En el caso de Música Sepúlveda, la voz institucional del país, Iglesia Católica incluida, se alzó para condenar el acto de intolerancia de la estudiante. La sociedad civil en cambio quería más explicaciones. De a poco han ido apareciendo indicios de poca coherencia y sinceridad por parte de la ministra. Tanto en el pasado (ver página web G80) como en este caso, al adoptar una política abiertamente represora frente a la estudiante.
Por Santiago Escobar Sepúlveda
"Si uno cada vez que se cruza con el vecino le atiza un mamporro las consecuencias serán antes o después muy desagradables. Se puede vivir de muchos modos pero hay modos que no dejan vivir." Es la primera lección de la Etica Para Amador de Fernando Savater. Un libro que la Ministra de Educación parece nunca haber leído, como la mayoría de los chilenos. Carabineros de Chile simplemente no lee libros.
El constante ejercicio del mamporro, simbólico o práctico, que las instituciones públicas aplican en el país, pone indiscriminadamente todo lo social en una vitrina de violencia, convirtiéndolo en un país lisiado de autoritarismo. Lo importante no son los hechos ni la realidad, que siempre se pueden tergiversar o enmascarar, sino los relatos, que los protagonistas con poder son capaces de exponer ante la sociedad, siempre de la mano de sus asesores de imagen.
Las dos últimas semanas han sido prolíficas en hechos que comprueban tal aserto. El incidente del jarrón de agua y la histeria de autoridad en torno a la autora; el paso de la investigación por la agresión del periodista Víctor Salas desde Carabineros a Investigaciones; y la doctrina Izurieta acerca de un procesado por delitos de derechos humanos.
En el caso de Música Sepúlveda, la voz institucional del país, Iglesia Católica incluida, se alzó para condenar el acto de intolerancia de la estudiante. La sociedad civil en cambio quería más explicaciones sobre las razones del hecho. De a poco han ido apareciendo indicios de poca coherencia y sinceridad por parte de la ministra. Tanto en el pasado (ver página web G80) como en este caso, al adoptar una política abiertamente represora frente a la estudiante.
El broche de oro no lo puso la Ministra de Educación sino Carabineros de Chile. El 16 de julio presentó en contra de Música una denuncia por violencia y agresión en el Tercer Juzgado de Familia de Santiago. Las fotos de la niña con la evidencia del mal trato de Carabineros durante el desalojo del Liceo Darío Salas hace pocas semanas, publicadas ayer por El Mostrador, llevan a preguntarse quién es el verdadero agresor. O bien qué significado tienen las palabras agresión o violencia en la óptica de las autoridades.
Porque al contrasentido anterior se agrega el caso del periodista gráfico de la Agencia EFE, agredido por Carabineros en Valparaíso mientras cubría los hechos del 21 de Mayo. En una investigación interna cuyos resultados son francamente escandalosos, Carabineros concluyó que no era posible identificar al agresor que le reventó un ojo al periodista, frente a cientos de personas "porque no existían fotos del hecho". Ante la presión de los abogados y de la prensa gráfica, la Fiscalía Militar ordenó a la policía de Investigaciones continuar con la indagación, en una decisión que puede interpretarse claramente como un intento de evitar que se encubra o manipulen los hechos por parte de Carabineros.
La brutalidad policial, repetida con frecuencia, engarza con una costumbre de violencia propia de una cultura autoritaria que quisiéramos borrada de nuestra sociedad. Peor aún si ella termina en investigaciones que no conducen a nada, o procesos que duran decenas de años o simples explicaciones gubernamentales sobre el respeto de los derechos de los otros, que los agentes del Estado no practican. Más aún si se percibe un retroceso o una resignación a que tal violencia ocurra, y se la justifica con argumentos cívicos.
En cierta medida ello ocurre con la decisión del Comandante del Ejército general Oscar Izurieta, de mantener en funciones en la institución, sin especificar cuales, al coronel Marcos Bustos, procesado por el juez Mario Carroza por el secuestro permanente de cinco miembros del Frente Patriótico Manuel Rodríguez. Si un alcalde o un funcionario público es procesado por un delito que merezca pena aflictiva, presuntamente cometido en el desempeño de sus funciones, queda suspendido de ellas. Los militares son funcionarios públicos, y si los procesan es porque existen fundadas razones para pensar que delinquieron. La correcta doctrina para aquellos que están en ejercicio es que deben ser suspendidos. Ello no implica prejuzgar nada. Simplemente es un hecho objetivo que obliga a todos los funcionarios públicos.
La Ética Para Amador sostiene que "la mentira es algo en general malo, porque destruye la confianza en la palabra y todos necesitamos hablar para vivir en sociedad". Al parecer, a muchos les resulta beneficioso mentir para obtener alguna ventaja.
Pero tal ética no puede dominar al Estado. Porque si bien no somos libres para elegir lo que nos pasa, sí somos libres para "responder a lo que nos pasa de tal o cual modo", sobre todo si ello entraña violencia, mentira o abuso. Vivir, dice Savater, "no es una ciencia exacta, como las matemáticas, sino un arte, como la música". Que puede destruirse con la sordera o ceguera voluntarias del Estado.
