Presidentes de la Alianza acusaron al Gobierno de diseñar un montaje para financiar el sistema de transporte capitalino, por lo que piden que el Tribunal Constitucional declare ilegal el préstamo del BancoEstado. Carlos Larraín (RN) advirtió que lo sucedido abre un camino para posibles »operaciones trianguladas».
A sólo días de cumplirse el primer aniversario de la implementación del Transantiago, el 10 de febrero, la derecha se prepara para -desde su punto de vista- conmemorar la fatídica fecha. En este marco, los presidentes de la UDI y RN, Hernán y Carlos Larraín, respectivamente, acusaron al gobierno de elaborar un "montaje" que les permitió introducir recursos al Transantiago vulnerando la Constitución.
Pese a que la derecha aún se debate entre el "desalojo", "nuevo trato" o el "bacheletismo-aliancista", no parece haber dos posiciones en torno al sistema de transportes.
Y debido a que en la Alianza no están dispuestos a que el gobierno vuelva a inyectarle recursos al sistema de transportes capitalino sin pasar por el Congreso, esta semana presentó un requerimiento ante el Tribunal Constitucional para que "se declaren inconstitucionales los decretos supremos que aprobaron el otorgamiento de un préstamo del Banco del Estado de Chile al sistema de transporte público de pasajeros de Santiago".
La Alianza siempre advirtió que, a su juicio, la única salida constitucional que tenía la autoridad para inyectarle recursos al Transantiago, sin requerir la aprobación del Congreso, era echar mano al 2% constitucional para catástrofes. Y si el TC le da la razón a los 12 senadores que presentaron el recurso, "el efecto es que se anula (el préstamo) y, por lo tanto, no operaría el crédito, se tendría que devolver al Banco del Estado y, al anularse, esa operación debería obligar al gobierno a buscar otros caminos de financiamiento", explicó el timonel gremialista.
El abogado del Instituto Libertad y Desarrollo, Axel Buchheister, explicó el origen del requerimiento, señalando que se llegó a esta instancia debido a que a quienes están detrás les asiste la convicción de que "todo esto es un montaje que incurre en infracciones específicas a la Constitución, que inciden en una inconstitucionalidad de fondo, de marco, que está alegado que es que aquí se hizo toda una operación que es un subterfugio, un verdadero montaje financiero y legal para simular que se estaba dando un préstamo, cuando realmente lo que se está haciendo es darle un subsidio y los subsidios, por expreso mandato de la Constitución, se tienen que dar por aprobación de ley como todo gasto público".
En este contexto, a juicio del profesional, el gobierno "se está saltando el esquema institucional, que es que sólo por ley se pueden otorgar subsidios y se está vulnerando una disposición (…) que dice que ninguna magistratura, ninguna autoridad, puede atribuirse otras funciones y derechos que los que expresamente se les ha consagrado en la Constitución y la ley ni aún a pretexto de circunstancias extraordinarias. Ni aún invocando la crisis del Transantiago pueden hacerlo".
"Martingala"
Para el presidente de la UDI, desde un punto de vista jurídico "el Transantiago nació fuera de la ley, porque nunca el gobierno le pidió la autorización al Congreso para hacerlo operar, para estudiarlo, discutirlo ni oyó a nadie en su diseño ni en su implementación".
Según Larraín, el requerimiento al TC pretende "terminar con el abuso del Estado de Derecho" del que acusa a las autoridades y evitar que "a propósito de una situación crítica de falta de financiamiento se haga un montaje jurídico inaceptable que, a través de regulaciones administrativas fraudulentas, logre violentar lo que la Constitución dice y la función del Congreso de la República".
Carlos Larraín no se quedó atrás en el tono de las críticas al gobierno a raíz del Transantiago. En la misma línea que el timonel de la UDI señaló que la Alianza "está clarísimamente convencida de que aquí ha habido una martingala, una ficción deliberada, pensada desde arriba, para sortear los resortes de control del gasto público".
En su opinión, el recurso utilizado por el Ejecutivo para financiar al sistema de transporte "abre un camino peligrosísimo para futuras operaciones trianguladas que pueden poder en serios problemas el patrimonio de todos los chilenos, que se acumula día a día con el pago del IVA (…)", y advirtió que la derecha en ningún caso busca la "zozobra final" del Transantiago, sino controlar que los entes encargados de controlar el gasto público puedan hacerlo.