Tras un encuentro junto a sus colegas con la presidenta de Chile, Michelle Bachelet, el general Rosales abogó porque la justicia chilena permita el retorno a Uruguay de tres militares uruguayos procesados en Chile por su vinculación con el homicidio del ex agente de la dictadura de Pinochet, Eugenio Berríos.
El Gobierno uruguayo advertirá al jefe del Ejército, general Jorge Rosales, sobre la «mala oportunidad» elegida para hacer declaraciones sobre tres militares extraditados a Chile por el denominado «caso Berríos», informaron hoy fuentes oficiales.
«No fue buena la oportunidad elegida por el general Rosales y lo vamos a citar para conversar sobre lo ocurrido», afirmó el ministro uruguayo de Defensa Nacional, José Bayardi.
«No habrá sanciones, pero le haremos ver que tenemos discrepancias sobre la oportunidad de las declaraciones, que fue mala», agregó el ministro en declaraciones a medios de prensa locales tras concurrir a una reunión en el Parlamento uruguayo.
El comandante en jefe del Ejército regresará este viernes a Montevideo desde Santiago, donde participa en la X Reunión de Comandantes de Ejército del Mercosur y los países asociados.
Tras un encuentro junto a sus colegas con la presidenta de Chile, Michelle Bachelet, el general Rosales abogó porque la justicia chilena permita el retorno a Uruguay de tres militares uruguayos procesados en Chile por su vinculación con el homicidio del ex agente de la dictadura de Pinochet, Eugenio Berríos.
Las declaraciones fueron hechas en el Palacio de La Moneda, sede del Gobierno chileno, y causaron malestar a autoridades oficiales y al juez del caso, Alejandro Madrid.
«Como comandante me preocupa muchísimo, ya que tengo dos oficiales en actividad que están en esta situación completamente excepcional», dijo a los periodistas el general Rosales.
El coronel retirado del Ejército uruguayo Tomás Casella y los coroneles en servicio activo, Eduardo Radaelli y Wellington Sarli fueron extraditados a Chile en abril de 2006.
En Santiago, el juez a cargo del proceso, Alejandro Madrid, los procesó como presuntos autores de asociación ilícita para secuestrar en 1991 a Berríos, que fue químico de la policía secreta de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990).
En septiembre de 2006, la justicia chilena les concedió la libertad provisional, pero quedaron sujetos a una orden de arraigo que les impide abandonar el territorio chileno.
Desde entonces, los tres han solicitado en dos ocasiones, la última el pasado diciembre, permiso para viajar a su país, con el compromiso de seguir a disposición de la justicia chilena, pero con resultados negativos.
«Espero que la justicia se pronuncie cuanto antes para que estos oficiales puedan retornar a la vida activa si es que eso es posible», dijo el jefe del Ejército, que visitó a los tres militares antes de comenzar sus actividades oficiales en Chile.
Eugenio Berríos, a quien se atribuye la fabricación de gas sarín y otras sustancias químicas que la dictadura de Pinochet utilizó para asesinar opositores, fue sacado de Chile en 1991 para evitar que declarara en el proceso por el asesinato del ex canciller Orlando Letelier.
El agente fue visto por última vez en noviembre de 1992, cuando se presentó en una comisaría de Uruguay para denunciar que estaba secuestrado, pero fue entregado a unos militares y no se supo más de su paradero hasta abril de 1995, cuando se encontró su cadáver, atado y con disparos en el cráneo, en una playa próxima a Montevideo.
Como presuntos autores materiales del secuestro y homicidio están procesados los ex mayores del Ejército chileno Arturo Silva Valdés y Jaime Torres Gacitúa.
También fueron enjuiciados, por obstrucción a la Justicia y asociación ilícita, los generales retirados Hernán Ramírez Rurange y Eugenio Covarrubias, ambos ex jefes de la Dirección de Inteligencia del Ejército chileno.
EFE
