Hasta ahora las tratativas están en punto muerto, pero el forcejeo entre el banco multinacional y los empleados de la filial para clientes de bajos ingresos, se ha teñido de un inusual clima de violencia, reconocido incluso por la Dirección del Trabajo. El problema deja al descubierto la precariedad en que labora una porción importante de su fuerza laboral, pese a que las utilidades de la entidad en 2007 superaron los 300 mil millones de pesos.
"Somos el Banco con más clientes en el país, poseemos la mayor red de distribución y los mejores índices de eficiencia del sistema. Contamos con una institución financiera sólida, un equipo humano consolidado y la mejor combinación de indicadores de la banca". Con estas palabras, el presidente del Banco Santander, Mauricio Larraín, activo contribuyente del Opus Dei, se despide de sus accionistas en la carta que aparece en la memoria institucional 2007.
El banco fue elegido entre las doce mejores empresas para trabajar por el Great Place to Work Institute, y premiado como el mejor de Chile por cuatro revistas especializadas (Euromoney, The Banker, Global Finance y Latin Finance), y más de cuatro mil empleados trabajan como voluntarios para la Fundación Belén Educa, Un Techo para Chile y el Hogar de Cristo. En el papel, una empresa brillante.
Pero en los últimos días, el banco ha demostrado que detrás de su cara limpia, se esconde otra menos amigable. El jueves, un grupo de trabajadores de la filial Santander-Banefe se apostaron en las escalinatas de la oficina central en Bandera 140. Los empleados de la subsidiaria, dedicada a los clientes de ingresos más bajos, habían decretado la huelga.
Las manifestaciones terminaron con 80 trabajadores detenidos, entre ellos la funcionaria Katherine Herrera "a quién carabineros dejó con lesiones luego de tomarla bruscamente de la vagina", asegura el abogado Joaquín Silva, asesor de los trabajadores en el proceso de negociación.
Nueve contra uno
Para evitar que el segundo día de paralización estuviera marcado por un incidente similar, poco después de que empezara la atención de público y en momentos que otra cuadrilla de trabajadores se instalaba en las afueras del edificio, el dirigente Marcelo Rojas se acercó a conversar con los guardias de seguridad, para asegurarles que la manifestación sería pacífica. "No estaban dejando entrar público y sólo abrían para que la gente que estaba dentro saliera. Entonces yo me acerqué para decirles que no íbamos a causar ningún problema para el ingreso de la gente", cuenta Rojas.
En ese momento, según la versión de Rojas y su abogado Joaquín Silva, uno de los vigilantes lo agarra y el sindicalista queda dentro de la oficina, rodeado de nueve guardias. Rosa Alarcón, otra de las dirigentas, intenta sujetarlo pero su brazo queda atrapado en la puerta.
"Una vez dentro, me agarraron del pelo me tiraron al suelo, hicieron pedazos mis lentes. Me tiraron patadas y combos, me rompieron la nariz", cuenta Rojas. En ese momento una pareja de carabineros que custodiaba la manifestación entró a la sucursal y se llevó al sindicalista hasta el hospital San Juan de Dios. "Pude ver a Marcelo sangrando, y en la constatación de lesiones se acreditó una rotura nasal y hematomas en distintas partes del cuerpo. Lo grave es que Carabineros identificó a los guardias en flagrancia y no los detuvo", asegura el abogado Joaquín Silva.
En el departamento de comunicaciones del Banco Santander, una fuente que prefirió no identificarse desmintió que este incidente haya ocurrido en las dependencias de la institución, pero si admitió los hechos ocurridos el jueves: "Entraron un grupo de empleados de Multinegocios y activaron las palancas de incendio, lo que gatilló inmediatamente la evacuación del edificio y nosotros llamamos a Carabineros para que los desalojara. No estamos en contra de las manifestaciones pero tampoco podemos poner en riesgo la seguridad del personal ni de los clientes", aseguró la encargada.
En punto muerto
Multinegocios es la filial que emplea a los vendedores de Banefe. Según los dirigentes sindicales el sueldo base de estas personas es de $53 mil pesos "y si logran las meta de vender 7 millones de pesos, la comisión les ayuda a completar un sueldo que con suerte alcanza los doscientos mil pesos. A pesar de la precariedad, lo que no podemos aceptar es que exista este nivel de violencia", explica Marcelo Rojas.
A diferencia de los empleados que trabajan para otras filiales del holding, los trabajadores de Banefe no reciben bonos de colación y movilización, dos condiciones incluidas en la negociación actual entre los sindicalistas y el gerente de Multinegocios, Waldo Mura.
Al cierre de esta edición, las negociaciones se encontraban en punto muerto. En las últimas dos semanas las partes se han reunido cuatro veces, dos de ellas acompañados de representantes de la Dirección del Trabajo. Pero todavía no hay acuerdo. "La empresa está dispuesta a firmar un convenio colectivo, no un contrato, lo que significa entre otras cosas que los dirigentes quedan sin fuero y te aseguro que de ser así los despiden inmediatamente. Además, históricamente el banco está acostumbrado a negociar con sindicatos proclives a él y esta es la primera vez que no lo son", dice Joaquín Silva.
En la Dirección del Trabajo reconocen que no hay una fiscalización reciente al Banco Santander pero confían en que la empresa respetará la ley publicada el pasado jueves donde se obliga a que las compañías nivelen sus sueldos base con el salario mínimo de $159 mil, para lo que existe un plazo de 6 meses.
"Estamos muy preocupados por el nivel de violencia y alejamiento de las partes en el marco de un proceso de negociación colectiva vivido por un sindicato de la empresa en el Santander-Banefe. Hemos tomado acciones tendientes a buscar acercamientos que les permitan culminar este proceso que jamás debió haber terminado con los ribetes de agresión que hemos visto", dice la directora Patricia Silva.
Por mientras, Marcelo Rojas, se recupera en su hogar de las lesiones y sus compañeros continuaban la huelga con una olla común frente a la oficina central del banco. Paralelamente, los abogados encabezados por Joaquín Silva y Boris Paredes, están recopilando los antecedentes, incluyendo las imágenes de las cámaras de seguridad dispuestas en el banco, para remitirlas al Ministerio Público y querellarse contra los responsables.
