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Un oscuro escenario enfrenta esta semana la LGE

Una dura semana tendrá la Ley General de Educación, debido a que el miércoles se vota el proyecto en la Cámara de Diputados, mientras que los profesores anuncian paralizaciones y los estudiantes movilizaciones. Los municipios, en tanto, amenazan con sumarios, descuentos y la quiebra de establecimiento educacionales. El Colegio de Profesores no da tregua y anuncia que el paro va de todas formas este lunes, mientras que la Federación de Instituciones de Educación Particular (FIDE) llama a los sect


De las "mechas" están los profesores con la clase política, luego que se rechazara la petición hecha por el gremio de retirar del Congreso la LGE. Sin embargo, la oposición y el gobierno llegaron a un acuerdo para volver a redactar el punto en controversia que tiene que ver con la educación pública.



De esta forma, los docentes irán a movilizaciones para presionar al Ejecutivo. Sin embargo, el presidente de la Comisión de Enseñanza de la Asociación de Municipalidades, Pablo Zalaquett, dijo que las alcaldías aplicarán las penas del infierno a aquellos docentes que se plieguen al paro de actividades convocado para este lunes.



Las amenazas no se hacen esperar para los profesores, ya que se anunció que habrá descuentos, sumarios administrativos e incluso despidos de maestros que se sumen al movimiento.



El alcalde de La Florida hizo la advertencia al magisterio luego de las millonarias pérdidas dejadas en este sector por las paralizaciones de estudiantes la semana pasada.



«La suma de los profesores a este tipo de presiones podría significar la quiebra, en dos o tres semanas, para muchos municipios de Chile», precisó Zalaquett.



Profesores se mantienen firmes al paro



En tanto, el Colegio de Profesores, encabezado por Jaime Gajardo, confirmó la paralización de actividades para este lunes en todo el país, como una forma de presionar al Ejecutivo y los parlamentarios para que el proyecto sea retirado del Congreso.



Gajardo dijo que «se inicia el paro nacional de profesores y no se sabe cuando termina».



«Hay consenso, porque hemos hecho consultas a los dirigentes regionales, que el paro tiene como objetivo el retiro de la LGE del Parlamento, de tal forma de superar las limitaciones que le impone la urgencia que se ha dado al proyecto, el cual ha sido discutido sólo en las esferas políticas producto del carácter excluyente del Poder Legislativo», explicó el dirigente.



Precisó que «el proyecto LGE hay que retirarlo pero para que lo conozcan la ciudadanía, los sindicatos, los centros de estudios, y se haga un debate masivo».



Gajardo, además, calificó como capataz de fundo a Zalaquett, "ya que quiere dirigir los municipios igual que como se dirige un fundo". Asimismo, consideró como "una falta de respeto" los dichos de la ministra Mónica Jiménez, quien aseguró que los docentes están siendo dirigidos por grupos políticos.

"No puede darse el lujo de descalificar a los docentes. Tratarlos de que están siendo utilizados por grupos extraparlamentarios. Cuál es el respecto que hay. Lo primero que tiene que hacer una autoridad política en el país es respetar a los docentes", afirmó.



El directorio del magisterio acordó una serie de manifestaciones, que van desde la recolección de un millón de firmas contra la LGE y la entrega de cartas a las autoridades en cada región, provincia y comuna.



Vidal advierte que si se rechaza la LGE queda vigente la LOCE



Para el vocero de gobierno, Francisco Vidal, es fundamental la aprobación de la nueva ley de enseñanza, ya que de lo contrario los estudiantes y profesores quedarán con la antigua ley, establecida por el gobierno de Augusto Pinochet.



"Sí queremos tener los votos para lograr una redacción acordada entre la Concertación, pero los estudiantes y parte de los profesores están pidiendo que retiremos la ley del Parlamento. Si esta ley no la sacamos adelante lo que queda vigente es la ley de Pinochet", argumentó.



Explicó que la tarea para aprobar la nueva ley es necesario realizar reuniones como la hecha por el ministro del Interior, Edmundo Pérez Yoma, y el de Hacienda Andrés Velasco, junto al presidenciable RN, Sebastián Piñera.



Por más de dos horas estuvieron reunidos el viernes el ministro Pérez Yoma, Velasco junto al empresario en la propia casa de Piñera, en la comuna de Las Condes. El objetivo de este encuentro era sellar un pacto en proyectos de educación y combustibles.



Piñera: "La idea es salvar el acuerdo pero defender algunos principios básicos.



Para el abanderado presidencial de RN, el principal problema de la sociedad chilena es la mala calidad de la educación que tiene el país, lo cual afecta principalmente a la gente más pobre y a las de regiones.



"Este acuerdo es un paso adelante no es el último paso, pero es un paso adelante", dijo el empresario.



"Lo que queremos es salvar el acuerdo, pero al mismo tiempo defender algunos principios básicos. Primero, que el Estado tiene que garantizar una educación de calidad, gratuita y pluralista a todos los jóvenes chilenos que la necesitan. Segundo, que para lograr esto se necesita un sistema mixto, es decir, que exista la educación estatal con la privada subvencionada, pero que sean los padres y apoderados los que tengan la libertad de decidir qué tipo de educación quieren para sus hijos".



Respecto al acuerdo logrado en el encuentro con los ministros, Piñera mencionó que efectivamente hay un pacto para modificar la redacción de la indicación original que produjo la controversia, situación que se ha conversado con la ministra de Educación; con el ministro Viera Gallo y Pérez Yoma. "No se va a votar como está, porque esa indicación será redactada para que garantice estos valores que planteo", explicó.

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