Ambos documentos será llevados a discusión en los próximas sesiones de la Cámara de Diputados para su discusión general.
La comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara, presidida por el diputado Carlos Abel Jarpa (PRSD), aprobó el Segundo Protocolo Facultativo del Pacto de Derechos Civiles y Políticos y el Protocolo a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ambos instrumentos internacionales que tienen como objetivo abolir la pena de muerte.
Según el parlamentario radical, el Segundo Protocolo Adicional del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, establece la prohibición de ejecutar a ninguna persona sometida a la jurisdicción de un Estado Parte en este Protocolo.
«El documento establece que no se podrá suspender el derecho garantizado ni siquiera en el caso especial de situaciones excepcionales que pongan en peligro la vida de la Nación y cuya existencia haya sido proclamada oficialmente», explicó.
Asimismo, señaló que se establece que los Estados Parte adecuarán su legislación, para lo cual se indica que Chile, mediante una ley, impone una pena de presidio perpetuo real para aquellos delitos en los cuales se contemplaba la pena capital, con lo cual se obtiene una respuesta eficiente y proporcional a los delitos de mayor gravedad.
«El mensaje enviado por el Ejecutivo aclara que sólo quedaría pendiente la adopción de todas las medidas necesarias para abolir la pena de muerte aplicable a determinados delitos perpetrados en tiempo de guerra y respecto de la cual será necesario formular un documento adicional», recalcó.
En ese sentido, aclaró, el Protocolo establece como regla general que no se admitirá ninguna reserva, con excepción de una que prevea la aplicación de la pena de muerte en tiempos de guerra.
Jarpa agregó que la segunda iniciativa aprobada por la comisión parlamentaria, es el Protocolo a la Convención Americana sobre Derechos Humanos Relativo a la abolición de la pena de muerte, adoptado en Asunción el 8 de junio de 1990, en el Vigésimo Período Ordinario de Sesiones de la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos, y suscrito por la República de Chile el 10 de septiembre de 2001.
En este documento también se establece la prohibición de aplicar la pena de muerte a toda persona sometida a la jurisdicción de un Estado Parte, y queda pendiente la obligación de no aplicar la pena de muerte dentro del territorio nacional a ninguna persona sometida a la jurisdicción del Estado de Chile, incluidos aquellos casos excepcionales en que todavía está vigente.
El diputado dijo que la aprobación de ambos documentos, demuestra el respeto transversal que el mundo político de nuestro país tiene por la vida y los derechos de las personas y en ese sentido dijo que hará todo lo necesario para que, «cuando sean discutidos en la Sala sean apoyados unánimemente por todas las bancadas»
Ambos documentos será llevados a discusión en los próximas sesiones de la Cámara de Diputados para su discusión general y el informe final elaborado por la instancia parlamentaria será realizado por la diputada Isabel Allende (PS).
