En 2003, como ministra de Defensa, respaldó que el entonces coronel se transformara en general. Como Presidenta, lo ascendió a jefe de la Segunda División. El tema vuelve a poner en cuestión cómo se aprueban las promociones de efectivos que tras el golpe se vincularon a casos de DDHH. Ejército defiende su sistema de verificación.
En octubre de 2003, la entonces ministra de Defensa, Michelle Bachelet, recibió la propuesta del alto mando del Ejército que incluía el ascenso del coronel Guillermo Castro Muñoz a general de brigada; el mismo oficial que el martes declaró en calidad de inculpado ante el ministro Héctor Solís, que sustancia la investigación por los desaparecidos de Paine.
En esa oportunidad, Bachelet no tuvo inconvenientes en aprobar su inclusión en la nómina, ni tampoco el ex Presidente Ricardo Lagos. Claramente ninguno de los dos conocía esta información. Tampoco su pasado.
Y a fines del año pasado, en la Junta Calificadora de Oficiales del Ejército, se determinó ascender a Castro Muñoz a general de división. La propuesta fue aprobada por el ministro de Defensa, José Goñi, y respaldada por la actual la Presidenta de la República.
De esta forma, la diligencia que realizó el ministro Solís este lunes en el edificio de las Fuerzas Armadas, vuelve a poner en cuestión la forma en que se aprueban los ascensos de los efectivos que se encontraban al momento del golpe militar en alguna destinación que los vinculó a casos de violaciones de derechos humanos.
Hasta ahora, según fuentes ligadas a la investigación, las pruebas no son determinantes, pero el magistrado prefirió requerir el testimonio del militar activo para tener cumplido un requisito básico ante un eventual sometimiento a proceso.
Al respecto, la política del Ejército es que mientras no haya ningún miembro de sus filas como condenado, puede continuar en la institución, porque prima la presunción de inocencia.
In situ
El actual jefe de la II División de Ejército tenía 20 años para el golpe militar del 73 y se desempeñaba como subteniente en la Escuela de Infantería de San Bernardo. Desde esa unidad castrense es de donde se ejecutó la represión a Paine, que contó con la ayuda de civiles que coordinadamente ayudaron a la desaparición de 23 personas.
Durante su carrera de oficial, Castro ha ocupado los cargos de director de la misma repartición, agregado militar en Argentina, director de la Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos (Anepe) y jefe de personal del Ejército.
Sin duda una trayectoria brillante, por lo que es defendido en las esferas castrenses, donde se asegura que no está involucrado en los hechos por los que es investigado.
Controvertidos ascensos
Al momento de determinar los ascensos de los oficiales, en el Ejército se indicó que se realiza una cuidadosa revisión de la hoja de vida de los oficiales, especialmente respecto de aquellos que pasarán a formar parte del Cuerpo de Generales.
«Se analiza toda la carrera militar», dijo una fuente de la institución castrense a El Mostrador.cl, quien agregó que también se ve el tema de derechos humanos. «Incluso a veces se incorporan esos antecedentes al Ministerio de Defensa».
Luego de ello se pasa la lista con los posibles ascensos a la cartera, donde también se evalúan los antecedentes de cada oficial, aunque fuentes cercanas a Defensa puntualizan que "no hay un mecanismo de inteligencia".
Se explicó que generalmente a quienes ascienden a general son conocidos por las autoridades de Gobierno por las distintas labores que han realizado como coronel, pero donde se pone más cuidado es cuando se elabora la quina para elegir al comandante en jefe.
Este, sin embargo, no es el único caso en que los ascensos de oficiales aprobados por los gobiernos de la Concertación han sido objetados.
El más recordado es el de 1997, cuando el entonces presidente Eduardo Frei vetó el ascenso a general del brigadier Jaime Lepe, ex escolta de Pinochet y ex secretario general del Ejército, sospechoso de estar vinculado a la muerte del diplomático español Carmelo Soria.
También durante la época de Frei está el episodio de la Mesa de Diálogo, cuando aceptó que el general Patricio Ríos, como comandante en jefe de la FACH, designara al entonces general Patricio Campos como enlace de la instancia. Este último, casado con Viviana Ugarte, una ex integrante del Comando Conjunto, ocultó información sobre detenidos desaparecidos.
El otro caso fue el segundo hombre de la FACH Hernán Gabrielli, denunciado en 2001 por los ex prisioneros políticos Héctor Vera, Juan Ruz y Carlos Bau, quienes lo acusaron de haber golpeado brutalmente al dirigente de Inacesa Eugenio Ruiz-Tagle, una de las víctimas de la Caravana de la Muerte.
Además, se encuentra el del coronel Pedro Pablo Bustos, quien se desempeñó como agregado militar en Naciones Unidas y cuando en 2003 estaba por ascender a general, El Mostrador.cl publicó que perteneció a la disuelta CNI. Si bien el Ejército aclaró que se desempeñó en 1982 en "funciones no operativas", se optó por no promover su ascenso.
Otros que posiblemente no podrán ascender son los coroneles Mortimer Jofré y Jua MacLean, procesados en la investigación por las millonarias cuentas de Pinochet en el caso Riggs, junto a otros colaboradores de ex dictador.
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