La diligencia busca establecer un posible pago de coimas desde Estados Unidos o bien de bancos con representación en paraísos fiscales a distintos actores de esta investigación, con el fin de establecer no sólo la existencia de esos dineros, sino también, desde dónde y hacia qué cuentas pudieron haber sido transferidos. La perseguidora usó de esta manera un convenio que el Ministerio Público tiene con la entidad de Estados Unidos.
La fiscal Centro Norte Alejandra Godoy, que lleva la investigación por las anomalías descubiertas en una licitación de US$ 80 millones que pretendía modificar la plataforma informática del Registro Civil, movió una nueva pieza en este complejo ajedrez que tiene como centro al ex director del organismo Guillermo Arenas y a la multinacional india Tata.
En esta oportunidad, la perseguidora le solicitó al Federal Bureau of Investigation (FBI) que realice una radiografía penal y financiera en Estados Unidos -y otros lugares del mundo o paraísos fiscales donde podría hallar información- a 23 personas que mantiene como imputadas en la causa.
La información la obtuvo El Mostrador.cl en una audiencia de cautela de garantías que se realizó, en el marco de este mismo caso, el pasado 31 de diciembre en el Séptimo Juzgado de Garantía, en favor del único formalizado en esta indagatoria, Andrés Contardo, a quien se le formularon cargos por revelación de secreto, ya que trabajaba al mismo tiempo en el servicio de identidades y para Tata, empresa que ganó la licitación ya mencionada.
La diligencia busca establecer un posible pago de coimas, desde el propio Arenas, Contardo, como a sus círculos cercano, como a ejecutivos chilenos de Tata, Domingo Frez, Andrés Tupper y Pablo Cisternas, quien a su vez están querellados por el Consejo de Defensa del Estado por la presunta comisión del delito de soborno, entre otras personas.
La lógica, se explicó, es que si alguien recibe pagos de dinero con características ilícitas, sería raro que lo guardara en su cuenta corriente personal
Y es que el Ministerio Público tiene un convenio de ayuda mutua con el FBI, que en todo caso ya fue usado en otro caso de la misma Fiscalía Centro Norte: la investigación en contra del ex alcalde de Recoleta Gonzalo Cornejo. En la oportunidad se envió a Estados Unidos un documento para determinar la fecha en que fue firmado, que aun no es remitido a los perseguidores con las conclusiones.
Cabe recordar que el escándalo del Registro Civil comenzó con una denuncia hecha por la empresa Quintec que participaba también en la licitación, aduciendo irregularidades en el proceso de otorgamiento del contrato con el servicio público. Conocidos estos datos, y sumados a una publicación del sitio Ciperchile, el comité político de La Moneda ordenó descabezar la plana mayor del organismo encargado de velar por las identidades de los chilenos.
En la audiencia de este miércoles, los abogados de Contardo, Julián López y Manuel Garrido, no lograron convencer a la magistrada Carolina Gajardo, que el Ministerio Público había violado constantemente las garantías procesales de su cliente.
En la oportunidad no alegó la investigadora titular del caso Alejandra Godoy, sino Ximena Chong. Según se indicó, la primera no pudo asistir porque estaba «saliente» de un turno de noche.
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