El océano que Chile puso en pausa (I): la disputa política por los parques marinos de Juan Fernández

*Esta historia fue producida con el apoyo de Earth Journalism Network de Internews

Chile estuvo a punto de convertirse en el tercer país del mundo con mayor superficie oceánica bajo protección estricta. La creación de nuevos parques marinos en Juan Fernández y Nazca-Desventuradas había incorporado cerca de 360 mil kilómetros cuadrados de protección adicional a los ya existentes, elevando a más de 950 mil kilómetros cuadrados la superficie protegida en torno a estos archipiélagos. 

Pero una decisión política dejó ese proceso en pausa.

Siete meses después de que el decreto fuera firmado por el Gobierno de Gabriel Boric y retirado por el de José Antonio Kast, la protección de estos ecosistemas sigue sin resolverse. Mientras el expediente permanece detenido, una parte de la pesca continental ha desplegado una ofensiva política y comunicacional para impedir que los nuevos parques marinos sean finalmente decretados.

Esta investigación reconstruye cómo una propuesta nacida desde una comunidad pesquera terminó convertida en una disputa nacional donde se enfrentan dos visiones: quienes sostienen que la conservación es una condición para asegurar el futuro del océano y quienes advierten que una mayor protección puede afectar una actividad económica histórica.

Los documentos oficiales, registros satelitales, actas administrativas y testimonios recogidos para este reportaje permiten reconstruir cómo se instaló el conflicto, qué argumentos fueron utilizados para oponerse a la ampliación y qué ocurrió durante las últimas horas de tramitación del decreto.

El choque frontal con los albacoreros

Foto cedida

A las ocho de la mañana del 10 de marzo de 2026, mientras el Gobierno de Gabriel Boric entraba en sus últimas horas, el Comité de Ministros para la Sustentabilidad y el Cambio Climático abrió una sesión extraordinaria en el Ministerio del Medio Ambiente. Sobre la mesa había una sola materia: la creación de dos nuevos parques nacionales marinos, Mar de Juan Fernández II y Nazca Desventuradas II. La sesión comenzó a las 8:00 y terminó a las 8:31.

El expediente llevaba meses avanzando y más de una década de investigación. La propuesta original había sido presentada formalmente por la municipalidad y la Organización Comunitaria Funcional Mar de Juan Fernández el 5 de septiembre de 2025. 

En enero, la Subsecretaría de Pesca había elaborado sus antecedentes técnicos; el 2 de febrero se abrió la consulta pública y esta se mantuvo hasta el 5 de marzo. Cinco días después de cerrada, el 10 de marzo, los ministros aprobaron la creación de los parques. Ese mismo día los decretos fueron firmados por Boric y enviados a la Contraloría para iniciar el trámite de toma de razón.

En el acta de aquella reunión quedó registrada una frase que hasta entonces no aparecía de esa manera en la historia de la tramitación. Al explicar cómo se habían definido los límites del nuevo Parque Nacional Mar de Juan Fernández II, la jefa de la División de Biodiversidad y Recursos Naturales del Ministerio del Medio Ambiente señaló que “para la determinación final de los polígonos se contemplaron los usos existentes de la pesca artesanal”.

No era una referencia menor. La pesca continental había dejado una huella el último día del proceso. La cita, sin embargo, era la síntesis de una presión levantada desde hacía años.

El análisis técnico de la Subsecretaría de Pesca (Subpesca) estableció que durante la tramitación del Parque Marino Nazca-Desventuradas, en 2015, parte del gremio pesquero se opuso porque consideraba que la medida restringía una zona histórica de operación del pez espada (albacora). 

Ya entonces, los parques terminaron creando límites que reflejaron, entre otras cosas, esa disputa. El Nazca-Desventuradas fue establecido en 2016 con 300.035 km² y el Mar de Juan Fernández en 2018, con 262.000 km². Ambos prohíben la pesca extractiva dentro de sus polígonos.

