Servicio de Salud Metropolitano Occidente, Enrique Ayarza.
La Corte Suprema acogió en marzo del año pasado un recurso de protección por "acoso laboral y persecución funcionaria" presentado por el profesional, en un fallo inédito en materia de justicia laboral y en el que los ministros consideraron que Lavados lo obligó a trabajar en un entorno "adverso, degradante y casi propio de una celda".
A esto se suma ahora la resolución del ente de control, que vuelve a señalar que estas acciones, en específico las calificaciones, no se ajustan a derecho y que deben ser reemplazadas por las que el médico recibió en 2003, las cuales estuvieron en el rango del nivel 1, el cual es de "excelencia".
Además, el documento parafrasea el pronunciamiento que realizó la Corte de Apelaciones de Santiago que ordenó «dejar sin efecto» las medidas ilegales y arbitrarias decretadas por los superiores de Aros.
Este fallo termina el ciclo de defensa laboral que realizó por hostigamiento laboral el neurocirujano, que apoyó una huelga al interior del recinto hospitalario realizada en 2004, lo cual generó un sumario administrativo, la suspensión de sus funciones y el traslado a realizar actividades de menor categoría respecto a su cargo de subdirector del instituto, que hasta hoy no ha podido ejercer a cabalidad.
Acciones civiles y penales
Pedro Aros Ojeda quedó conforme con la resolución dictada por la Contraloría y señaló que ésta pone fin a todo el proceso del que ha sido víctima durante estos tres años en los que "se ha desconocido y desacatado las decisiones de tribunales superiores", ya que aún no logra recuperar las funciones que le corresponden en el cargo.
Califica como "dolorosa" para él y su familia esta etapa que ha vivido en la institución y que ha sido "denigratoria, donde la gente me miran sin ningún valor".
Agrega que también ha sido desgastante tener que presentar los recursos, ya sea ante la Corte de Apelaciones de Santiago, la Corte Suprema y la Contraloría, que en todas las instancias han fallado a su favor y que a pesar de todo no ha logrado una mejora en su situación al interior del instituto.
Por lo mismo adelantó a El Mostrador.cl que emprenderá acciones reparatorias y también del tipo penal y que éstas se encuentran en manos de sus abogados.
"Hay que crear conciencia y exponer las responsabilidades políticas que existen al respecto, donde se han atropellado los derechos humanos en una estado de democracia por personas que ejercen un cargo transitorio", dijo Aros.
Finalmente, hizo un llamado a la Presidenta Michelle Bachelet y a la ministra de Salud, María Soledad Barría, para que impidan que estas situaciones sigan sucediendo en el sector, ya que gracias a su problema -aseguró- ha podido conocer que estas actitudes arbitrarias se registran a diario.
"Es importante que el país sepa que se están atropellando los derechos humanos de las personas, mediante estas persecuciones y el acoso que ejercen algunas autoridades en el trabajo", concluyó.