«Presumiblemente estamos frente a ineficiencias e irresponsabilidades del consejo constructivo que generaron el colapso, lo que naturalmente tiene que ser demostrado por la justicia”, sostuvo Pepe Auth.
Los diputados Pepe Auth (PPD) y Mónica Zalaquett (UDI), pidieron al Consejo de Defensa del Estado (CDE) hacerse parte en los procesos judiciales contra empresas constructoras de edificios que colapsaron en el terremoto.
Los parlamentarios, junto a Pamela Márquez, representante de los vecinos de la Comunidad Edificio Don Tristán de la comuna de Maipú, se reunieron con el presidente de dicho organismo, Carlos Mackenney, para solicitarle esta acción.
“En los edificios “Don Tristán” y “Alto Río” de Concepción se evidencian errores gravísimos en la construcción, ya que están situados en un barrio donde los edificios contiguos no sufrieron daños. Presumiblemente estamos frente a ineficiencias e irresponsabilidades del consejo constructivo que generaron el colapso, lo que naturalmente tiene que ser demostrado por la justicia”, sostuvo Auth.
El parlamentario agregó que “le hemos pedido al CDE que se haga parte, porque no sólo se trata de la seguridad de los vecinos sino que del prestigio de la construcción chilena en general. La imagen del colapso del edificio Don Tristán fue vista por miles de millones de espectadores de todo el mundo que pensaron en Chile como un país poco confiable para la inversión y el turismo”.
Otro aspecto preocupante para Auth es la demolición de los edificios colapsados cuyo costo va a correr por cuenta del Estado. “Es probable que el Estado se tenga que querellar contra esos privados para que los fondos utilizados en la demolición le sean devueltos, porque no corresponde que el Estado pague el costo de faltas en que incurrieron dichas empresas”, sostuvo.
Finalmente, el diputado PPD señaló que son necesarios cambios en la legislación para evitar que estos hechos se vuelvan a repetir. “Hoy día la empresa constructora asume toda la responsabilidad de contratar a un revisor de la obra. Vamos a proponer que el constructor tenga que pagarle un derecho de revisión al municipio, y que sea el municipio quien contrate al revisor”, explicó.