Julio Chamorro. Foto: Héctor Cossio

Julio Chamorro, presidente del Consejo Local de Gestión del Mar de Juan Fernández, recuerda esa historia desde la perspectiva de la comunidad. Según su relato, la primera propuesta local de protección, en 2008, pretendía cubrir la totalidad de las zonas económicas exclusivas de Juan Fernández y Desventuradas. El diseño terminó siendo recortado después de las conversaciones y negociaciones con Subpesca y el sector pesquero. “Esto no es de ahora, ha sido de siempre”, dice Chamorro.

Durante la tramitación de las nuevas áreas, Claudia Urrutia, dirigenta de Fenabach (Federación Nacional del Bacalao y miembro de la Mesa del Pez Espada), lo planteó formalmente en una carta enviada al entonces subsecretario de Pesca, Julio Salas. Las organizaciones firmantes sostuvieron que sus flotas operaban en las islas oceánicas desde 1991 y que la creación de los parques había prohibido la pesca en una “macrozona” utilizada históricamente por el sector artesanal.

El 4 de diciembre de 2025, la Mesa Nacional de Pesquería de Pez Espada manifestó su posición crítica frente a la ampliación. El acta registra que sus integrantes cuestionaron las implicancias socioeconómicas, el sustento técnico-ambiental, la fiscalización efectiva y la posibilidad de que cambiaran las condiciones ambientales que concentran al pez espada.

El 16 de diciembre, el Comité de Manejo del Jurel también manifestó oposición a la ampliación del parque de Juan Fernández. El 31 de diciembre, el gabinete de Subpesca comunicó al Ministerio del Medio Ambiente que existían antecedentes de operación pesquera en la zona y que, si se optaba por la figura de parque nacional, debían considerarse mecanismos de mitigación o compensación para la flota artesanal especializada.

Es decir, cuando llegó marzo la discusión ya estaba instalada.

En efecto, el 2 de diciembre de 2025, Julio Salas había enviado oficios al Instituto de Fomento Pesquero (IFOP) y a Sernapesca para solicitar antecedentes para determinar si las áreas propuestas constituían una zona de operación histórica. La controversia tenía entonces dos posiciones reconocibles.

Por un lado, quienes defendían ampliar la protección sostenían que los montes submarinos y los ecosistemas asociados requerían una protección integral y que los recursos migratorios no podían ser administrados solamente desde la perspectiva del lugar donde eran capturados.

Por otro lado, los pescadores sostenían que cerrar definitivamente esos espacios podría afectar en el futuro a una pesquería que debe desplazarse detrás de un recurso cambiante y, por ello, conservar distintas opciones de operación.

En enero de 2026, IFOP entregó a Subpesca un análisis específico de la operación de las flotas de pez espada y jurel. El análisis utilizó registros georreferenciados de viajes y lances comerciales monitoreados por IFOP entre 2000 y 2025 y los complementó con información del sistema de monitoreo satelital VMS disponible desde 2019.

El documento reconoce efectivamente la existencia de una operación histórica en los lugares que ahora se pretenden proteger. Pero cuando se sigue la trayectoria año por año, la fotografía cambia.

Los datos arrojan que en 2019 se registraron apenas nueve embarcaciones rederas dentro del área propuesta. En 2020 fueron seis. En 2021 hubo entradas puntuales: diez embarcaciones en junio y siete en julio. En 2022 ingresaron cinco, descritas por el informe como “incursiones aisladas”. En 2023 y 2024 no apareció ninguna de las embarcaciones monitoreadas dentro del área propuesta.

El propio IFOP resume la situación de una manera que resulta clave para esta historia: históricamente sí hubo capturas de jurel y pez espada en esas zonas, pero su intensidad fue reducida, en algunos años casi inexistente. 

La tesis de los caladeros históricos de pez espada y la afirmación de que los parques afectarían una actividad pesquera desarrollada durante décadas quedaron desde entonces bajo escrutinio. Para reforzar ese planteamiento, el sector solicitó  informes técnicos elaborados por organismos especializados y con reconocimiento internacional. 

