El CAE con un poco de historia

En las puertas del siglo XXI en la vida estudiantil universitaria chilena, el concepto de gratuidad para la educación superior era aislado, lejano y asociado a los grupos ideológicos más anticapitalistas o autonomistas de la política estudiantil. La Confederación de Estudiantes de Chile o “El Confech” como le denominábamos los dirigentes de la época -quizás con sesgos machistas- se componía, en lo político, fundamentalmente de “la concerta”, el PC y la “Surda” con manifestaciones intermitentes de uno que otro “independiente” o gremialista (valientes por lo demás).

A comienzos del 2000, el principal instrumento de financiamiento estudiantil lo constituía el Fondo Solidario de Crédito Universitario vigente desde 1994. Este fue heredero del otrora Crédito Fiscal que instaló la dictadura cuando desmembró a la Universidad de Chile y a la Universidad Técnica del Estado a principios de 1980, creando 14 universidades estatales a las que se sumaron, en 1993, las dos primeras universidades creadas en democracia (UTEM y U. de Los Lagos).

Así las cosas, el crédito o fondo solidario vigente, estaba dirigido a los estudiantes de las 25 universidades que componían el Consejo de Rectores de Universidades Chilenas (16 estatales y las 9 universidades privadas que existían hasta antes de la reforma de la dictadura). Es decir, un solo sector de la educación superior chilena, el que era seleccionado en función del rendimiento en la Prueba de Aptitud Académica (PAA), abuela de la actual PAES.

Sin ningún tipo de financiamiento para costear los aranceles y matrículas, quedaban los estudiantes de los centros de formación técnica, institutos profesionales y las universidades privadas creadas a partir de la señalada reforma de la dictadura. Dichos estudiantes, no tenían la obligatoriedad de rendir la PAA y su “match” con cada institución estaba consagrado, entre otras variables, a la capacidad de pago que tenía cada familia.

Lo anterior, refleja que las principales ayudas estudiantiles de la época tenían como criterio estructural de cobertura la historia.

Juzgue usted:

Veamos la conformación de estudiantes de educación superior en los periodos previos y una vez entrado en vigor el Crédito con Aval del Estado (CAE), en el año 2006:

Se observa que alrededor de 150.000 estudiantes de institutos profesionales y centros de formación técnica, y sobre 200.000 estudiantes de universidades privadas, al año 2005 no tenían posibilidad alguna de obtener un crédito, siquiera parecido al de los estudiantes del Consejo de Rectores o las universidades tradicionales como se les denomina.

Volviendo a La Confech. En la época se adscribían tres tesis principales para superar el problema del financiamiento estudiantil:

• Concertación universitaria: Arancel Mixto-Diferenciado; básicamente un esquema de becas con crédito.
• Juventudes Comunistas: Arancel diferenciado; “cada uno paga lo que puede”.
• SurDa y otros grupos autonomistas: arancel diferenciado y educación gratis.
• Movimiento gremial: Mas créditos.

Hay que señalar que la discusión de estas tesis se centraba únicamente en los estudiantes del Consejo de Rectores. Nadie señalaba, al menos públicamente, posibilidad alguna de incluir a los “compañeros” de otras instituciones.

Así marchábamos en los años 2000 y siguientes por más ayudas estudiantiles para terminar nuestras carreras. Lo que era una realidad, la plata era poca y veíamos cómo nuestros compañeros de curso, mes a mes se tenían que ir de las carreras por decisión familiar, dado que no habían sido favorecidos con el crédito solidario. Marchas, tomas, carabineros y lacrimógenas al por mayor.

En paralelo, una incipiente organización de estudiantes de planteles “privados” se reunía con el Ministerio de Educación para intentar, primero validarse y acceder a ayudas estudiantiles para los miles de estudiantes ya señalados que, salvo unas becas puntuales, no tenían ningún instrumento masivo de ayuda para hacer frente a los altos aranceles universitarios.

