Fuentes del Consejo Asesor de Educación Superior sostienen que es clave la necesidad de consolidar el rol de las casas de estudio pertenecientes al Estado, por lo que contarían con aportes fiscales directos garantizados. Para las demás, se analizan diversas fórmulas de acceso a estos recursos, siempre que cumplan algunos estándares mínimos.
Mucho se ha especulado en torno a la supuesta eliminación del Consejo de Rectores de Chile (Cruch). Entre otras críticas, se lo ha tildado de anacrónico, poco representativo y de cumplir un rol obsoleto, pues desde su creación, en agosto de 1954 cuando sólo había ocho universidades, las reglas del juego en materia de educación superior han cambiado radicalmente.
Sin embargo, no hay que olvidar que dentro de este organismo, que incluye a 25 de las 61 universidades existentes hoy, se agrupa el total de los centros de estudios estatales, que suman 16. Por ello, su eventual disolución ha sido analizada por el Consejo Asesor de Educación Superior con detenimiento y, según fuentes internas, sin perder de vista la necesidad de reafirmar el rol de estas últimas, punto en el que coincide una amplia mayoría.
En 2007, las universidades del Cruch recibieron $ 122.714 millones por concepto de Aporte Fiscal Directo (AFD), torta que ahora las privadas creadas con posterioridad a 1981 buscan que se reparta entre todos los actores del sistema. En esa línea se inscribirían los ajustes que algunos sectores han propuesto al Consejo de Rectores, que sostienen que existe una inequidad en los aportes estatales a la educación superior.
Y si bien los integrantes estatales del Consejo de Rectores hoy tienen acceso al AFD y al Fondo Solidario de Crédito Universitario (FSCU), también deben cumplir una serie de exigencias que no les son aplicables a las privadas, ni siquiera a las que integran el propio Cruch.
En ese sentido, las 16 estatales pueden endeudarse sólo durante el período presidencial; tienen control del Estado a través de la Contraloría y con representantes gubernamentales en las juntas directivas; y se les aplican todas las leyes del sector público, incluso en materia de funcionarios. Ello, sin contar que en términos generales sus aportes en materia de investigación son superiores a los de las privadas.
Trato preferente
Por ello, al interior del consejo asesor se afirma que cualquier cambio en el Cruch no dejaría a la deriva a las entidades cuyo responsable es el Estado ni tampoco significaría la panacea para las privadas a la hora de acceder al AFD. En suma, una reforma de esta naturaleza implicaría profundos cambios en otros planos.
De hecho, las conversaciones del consejo coinciden en la necesidad de dar un trato preferente a los organismos ligados al Estado, tanto desde el punto de vista del financiamiento como de los derechos de los que dispondrían. Esto, de la mano de ciertas exigencias relativas a los aportes públicos y valores que deben cultivar, lo que no iría en la misma línea de los estándares de las privadas.
Entre las propuestas que han cobrado más fuerza, se sugiere entregar aportes a todas las instituciones acreditadas y que cumplan ciertos estándares de gestión, lo que podría ser canalizado a través de fondos concursables, además de los destinados directamente a las estatales.
Por otra parte, también se ha conversado la posibilidad de que las entidades que cumplan con ciertos roles de interés social y que no persigan fines de lucro, también podrían verse beneficiados con recursos y ayudas especiales.
Juntas pero no revueltas
Para Luis Riveros, ex rector de la Universidad de Chile, es indispensable que haya un reordenamiento del Cruch, ya que en su opinión lo único en común que mantienen las entidades que lo componen es el AFD, el sistema de selección y admisión de estudiantes.
Por ello, asegura que una alternativa viable y más acorde con la realidad del mercado universitario actual es la creación de una asociación de universidades acreditadas que coordine las políticas del sector y, en forma paralela, el nacimiento de un consejo netamente estatal.
Hace hincapié en esta distinción porque considera que una falla del sistema radica precisamente en la falta de diálogo directo entre el Estado y sus universidades. "Se las ha dejado que subsistan como puedan en medio de una alta competencia con el sector privado. Y es una competencia desleal y nefasta, porque las reglas y tareas son distintas en materia de política pública, social, de investigación y de vinculación con realidades regionales".
Además, explica que un punto fundamental es su acreditación -actualmente sólo la UTEM no lo está- , pero para ello "hay que crearles condiciones. No es posible que se les impongan reglas estatales y luego se las obligue a financiarse solas. Por eso es necesario un diseño de política pública que les permita hacer sus programas y al mismo tiempo tener alta calidad".
Y a su juicio la fórmula, al menos desde el punto de vista económico, es el aporte fiscal directo, que a diferencia de las demás universidades no estaría sujeto a concursos u otros requisitos, salvo contar con la acreditación.
Más a los estudiantes, menos a las Universidades
En la misma línea se inscribe Juan Eduardo García Huidobro, director del Departamento de Educación de la Universidad Alberto Hurtado y otrora presidente de la Comisión Asesora Presidencial para la Educación, quien siente que "es el momento de crear otra entidad realmente representativa".
Según su visión, una forma justa de repartir los recursos fiscales es mejorando los montos que van hacia los estudiantes, como los aportes fiscales indirectos (AFI), becas y créditos con aval del Estado. Y al mismo tiempo, entregando más aportes a proyectos específicos y no tanto a los centros de estudio.
En todo caso, considera "obvio" que se deben entregar montos preferencialmente a las entidades del Estado, "siempre y cuando tengan obligaciones inherentes y se definan expresamente los bienes públicos y valores que se desean preservar", aclara.