Lo que muestra la evidencia satelital

La discusión encontró nuevos antecedentes con el informe independiente de Global Fishing Watch (GFW), una organización internacional sin fines de lucro que utiliza tecnología satelital, inteligencia artificial y datos abiertos para reconstruir patrones de actividad pesquera y humana en los océanos. Sus análisis permitieron observar, mediante registros satelitales, la intensidad y distribución espacial de la actividad pesquera en las áreas bajo discusión. 

El análisis de GFW, elaborado en agosto de 2025, reconstruyó la actividad de embarcaciones entre el 1 de enero de 2012 y el 1 de julio de 2025 en tres espacios: la ampliación propuesta para Nazca-Desventuradas, la ampliación de Juan Fernández y el corredor de alta mar entre ambas.

Su conclusión para Nazca-Desventuradas es especialmente contundente. A partir de los datos AIS, GFW detectó “little to no apparent fishing activity” (poca o ninguna actividad pesquera aparente) durante el período analizado. Las pocas detecciones de pesca aparente incluían embarcaciones que navegaban en línea recta, un patrón que los investigadores consideran más consistente con tránsito que con pesca efectiva.

Para reducir el riesgo de clasificar como pesca un tránsito, el estudio aplicó un umbral de al menos una hora de actividad pesquera aparente. Con ese criterio encontró 39 embarcaciones, asociadas a seis banderas, que acumularon 285 horas de actividad aparente en los 13 años estudiados. El propio informe califica ese nivel como bajo.

En Juan Fernández, la actividad fue mayor, pero GFW vuelve a introducir una precisión relevante. Detectó 97 embarcaciones con al menos una hora de pesca aparente mediante AIS, que sumaron 1.680 horas durante los 13 años. El VMS chileno detectó 50 embarcaciones y 6.935 horas de actividad aparente, concentradas en el sector oriental del área.

La diferencia entre ambas fuentes se explica, entre otros factores, porque AIS permite observar embarcaciones extranjeras de bandera china o japonesa, que no necesariamente aparecen en los registros nacionales.

Hay un dato todavía más preciso para la discusión sobre la flota chilena.

GFW partió de una lista de 284 embarcaciones chilenas dedicadas a la pesca de pez espada y jurel. De ellas, 13 fueron detectadas con al menos una hora de pesca aparente dentro del área de expansión de Juan Fernández; todas aparecían asociadas al jurel. Ninguna fue detectada pescando dentro de la ampliación de Nazca-Desventuradas.

Y el contraste más fuerte aparece cuando se mira el espacio que queda entre ambos parques. En el corredor de alta mar, GFW registró 42.604 horas de pesca aparente, unas 26 veces más que las observadas en la ampliación de Juan Fernández. La actividad estuvo dominada por flotas internacionales, especialmente embarcaciones chinas dedicadas al calamar, además de palangreros españoles y japoneses.

La evidencia satelital es contundente: una cosa es haber pescado históricamente en un lugar y otra usar ese antecedente para frenar un proyecto de conservación en zonas donde desde hace muchos años casi no se pesca.

Los 18 mil empleos sin rastro 

Imagen cedida

Cuando la discusión sobre los parques marinos dejó las oficinas de Subpesca y comenzó a buscar aliados en el continente, el argumento cambió de escala. Ya no se trataba solamente de defender determinados lugares de pesca ni de advertir que el pez espada es una especie altamente migratoria. 

La oposición comenzó a formularse en términos especialmente difíciles de ignorar para el Gobierno de José Antonio Kast: la posible pérdida de empleos de concretarse los nuevos parques.

Comenzó a circular en medios y círculos de poder la cifra de 18.000 puestos de trabajo en riesgo.

Esta cifra, sin embargo, no apareció acompañada de estudios que permitieran reconstruir cómo se llegaba a ella. En los documentos oficiales revisados para esta investigación, la cifra de 18 mil empleos no aparece en ninguna estimación sobre el impacto laboral.

Lo que sí aparece es un dato que llama la atención: el Informe 01/2026 de Subpesca registra 18.542 pescadores artesanales inscritos en el Registro Pesquero Artesanal para la pesquería del pez espada en 2024.

