El ministro Raúl Bertelsen hizo un informe en derecho en contra del anticonceptivo de emergencia antes de ver el recurso interpuesto por la UDI. Debió inhabilitarse, pero no quiso. El gobierno, dentro de sus análisis, tiene claro que el DC Mario Fernández se sumará a la mayoría conservadora que inflingirá una derrota a las políticas promovidas por la Presidenta.
Uno de los principales valores para ejercer la labor de la justicia, dicen los magistrados, es que cuando se ha emitido opinión antes de resolver una materia, debe operar el principio de inhabilidad.
Y en el caso que se ventila en el Tribunal Constitucional este principio no fue aplicado por uno de sus miembros a la hora de comenzar a analizar, el año pasado, el recurso presentado por la derecha en contra de la píldora del día después.
Se trata del ministro Raúl Bertelsen, ex rector de la Universidad de Los Andes -vinculada al Opus Dei-, quien junto a otro abogado del TC -Enrique Navarro-suscribieron informe en derecho que se incluyó al proceso del Duodécimo Juzgado Civil del año 2002, donde se tramitó una nulidad de derecho público contra la resolución del Instituto de Salud Pública (ISP) que pretendía prohibir definitivamente la comercialización del medicamento denominado Postinor-2, del Laboratorio Grünenthal.
Cuando se pidió la inhabilidad de Navarro, éste hizo lo propio, mientras que Bertelsen se mantuvo en la postura, pese a que había opinado previamente. Fuentes del TC indican que, si bien se apegó a la formalidad legal, el análisis que hizo para rechazar la solicitud instala una sombra de duda respecto a la objetividad que aplicará en el fallo.
Si bien hasta ahora el TC no ha emitido su opinión final, según los antecedentes que maneja el gobierno existe una alta probabilidad de que fallen en contra del decreto presidencial que autorizó el anticonceptivo de emergencia.
Junto con Bertelsen, una de las astillas con que La Moneda no contaba era con que el DC Mariano Fernández, según los sondeos de pasillo, también emitiría su criterio contrario a los intereses oficialistas, reafirmando que en los llamados temas valóricos la Concertación está cruzada por visiones irreconciliables.
Alea iacta est
El actual escenario, en todo caso, tiene todavía el sabor de la sorpresa. Y es que con la inhabilitación de Navarro la correlación de fuerzas al interior del TC quedó cuatro contra cuatro, y un voto en el aire que puede decidir todo.
Los análisis se juegan con que los votos contrarios a la píldora serán de Fernández, Bertelsen lógicamente, Marisol Peña, y José Luis Cea Egaña.
El lado contrario, es decir, los que rechazarían la presentación de la derecha, se alinearían Juan Colombo, los PS Francisco Fernández y Hernán Vodanovic, y el DC Jorge Correa Sutil.
Entonces será el ministro Marcelo Venegas Palacios, el que dirimirá esta pugna constitucional, tal como lo adelantó hace una semana este medio. Este último trabajó en distintos puestos en el régimen militar, entre ellos el organismo censor de Pinochet, la Dinacos. También laboró con Sergio Romero cuando éste fue presidente del Senado en 1997.
El conflicto público por la píldora se inició en 2001 con la presentación de un recurso de protección de parte de agrupaciones autodenominadas pro-vida, ante la Corte de Apelaciones de Santiago, el cual fue zanjado negativamente para la distribución del fármaco -llamada Postinor- por la Tercera Sala (Constitucional) del máximo tribunal.
Una de las anécdotas más sabrosas de aquel episodio ocurrió precisamente cuando se conoció el fallo. En esa oportunidad, el entonces fiscal del Instituto de Salud Pública (ISP) que también era parte en este caso, Guillermo Arenas -ahora director renunciado del Registro Civil- dio a conocer que a contar de ese mismo día se autorizaba la venta de un medicamento igual al Postinor, pero llamado Postinor-2.
La estrategia de interpretación jurídica de la autoridad era que cuando la justicia resuelve sobre la conculcación de un derecho, ese dictamen no se hace extensivo a otros hechos.
Con el paso del tiempo hubo otras iniciativas ante el Poder Judicial que buscaban prohibir la píldora, pero las organizaciones "pro-vida" las perdieron una tras otra.
En 2007, 36 diputados de la derecha recurrieron al TC invocando que la venta de la píldora conculcaba el derecho a la vida consagrado en la Constitución. La presentación fue acogida a tramitación y ya se efectuaron los alegatos. Ahora sólo faltan las firmas a un documento que podría cambiar el eje de mayor apertura y liberalismo que ha experimentado la sociedad chilena en los últimos años.
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