La Confech principalmente liderada por la izquierda, jamás dio sus votos para aprobar el ingreso de los estudiantes privados a la organización, lo que era promovido tibiamente por la concertación universitaria.

En este entonces existía el crédito CORFO, por supuesto que con todas las prevenciones que usa la banca para evaluar a quién se lo otorga; padres, hermanos mayores, hermanos, tías y/o abuelas, firmando en la banca para financiar los estudios de la familia, tasa del 10% anual, con aval y sin periodo de gracia. No quedaba otra para concretar el sueño de ser, tal vez, la primera generación de la familia en ser profesional o técnico.

Así las cosas, ante la expansión no prevista, de estudiantes en la educación superior privada, la invisibilidad total de estos como actores sociales y aún con la marcada agenda de los estudiantes tradicionales con sus propios problemas, el Gobierno del Presidente Lagos junto a su ministro don Sergio Bitar, impulsan un sistema masivo de financiamiento estudiantil asociado con la banca y de la mano con la acreditación de calidad. Nace el Crédito con Aval del Estado, CAE.

• 6% de tasa de interés, el crédito solidario era 2%, el crédito CORFO era 10%.
• El Estado se constituye como aval, dejan de ir padres y abuelos al banco.

Se paga un porcentaje máximo en función de los ingresos. Toda una reforma en la época, se rompe el paradigma de las universidades tradicionales -juzgue usted si hoy existe esa diferencia- se consolida la cobertura de estudiantes en este nivel de educación que distingue al país en América Latina y la OCDE.

Sí, llegamos al 2011 con un modelo dual, en condiciones diferentes y que permitió a ese movimiento estudiantil tener una bandera de lucha diferente a la falta de crédito y/o acceso a la educación superior que monopolizó al movimiento desde los años 90.

El entonces dirigente Boric, con mucha razón abraza los conceptos de calidad, gratuidad y lo público. Estableciendo como superado el problema de acceso. ¿Magia?

El gobierno iguala las condiciones de ambos créditos, nivela hacia arriba, borrando todas las diferencias en base al tipo de institución, solo enfocándose en el sello de acreditación de calidad. Generaciones de estudiantes han pasado por las aulas universitarias junto a este crédito y la posterior gestión de pago.

Transcurrido el tiempo la garantía de acceso se transforma en deuda, como cualquier otra. Grandes (las primeras) y moderadas (las últimas) sumas; había un problema a resolver, pero nadie pensaba en no pagar. Hasta que llegó la campaña presidencial de 2021, aún con la fiebre del estallido social, en la que el entonces candidato Boric anuncia en su programa de gobierno, la condonación universal de la deuda CAE con una extensa crítica al modelo de financiamiento.

Años antes había nacido -con complicaciones de parto- la gratuidad, con la entonces Presidenta Bachelet. Se instala en la agenda pública otra óptica política respecto de la concepción de la educación superior, impulsada por los ex universitarios del 2011 convertidos en funcionarios públicos en ese entonces, para quienes la política nació con ellos.

Sin embargo, la erosión que realizó al sistema CAE el entonces candidato y luego Presidente Boric, dejó en el suelo el principio jurídico “pacta sunt servanda”, con la consecuencia de tener afligido a gran parte de profesionales, egresados y desertores, quienes en su minuto decidieron escuchar el canto de sirena llamado condonación, que no llegó.

Es legítima la discusión acerca de si la educación superior la debe pagar el Estado o la familia, enhorabuena podemos dar ese debate como país. Pero no es posible desconocer que el CAE se instaló como un instrumento de “justicia aristotélica”, en un periodo donde había estudiantes clase B y Clase A, y que estos últimos solo se miraban el ombligo.

Felizmente hoy la Confech funciona unificada, sin esa distinción propia del mundo antiguo, que precisamente el mundo “progresista” critica en profundidad, pero que sin problema lo defendieron con dientes y uñas.