Pero el mismo documento aclara que esa categoría corresponde fundamentalmente a patrones y tripulantes. La cercanía entre ambos números –18.542 inscritos y los 18.000 empleos– es llamativa, pero no demuestra que uno sea el origen del otro.

Hasta ahora no hay ningún antecedente que transforme esos 18.542 registros administrativos en puestos de trabajo amenazados por la ampliación de los parques, ni un modelo que permita establecer cuántos de esos pescadores dependen específicamente de faenar dentro de los polígonos que se pretendía proteger.

La diferencia parece pequeña cuando se lee rápidamente un titular.  Pero no lo es.

Una cosa es contar personas inscritas en una pesquería nacional; otra, determinar cuántas personas perderían efectivamente su fuente de trabajo si determinadas zonas fueran cerradas. 

Para llegar de una cifra a la otra habría que conocer cuánto esfuerzo pesquero se realiza en esos espacios, qué proporción representa en la actividad total de cada embarcación, qué proporción de las capturas depende de esos espacios y qué parte de la cadena productiva está asociada específicamente a esa actividad.

Ese cálculo no está en los expedientes.

La presión también se hizo efectiva a través de cartas con formulaciones similares enviadas por dos municipios que tienen una relación histórica con la pesca del pez espada.

El 3 de marzo de 2026, la Municipalidad de Lebu envió al Ministerio del Medio Ambiente una carta en respaldo de sus pescadores. Al día siguiente hizo lo mismo la Municipalidad de San Antonio. 

Las dos comunas están a cientos de kilómetros de Juan Fernández, pero sus escritos presentan una estructura argumental llamativamente similar: la antigüedad de la pesquería, el desplazamiento del pez espada asociado a las condiciones oceanográficas, el perjuicio que provocaría el cierre de nuevas áreas y la defensa de una actividad que, según ambas municipalidades, ha demostrado ser compatible con el ecosistema.

Más allá de esas coincidencias, hay un error especialmente significativo porque se repite en ambas.

Las dos cartas describen el Parque Marino Mar de Juan Fernández, creado en 2018, como un área de 62.000 kilómetros cuadrados. La superficie oficial del parque es de aproximadamente 262.000 kilómetros cuadrados. La cifra equivocada aparece, por tanto, en documentos provenientes de dos municipalidades distintas y enviados con apenas un día de diferencia.

El error no permite afirmar que ambas cartas hayan sido redactadas por una misma persona o que existiera una coordinación detrás de ellas. Pero sí plantea una pregunta que permanece abierta: ¿de dónde salió la información utilizada para construir esos documentos?

La pregunta es relevante porque las cartas no se limitan a reproducir una preocupación local. Utilizan una serie de argumentos técnicos y económicos que ya estaban presentes en la discusión sectorial de Subpesca, en las mesas de la pesquería del pez espada y en Sonapesca, el gremio de la pesca industrial.

El lobby internacional y la presión mediática

Conferencia Nuestro Océano (OOC11). Imagen cedida

El siguiente movimiento ocurrió después del retiro de los decretos.

Del 16 al 18 de junio de 2026 se realizó en Mombasa, Kenia, la undécima Conferencia Nuestro Océano (OOC11), uno de los principales encuentros internacionales sobre conservación marina, pesca sostenible y gobernanza oceánica. La conferencia reunió a gobiernos, organizaciones, científicos, empresas y comunidades costeras y puso explícitamente en discusión la relación entre océano, conservación, empleo y economía azul.

Fue en ese contexto que el conflicto reapareció en junio en un escenario internacional. 

Durante la conferencia, la Fundación Patagonia Azul presentó la propuesta de expansión de los parques marinos de Juan Fernández y Nazca-Desventuradas. 

En su reseña del encuentro, Sonapesca cuestionó esa iniciativa y sostuvo que las organizaciones Patagonia Azul y Oceana estaban presionando al Gobierno para revertir el retiro de los decretos y alcanzar una protección equivalente al 54% del mar chileno. 

