Codirector del Observatorio de Derechos de los Pueblos Indígenas explica que el texto no es un instrumento jurídico vinculante, pero debiera orientar políticas públicas. Como tema pendiente, menciona la aprobación del Tratado 169, que ya completa 16 años durmiendo en el Congreso.
Casi 5% de la población chilena pertenece a la minoría indígena, una cifra no menor que vio un adelanto sustancial a la protección de sus intereses con la aprobación por parte de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) de la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas.
Luego de dos décadas de negociaciones, el texto fue finalmente ratificado este jueves en Nueva York por 143 votos a favor, cuatro en contra y 11 abstenciones.
El año pasado, el texto fue visado por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra y su visto bueno final se vio retrasado por objeciones de algunos países, como Estados Unidos, Canadá y Australia y Nueva Zelanda, los únicos que esta vez volvieron a oponerse.
El principal punto de conflicto se relacionaba con que la declaración exige el reconocimiento de los pueblos indígenas a la autodeterminación y control de sus tierras, territorios y recursos naturales, ya que históricamente ha existido temor de parte de los Estados a un posible proceso de fragmentación.
Para lograr un acuerdo, se introdujeron nueve enmiendas, siendo la más sustancial la relativa al artículo 46, que establece que «no se entenderá en el sentido de que autoriza o fomenta acción alguna encaminada a quebrantar o menoscabar total o parcialmente, la integridad territorial o la unidad política de Estados soberanos e independientes».
Alcances locales
Según explica el abogado José Aylwin, codirector del Observatorio de Derechos de los Pueblos Indígenas, «si bien no constituye una convención internacional y, por lo tanto, no es un instrumento jurídico vinculante, la noticia sí debiera orientar políticas públicas de los Estados que se suscriben a ella, entre ellos Chile».
Los derechos establecidos en la declaración han sido considerados por organismos de tratado tanto de Naciones Unidas como del sistema interamericano de derechos humanos como principios generales del derecho internacional de los derechos humanos.
«Son principios generales del derecho internacional o derecho internacional consuetudinario relativo a los pueblos indígenas aplicables en todos los contextos. Por lo mismo, sus disposiciones deben orientar a aquellos Estados que lo han suscrito y también a los que no lo han hecho», añade.
El profesional explica que, en relación a los plazos en que se podría ver alguna influencia de este acuerdo, «como no tiene la misma calidad de un pacto o tratado, su implementación será gradual y a la larga debería apuntar a un proceso de reforma jurídica, de implementación de políticas públicas congruentes».
Tratado 169: pendiente
Si bien con la aprobación de este documento los más de 370 millones de personas integradas en 5.000 comunidades en el mundo alcanzaron un hito histórico, en Chile aún está pendiente la aprobación por parte del Senado del Tratado 169.
En 1990, 139 países firmaron este acuerdo de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en que los gobiernos se comprometen a fortalecer y respetar los derechos de los pueblos indígenas. Hasta el momento, sólo 18 países lo han ratificado.
En 2000 fue aprobado por la Cámara de Diputados, pero rechazado por el Senado. Incluso, fue impugnado por parlamentarios de derecha ante el Tribunal Constitucional (TC), alegando que se reconoce a los indígenas como pueblo y la carta fundamental sólo valida al pueblo chileno. Además, no estaban de acuerdo en el resguardo que establece para los vernáculos en relación al uso y derecho sobre recursos naturales, incluyendo los recursos del subsuelo.
Por otra parte, garantiza el derecho consuetudinario indígena y proclama la necesidad de que la justicia estatal valide el sistema de justicia indígena, «lo que cuestionan porque según dicen, fragmenta la justicia chilena», de acuerdo a las palabras de Aylwin.
Este año, la Presidenta Michelle Bachelet encargó al senador Roberto Muñoz Barra (PPD), presidente de la comisión de Relaciones Exteriores, que pusiera en tabla el proyecto y lo tratara con márgenes de urgencia.
Este martes, se reunió la instancia y convino «abrir espacios de inscripción de sectores indígenas del país agrupados jurídicamente para que vengan a exponer puntos de vista».
«Incluso acordamos con Mideplan que se publicaran en diarios y medios una invitación a hacer llegar deseos de concurrir a la Comisión y elegir un numero representativo», detalló el parlamentario.
Paralelamente, organizarán seminarios en la Araucanía, donde hay unos 500 mil indígenas, Santiago, Isla de Pascua y Atacama.
«Queremos legislar de la forma más amplia y más transparente sobre un tema que no queremos que sea confrontacional. Hay quienes sostienen que este reconocimiento podría significar quebrar la unidad de país como estado y nación, porque creen que daría derechos especiales que apuntarían a la aspiración crear un pueblo indígena con propias reglas, lo que no es así», enfatizó.
