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Gobierno descarta debilidad al acceder a demandas de huelguista

El ministro del Interior, Edmundo Pérez Yoma, arguyó razones humanitarias para la decisión, pero también el inicio de »una nueva política» para atender »las aspiraciones» del pueblo mapuche. En esa línea el recién nombrado comisionado presidencial para Asuntos Indígenas, Rodrigo Egaña, ya instó al parlamento a hacer un »gesto social»y aprobar el convenio 169 de la OIT. [Actualizada]


El ministro del Interior, Edmundo Pérez Yoma, descartó este martes que el Gobierno haya actuado con debilidad al acceder a algunas de las demandas de la activista mapuche Patricia Troncoso, quien a través de ese acuerdo terminaría con un prolongado ayuno de más de 110 días.



Y si bien reconoció que pesaron en la decisión razones humanitarias, afirmó que ésta se enmarca en una nueva política que quiere impulsar La Moneda frente a la situación de las comunidades indígenas del país.



«Estábamos preocupados por la posibilidad que ella tuviera un desenlace fatal, llevaba demasiados días en huelga de hambre», dijo el secretario de Estado respecto a la situación de la mujer apodada «La Chepa», quien cumple una pena de 10 años y un día de prisión por infracción a la ley Antiterrorista, y que inició el ayuno para acceder a los beneficios carcelarios que le son negados precisamente por haber sido condenada bajo esa legislación.



Agregó -en declaraciones que fueron difundidas por la radio Bío Bío– que la gestión que efectuó en este caso la Iglesia Católica «fue para nosotros muy fundamental, muy crucial y creo que un signo de buena voluntad, de acercamiento, a mí me pareció que era algo importante de hacer».



Ahora, indicó la misma emisora, Patricia Troncoso está a la espera en el hospital de Chillán de firmar un documento que oficialice los acuerdos alcanzados, único trámite que falta para que termine con el ayuno, que según su médico, todavía mantiene.



Nueva política



Edmundo Pérez Yoma desestimó también las críticas de algunos sectores respecto a que con su decisión, el Ejecutivo estaba dando una señal de debilidad.

Por el contrario dijo, «la señal es que queremos iniciar una nueva política, de que entendemos las inquietudes y aspiraciones del pueblo mapuche», lo que hizo extensivo también a «todas las comunidades indígenas».



Prueba de esa nueva visión es el trabajo que, en horas de la mañana, comenzó a desarrollar el recién nombrado comisionado presidencial para Asuntos Indígenas, Rodrigo Egaña Baraona.



Es así como su primera actividad oficial fue una reunión con la ministra de Planificación, Paula Quintana, oportunidad en la que manifestó que se abocará a fiscalizar el cumplimiento de las políticas públicas en beneficio de las etnias originarias, así como a anticiparse a situaciones que puedan derivar en hechos de violencia, principalmente en la Región de la Araucanía.



Asimismo, instó al Poder Legislativo a aprobar el Convenio 169 de la OIT, instrumento jurídico internacional con carácter vinculante que protege y regula los derechos de los pueblos indígenas en diferentes áreas de su interés.



«Yo creo que el Parlamento debiera hacer un gesto político y social y eso aprobarlo en marzo (…) y yo creo que frente a las situaciones de los últimos días la respuesta tiene que ser de mucha generosidad», dijo Egaña, quien el miércoles se reunirá con el director nacional de la Conadi, Wilson Reyes.



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