El momento es significativo: una controversia que hasta entonces se había desarrollado principalmente en expedientes administrativos, mesas pesqueras y cartas a autoridades comenzó a proyectarse a través del lobby hacia una audiencia internacional.

La crítica gremial incorporó entonces varios de los argumentos que ya venían circulando: afectación de la actividad pesquera, empleo, caladeros históricos y cuestionamientos al modo en que se estaban impulsando las áreas protegidas. 

El argumento dejó de ser exclusivamente “nos están cerrando zonas donde pescamos” y se convirtió en una discusión sobre qué modelo de conservación está adoptando Chile y quién paga sus costos.

A partir de entonces, el encuadre comenzó a repetirse en medios especializados y nacionales. La secuencia registra publicaciones sobre la controversia en El Mercurio, AQUA, Mundo Acuícola, Industrias Pesqueras y posteriormente en otros medios, con una progresiva incorporación de los conceptos de empleo, actividad económica y caladeros históricos.

La pesca incidental: el peligro documentado

Tortuga en barco albacorero. Imagen cedida por Fenapach

Claudia Urrutia es categórica al afirmar que la pesca albacorera no conlleva impactos ecológicos. “Nuestra pesquería está completamente sana”, sostiene.

También afirma que los pescadores son los primeros interesados en conservar el océano, que utilizan observadores científicos y dispositivos destinados a reducir las interacciones con mamíferos marinos y que la red de enmalle utilizada para capturar pez espada opera lejos del fondo, por lo que no afectaría los montes submarinos.

Una parte de esa afirmación es cierta y está respaldada por antecedentes técnicos. El arte de pesca utilizado por esta flota es la red de enmalle pelágica y, a diferencia del arrastre de fondo, no está diseñada para entrar en contacto con los montes submarinos. 

Pero la ausencia de contacto con el fondo no equivale a ausencia de impacto ecológico. La pregunta, entonces, es ¿qué ocurre en la zona de la columna de agua en la que sí opera la red?

Claudia Urrutia, de Fenapach

Los informes de IFOP sobre descarte y captura incidental muestran que la red dirigida al pez espada captura múltiples especies, muchas de ellas protegidas.

El informe correspondiente a 2022-2023 analizó la información entregada por observadores científicos en la pesquería artesanal redera. En 2022 se realizaron 279 muestreos y en 2023 otros 321.

En los registros de autorreporte de seis viajes realizados desde Lebu durante 2023 se registraron diez especies. El pez espada fue la especie objetivo y concentró la mayor cantidad de ejemplares retenidos, pero también se registraron marrajos, atunes y pez luna, entre otras especies; varias de ellas fueron registradas entre los ejemplares liberados.

Los informes de años anteriores muestran, además, que la captura incidental no se limita a peces.

En 2020, los observadores registraron 19 tortugas marinas y siete mamíferos marinos asociados a esta pesquería. De esos 26 ejemplares observados, 69,2 % estaban muertos al momento de ser recuperados. 

El propio programa de IFOP resume el problema de manera más amplia: en las pesquerías chilenas de recursos altamente migratorios, las tortugas laúd y diversas aves marinas aparecen principalmente asociadas a palangres, mientras que los mamíferos marinos han sido registrados mayormente en redes de enmalle y otras tortugas en el espinel artesanal.

La discusión, por tanto, no permite sostener que “la pesca del pez espada no daña el ecosistema”.

Lo que muestran los antecedentes es algo más complejo: la pesquería utiliza un arte de pesca que evita el contacto con el fondo y tiene medidas de mitigación, pero, al mismo tiempo, genera interacciones la mayoría de las veces fatales con fauna, incluidas especies amenazadas.

Ballena en red albacorera. Imagen cedida

El 23 de julio, en Mejillones, una ballena jorobada apareció muerta en la costa.

El Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (Sernapesca) informó que el animal tenía parte de una red de pesca enredada en el cuerpo y anunció una denuncia ante el Ministerio Público para investigar las circunstancias de su muerte y determinar eventuales responsabilidades.

