Asimismo llamaron a "respetar los mecanismos de evaluación de proyectos energéticos y evitar respaldos políticos anteriores, como los expresados por Edmundo Pérez Yoma".
Diversas organizaciones integrantes del Consejo de Defensa de la Patagonia, enviaron una carta a la presidenta Michelle Bachelet en la que le exponen los perjuicios causados a comunidades y ecosistemas por grandes represas hidroeléctricas en Chile y el mundo.
Asimismo los ecologistas, que en un número de 500 protestaron en las afueras de La Moneda y en el paseo Ahumada, llamaron a "respetar los mecanismos de evaluación de proyectos energéticos y evitar respaldos políticos anteriores, como los expresados por Edmundo Pérez Yoma".
Los manifestantes, que portaban carteles y gritaban consignas, reclamaron contra la iniciativa del consorcio Endesa-Colbún que busca construir 5 megacentrales hidroeléctricas en ríos de la Patagonia chilena.
En la ocasión, la directora del Programa Chile Sustentable, Sara Larraín, declaró que "las grandes represas han producido daños e impactos irreversibles en todo el mundo. Entre ellos destaca el desplazamiento forzado de los habitantes de los territorios inundados por las represas hidroeléctricas u ocupados por obras anexas, con el consiguiente abandono de viviendas, pérdida de fuentes de empleo tradicionales, de tierras fértiles y bosques, así como de importantes elementos de su vida cultural y espiritual".
La misiva entregada a la Presidenta destaca la urgencia que debe dar el Gobierno a reformar la política energética y la llama a "cumplir su palabra ante el país respecto de la evaluación de proyectos energéticos, pues estos deben establecer el requisito previo de la instalación legal e institucional de la estrategia de gestión integrada de cuencas".
"Tenemos la convicción de que una democracia genuina es aquella en que las decisiones políticas se toman de manera transparente, considerando la opinión ciudadana, favoreciendo la descentralización de la toma de decisiones y apoyando el empoderamiento de las comunidades locales respecto al cuidado de sus recursos y patrimonio", señaló Juan pablo Orrego, director de Ecosistema.
Por su parte, Rodrigo Herrera, director ejecutivo de Greenpeace Chile, indicó que "las opciones de energía renovables existen en el país son muchas y la implementación de un mega-proyecto como Hidroaysén -aún no formalizado- tendría dramáticas consecuencias para el mercado energético, pues agudizaría el monopolio en el sector y bloquearía la diversificación de actores y de fuentes que el país necesita. Por lo tanto, se puede decir con toda propiedad que el área de influencia de tales mega-proyectos es todo el país y que todos los chilenos del presente y futuro son afectados por ellos".
Por su parte, el representante del Comité Pro Defensa de la Fauna y Flora, Eduardo Gissen, afirmó que "el todo sustentado en una mirada estratégica de largo plazo, en un proyecto de país que ponga muy alto la protección y conservación de nuestros recursos naturales y de la naturaleza en general, exclusivo origen y fuente de elementos tan vitales como el aire, el agua, los alimentos y la calidad de vida".
Las organizaciones no gubernamentales (ONG) exigen "una postura de imparcialidad de parte de los funcionarios de Gobierno en relación con los proyectos de construcción de represas, ya que las señales políticas dadas por secretarios de Estado y otros funcionarios públicos a proyectos que aún no han sido evaluados en este tema, son hechos graves, antidemocráticos, inaceptables y generan la percepción ciudadana de un gobierno cooptado desde adentro por las grandes empresas. En este contexto el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, ya por diseño politizado en el mal sentido de la palabra, da aún menos garantías de ecuanimidad y objetividad a la ciudadanía".
En la misma línea, las ONG consideran "urgente" reformar el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) "de manera que los plazos de evaluación de los proyectos se ajusten a su envergadura y se obligue un estudio de alternativas a proyectos propuestos para que la autoridad y la ciudadanía dispongan de la información necesaria para aprobar o rechazar y así poder optar por la mejor alternativa en términos socio-ambientales".
Finalmente, los participantes declararon en la carta que "procesos poco democráticos y poco transparentes para la toma de decisiones en torno a estos mega emprendimientos, impulsados por grandes empresas con un poder de influencia desmedido en los ámbitos de la política, la academia, los medios de comunicación, la justicia y otros, pueden sentar precedentes negativos y afectar la convivencia y gobernabilidad del país. La orientación del desarrollo energético en Chile, excepcionalmente rico en fuentes renovables de energía, depende netamente de decisiones políticas".
