Para la consejera del Sistema de Alta Dirección no es concebible que un médico cirujano »que no sabe ni leer un balance», sea quien encabece un organismo como el Sistema de Empresas Públicas. Además, se lamenta de que el sistema de concurso de los servicios públicos no vaya a la velocidad que debiera.
La consejera del Sistema de Alta Dirección Pública María Luisa Brahm (RN) está decepcionada respecto a la velocidad con que se está aplicando el mecanismo de selección de los cargos para los distintos servicios públicos, ya que según sostiene en conversación con El Mostrador.cl "ha faltado voluntad política" del Ejecutivo para acelerar el proceso.
Pero también se lanza en picada sobre el Sistema de Empresas Públicas (SEP) y de su presidente, Patricio Rojas (DC), señalando que antes de abocarse a tramitar una Ley de Gobiernos Corporativos, el Ejecutivo debería reorganizar el SEP que es, finalmente, la institución pública que regula a las empresas.
– ¿Cómo observa que en marzo el Ejecutivo podría mandar al Congreso la Ley de Gobiernos Corporativos?
– Lo único que el Ejecutivo ha hecho a la fecha es enviar al Congreso un proyecto de ley para el gobierno corporativo de Codelco. Ahí incorpora el sistema de alta dirección para que establezca una forma de nombramiento de los directores distinta de la que existe en la ley.
Pero, como Consejo (de Alta Dirección Pública), mandamos un oficio a la comisión de Minería de la Cámara de Diputados, señalando que estamos contra este proyecto, de la forma cómo fue elaborado, porque consideramos que dos directores nombrados por el sistema no van a hacer absolutamente nada, no van a tener ninguna injerencia en un contexto de siete directores.
– ¿El proyecto de gobiernos corporativos también lo van a rechazar?
– Es que no sabemos si viene igual al de Codelco. Además, antes hay que tomar otras definiciones. Antes de mirar el gobierno de las empresas propiamente tal hay que ver qué pasa con la institución pública que las regula. Qué pasa con el Sistema de Empresas Públicas (SEP), es decir, ¿puede estar el Sistema de Empresas Públicas a cargo de una persona que no sabe lo qué es una empresa, de un médico cirujano que incluso desde su propio sector estiman que no es idóneo para el cargo, que no sabe ni leer un balance? Ese es el punto. Tenemos que partir por reorganizar eso y hecho esto deberíamos seguir con las empresas.
– ¿O sea que de llegar a enviar el proyecto en marzo, el gobierno lo está haciendo al revés?
– No sé, tengo esperanzas de que haga primero lo que le acabo de señalar, aunque también es necesario meterse en el tema del gobierno corporativo de las empresas… Hace mucho tiempo que está pendiente a tramitación un proyecto de ley, a propósito de la Agenda de Modernización del Estado de (Ricardo) Lagos en el 2003, en el que hubo bastantes acuerdos sobre la forma de designación y que está ahí parado. Es cuestión de que revivan ese proyecto.
– ¿Cómo evalúa la gestión del Consejo de Alta Dirección Pública?
– Su aplicación ha sido muy lenta. De hecho, en el segundo nivel falta más de la mitad por concursarse, en el primer nivel falta cerca del 40%, porque la ley quedó con una norma que dice que si no renuncian las personas a sus respectivos cargos este no se concursar. Por lo tanto, para que pueda generarse un calendario la autoridad tiene que pedir las renuncias y para eso ha faltado voluntad política. Han sido pocos los concursos, deberían hacerse muchos más. Deberíamos estar llegando a cumplir con la meta de concursar todo, porque el Estado está preparado para hacer eso. Y es esa la gran deuda, hacer una implementación más rápida. Y la segunda gran deuda tiene que ver con las modificaciones y perfeccionamientos al sistema.
– ¿Cuáles?
– También dentro de la Agenda de Probidad se presentó este mecanismo como el gran tema solucionador de problemas y se supone que esto tenía dos objetivos: Corregir deficiencias del sistema actual y aumentar los servicios y los cargos incorporados a la alta dirección y eso va un poco atrasado, porque no se han corregido los problemas. Desde diciembre del 2006 no ha habido ningún avance de este proyecto en el Congreso -que perfecciona el Sistema de Alta Dirección Pública y modifica el Estatuto Administrativo en materia de concursabilidad del tercer nivel- y es que realmente no hay voluntad política.
"Más servicios y cargos debieran ser concursables"
– ¿El gobierno no está haciendo lo suficiente para que este sistema avance?
– ¡Pero si el gobierno maneja el Congreso y su agenda, a través de la aplicación de urgencias, y no le ha puesto urgencia a este proyecto!
– ¿Más allá de las urgencias, cómo se puede acelerar la aplicación del sistema?
– El año pasado Bachelet hizo un calendario de aplicación del sistema -a propósito de la Agenda de Probidad- porque hubo una decisión política de parte del gobierno en tal sentido y, ahora, estamos esperando la decisión política para el 2008, de manera que más servicios y cargos se puedan nombrar a través del Sistema de Alta Dirección Pública.
– ¿Cómo se concretaría esta decisión política?
– Para eso el gobierno tiene que pedirle la renuncia a quienes están en los cargos para concursarlos, porque mientras ellos no renuncien no se puede nombrar a su reemplazante a través de este sistema.
– ¿Cuántos son aproximadamente estos cargos ?
– Son 38 cargos en servicios tales como Fonasa, la Fiscalía Nacional Económica, entre otros. Pero hay muchos servicios más que se podrían concursar. Ahora se va a concursar, por ejemplo, al jefe de la Defensoría Penal Pública, pero hay muchos servicios que están absolutamente ajenos a este proceso, como Sernatur.
– ¿Todos debieran someterse al sistema?
– No, en Chile hay 129 servicios públicos y 100 se someten a la Alta Dirección Pública, la excepción es que no lo hagan.
– ¿Cuál fue el compromiso de la Presidenta Bachelet sobre el tema?
– En su discurso del 23 de noviembre del 2006, cuando anunció esta famosa Agenda de Probidad, entre otras cosas, aplicar el sistema rápidamente, incorporar nuevos servicios, más cargos, y de eso no ha pasado nada.
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