Aunque las responsabilidades serán determinadas por la investigación, la imagen hizo visible algo que las tablas de IFOP muestran de una manera mucho más fría: una red de enmalle puede encontrarse con animales que no eran objetivo de la pesquería.

Los 22 mil kilómetros que desaparecieron del mapa

Durante años, los habitantes de Juan Fernández fueron construyendo algo que en el mundo de los parques marinos no es habitual: una propuesta de conservación surgida de una comunidad pesquera y que buscaba extender la protección del océano que rodea al archipiélago.

La propuesta no fue solamente una declaración política. El documento Hacia la protección total del mar: Iniciativa local en Juan Fernández y Desventuradas, elaborado con la participación de Victoria Salas y la colaboración de Julio Chamorro, recoge el trabajo científico, pesquero y comunitario que terminó dando forma a los nuevos límites.

El documento fue desarrollado por la comunidad local junto a Blue Marine Foundation, Pew Bertarelli Ocean Legacy, Fundación Patagonia Azul e Island Conservation.

Oceanógrafa Victoria Salas. Foto: Héctor Cossio

El 5 de septiembre de 2025, la Municipalidad de Juan Fernández y la Organización Comunitaria Funcional Mar de Juan Fernández presentaron formalmente la propuesta ante el Ministerio del Medio Ambiente.

El oficio mediante el cual el MMA pidió posteriormente antecedentes a Subpesca permite reconstruir sus dimensiones originales: 216.527 km² de ampliación para el Parque Marino Mar de Juan Fernández, 142.928 km² para Nazca-Desventuradas y 400 km² adicionales para crear un Área de Conservación de Múltiples Usos (ACMU) alrededor de las Islas Desventuradas.

En total, eran 359.855 km² nuevos de protección.

El diseño tenía además una lógica territorial. No se trataba de dibujar un círculo alrededor de las islas. Entre otros antecedentes, el documento de Patagonia Azul explica que buscaba completar los vacíos existentes entre las áreas protegidas y establecer una continuidad ecológica entre Juan Fernández y las Desventuradas.

El mapa general de la propuesta identifica una superficie de 946.971 km², considerando el sistema completo y utiliza coordenadas geográficas WGS 84.

La primera modificación no ocurrió el 10 de marzo de 2026. Ocurrió antes, aunque fueron cambios relativamente pequeños. Lo importante es que demuestran que el polígono no fue estático durante la tramitación.

Esa constatación adquiere otra dimensión cuando se observa lo que ocurrió después.

La presentación que reconstruye el proceso cartográfico compara los polígonos de la propuesta entregada por la comunidad el 5 de septiembre con los incorporados al decreto firmado el 10 de marzo.

La ampliación de Mar de Juan Fernández que figura en el mapa asociado al decreto quedó en 193.998 km², mientras Nazca-Desventuradas alcanzó 143.323 km². La ACMU de 400 km² de las Desventuradas, simplemente, desapareció.

La reducción se concentró casi completamente en Juan Fernández: unos 22.534 km² menos que en la propuesta comunitaria. Es una diferencia que casi equivale a la superficie de El Salvador.

El 10 de marzo de 2026, un día antes del cambio de Gobierno, sesionó el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad y el Cambio Climático. Ese día se aprobó la creación de los nuevos parques.

Pero la documentación obtenida posteriormente mediante una solicitud de Transparencia permite agregar un elemento que no estaba disponible inicialmente. Subpesca informó que el polígono finalmente aprobado no fue objeto de una instancia específica de consulta con esa institución. Agregó que, durante la sesión del Consejo de Ministros, “tampoco se informaron los resultados de la consulta ciudadana”.

La afirmación resulta relevante porque la consulta pública había sido precisamente una de las etapas finales del procedimiento. Cuando el Consejo de Ministros tomó la decisión, sus resultados todavía no estaban publicados. La propia Subpesca señala que al 11 de marzo no estaba disponible el informe de respuesta correspondiente.

Así, el decreto que salió de aquella reunión no contenía exactamente el mismo polígono que la propuesta comunitaria. Había menos mar protegido.

La frase clave que se pasó por alto en el Acta

Hay una frase en el acta del Comité de Ministros que adquiere especial importancia cuando se la contrasta con el mapa. En la descripción del procedimiento utilizado para definir los polígonos se dejó constancia de que la definición de los polígonos había considerado “los usos existentes de la pesca artesanal”.

Es una frase breve. No explica qué zonas fueron excluidas. No identifica cuáles fueron los caladeros considerados. No señala qué superficie se restó por esa razón. Tampoco dice qué organismo proporcionó los antecedentes ni quién tomó la decisión final sobre las coordenadas.

Hoy por hoy, esas dudas persisten. Pero fuentes reservadas que tuvieron conocimiento de lo que se discutió aquel día, en las últimas horas del Presidente Boric, ayudan a entender qué pasó.

Las autoridades políticas sabían que la industria pesquera y, particularmente, la mesa del pez espada seguirían presentando obstáculos, y que el Gobierno de José Antonio Kast tenía una orientación muy distinta en términos ambientales. La nueva administración pondría el foco en la inversión y no en la conservación.

Según esas fuentes, las autoridades tomaron una decisión contra reloj eliminando del mapa 22.534 km² para considerar en estos el desarrollo de la pesca histórica del pez espada. Pero no lo comunicaron a los actores involucrados. No había tiempo. La indispensable negociación política quedó en el limbo. Nadie se enteró.

Por eso, meses después, con la tramitación del decreto supremo todavía paralizada, la actual ministra del Medio Ambiente, Francisca Toledo, volvió a poner los polígonos en el centro del problema.

Captura de pantalla

El 11 de agosto, ante la Comisión de Medio Ambiente del Senado, Toledo explicó que durante la revisión del decreto el ministerio había detectado inconsistencias entre las coordenadas del decreto sometido a consulta y las del expediente. 

Mientras el alcalde de Juan Fernández, Pablo Manríquez, y representantes del Consejo del Mar comparecían ante la citada Comisión de Medio Ambiente, esa diferencia seguía sin una explicación completa.

Si bien las fuentes reservadas consultadas para este reportaje sostienen que esa diferencia en el mapa no sería relevante porque no propone más kilómetros cuadrados de protección, sino menos, lo cierto es que la falta de información sobre los motivos del cambio y la ausencia de registro en el acta constituyen hoy dos de las principales debilidades que tiene el expediente de Juan Fernández. 

Estas debilidades no son atribuibles a la comunidad, a la ciencia ni a los organismos colaboradores, sino a la tramitación política.

De hecho, Claudia Urrutia confirmó para esta investigación que, si el gobierno de José Antonio Kast reingresa el decreto supremo a la Contraloría para su toma de razón, el sector pesquero del pez espada usará precisamente este evento para presentar un requerimiento ante el organismo contralor a fin de anular el decreto por vicios durante su tramitación.

Hoy, esas preguntas siguen abiertas. El acta del Consejo de Ministros dejó registrada la consideración de “los usos existentes de la pesca artesanal”, pero no detalló qué zonas fueron excluidas, qué antecedentes justificaron esos cambios ni quién definió finalmente las coordenadas del nuevo límite.

Siete meses después, el decreto continúa detenido. La discusión ya no es solo sobre la superficie de un parque marino, sino sobre cómo Chile decide equilibrar conservación, actividad económica y uso histórico del océano.

Porque detrás de los 22.534 kilómetros cuadrados que desaparecieron del mapa hay una pregunta que sigue sin respuesta: ¿fueron excluidos para corregir un vacío técnico o para responder a una presión política que nunca quedó registrada formalmente?

La segunda parte de esta investigación abordará la otra cara de la historia: la comunidad de Juan Fernández que impulsó la protección del mar, la ciencia detrás de los parques y la experiencia de generaciones de hombres de mar, que por casi 200 años  construyó sus propias reglas de conservación.