Diez destacados penalistas analizaron el documento que publica íntegramente este diario y todos coincidieron en que existen antecedentes para configurar el delito ante la fiscalía. Entre otros detalles, queda claro que la licitación fue “arreglada” para que ganara la empresa norteamericana Acrow por sobre la inglesa Mabey, lo que implicó un sobreprecio de US$ 2 millones, más otros US$ 5 millones para su instalación, los que salieron del MOP. Se suman contradicciones que hacen sospechar que todos los involucrados sabían que el Estado tendría que desembolsar más plata innecesariamente. Y nadie hizo nada.
La compra del puente mecano para el Bío Bío, donde el Estado en vez de pagar US$ 17 terminó gastando US$ 22 millones, pareciera haber pasado al olvido. La Contraloría realizó una investigación en el Ministerio de Defensa y ordenó sumarios en dicha cartera, el MOP y el Ejército, previa renuncia del entonces ministro Jaime Ravinet, quien fue reemplazado por Andrés Allamand. Este último ha buscado dejar atrás el episodio y centrar su administración en ordenar la casa. Hasta allí, todo es conocido.
Sin embargo, el documento entregado a las dos secretarías de Estado y a la institución castrense, contiene un aspecto que podría reventarle en las manos al propio Allamand y a su colega de Obras Públicas, Hernán de Solminihac. Lo anterior, porque del informe -calificado de “secreto”- y que publica en exclusiva El Mostrador, se colige la posible comisión del delito de fraude al fisco que involucra a funcionarios del gobierno. Así al menos coincidieron 10 destacados penalistas a los que consultó este diario, previa lectura y análisis del documento.
Y es que la investigación que realizó el organismo fiscalizador a través de su Unidad de Auditorías Especiales, descubrió que aún cuando estaba perfectamente claro que existía un importante sobreprecio por la estructura por parte de Defensa y un gasto innecesario de US$ 5 millones de parte del MOP -que no estaba considerado dentro de su presupuesto ni de sus planes-, se obviaron variables clave y se siguió adelante.
El organismo fiscalizador estableció que hubo “llamados” para que la empresa Acrow “arreglara” su oferta y se llevara $ 16 millones sin instalar el puente en vez de los US$ 14 millones que cobraba la británica Mabey Bridge, contrariando principios básicos del uso eficiente de los recursos del Estado. También aparecen contradicciones inexplicables de un funcionario del MOP y del propio ministerio de Defensa.
Y más aún, es altamente probable que el gobierno no alcance a cumplir el plazo que se fijó para que el viaducto estuviera completamente operativo, lo que agrava los hechos, dijeron los profesionales inquiridos.
Todo comenzó a gestarse después del terremoto, cuando el 6 de abril, Acrow presenta su propuesta al MOP y diez días después lo hace Mabey. Eso en lo formal, ya que el documento también establece que ya existían avanzados contactos con la primera firma.
El 18 de abril de 2010 de Solminihac, a través de un mail, le informa a Ravinet que existen dos cotizaciones: Acrow con US$ 17.016.250 millones y Mabey Bridge con US$ 16.984.500. La primera no consideraba la instalación y que ésta debía ser ejecutada por el Cuerpo Militar del Trabajo. En la segunda, escribió de Solminihac, “se considera instalado”. “Ambas cotizaciones te las incluyo, para que ustedes tomen la decisión, ya que ambas soluciones son técnicamente útiles para nosotros”, señaló.
Al día siguiente, el seremi Carlos Guzmán le informa al ministro del MOP que recibió un llamado de “Carlos Nazar de Acrow, informando que el Ministerio de Defensa decidió hacer la compra con ellos. En las próximas 48 horas recibirán la orden de compra”.
Sin embargo, Guzmán agregó un detalle: el director Nacional de Vialidad, Mario Fernández Rodríguez, en otro correo electrónico informaba que el puente debía tener “40 metros de luz y eso deja fuera a Acrow”.
El 20 de abril de de Solminihac envía un nuevo mail a Ravinet. En él, le indica 4 aspectos centrales para la compra. Primero que el plazo de entrega debía ser de cuatro meses. Segundo que “el valor de la superestructura… debe considerar fabricación suministro e instalación”. Tercero: que la estructura que sostendría al viaducto se iniciaría dos meses más tarde, “para lo cual, el puente mecano debe comenzar su instalación a más tardar en dos meses y debe estar instalado y terminado en el mes 6 (4 meses para el suministro e instalación por parte del proveedor)”.
Por último le recordó a Ravinet que estas consideraciones “debían quedar claramente establecidas en el contrato y sus respectivos procedimientos”. Lo anterior, para evitar “no poder cumplir con el compromiso público que tenemos de tener operativo este puente mecano antes del fin de este año”, es decir, el 2010. Como se aprecia, este plazo no ha sido cumplido hasta ahora.
En la misma línea, le indicó también que la decisión debía ser tomada a la brevedad para llamar a la licitación para la estructura que sostendría al viaducto.
Lo que de Solminihac no sabía -o quizás sí- es que el entonces jefe del Estado Mayor Conjunto, el renunciado general Cristián Le Dantec, había ordenado que el Consudena redactara el decreto para comprar el puente a Acrow.
En el MOP indicaron a este diario que de Solminihac, con ese correo buscó protegerse, “ya que algo olía mal”, aunque nada hizo por evitarlo.
Hasta ese momento, la oferta de Acrow era más cara que la de MBL y no consideraba la instalación, pero no podía ganar.
“Pues bien, atendido que la oferta de Acrow no cumplía con el requerimiento técnico de contar con luces de 40 metros, el seremi de Obras Públicas de la Región del Bío Bío, requirió a esta empresa un nuevo presupuesto, de fecha 22 de abril de 2010, el cual fue remitido por el MOP ese mismo día al Ministerio de Defensa Nacional”, señala el documento.
[cita]La investigación que realizó el organismo fiscalizador a través de su Unidad de Auditorías Especiales, descubrió que aún cuando estaba perfectamente claro que existía un importante sobreprecio por la estructura por parte de Defensa y un gasto innecesario de US$ 5 millones de parte del MOP -que no estaba considerado dentro de su presupuesto ni de sus planes-, se obviaron variables clave y se siguió adelante.[/cita]
Esta nueva oferta, solicitada vía teléfono por el funcionario de gobierno a la empresa Acrow, fue arreglada, variando el largo del puente, aumentando las luces en nueve metros “y rebajó el monto de la oferta presentada anteriormente… a US$ 16.317.000, es decir, quedaba coincidentemente por debajo de MBL. Indicó además que el montaje serían “de cargo del Ejército y no por parte de Acrow Corporation”.
El seremi Guzmán, el 22 de abril, le envió un correo al comandante de apoyo a la Fuerza del Ejército, Antonio Cordero Kher, adjuntándole la cotización “que cumple con todas las condiciones solicitadas… y no tenemos respuesta aún en lo concerniente a instalación del puente mecano”.
En otras palabras: Acrow, en una primera fase, era más caro que MBL y no instalaba el puente; se arregala la oferta y nadie sabía de dónde saldría el dinero, aún cuando la última firma lo dejaba operativo. Los penalistas consultados por este diario, consideran este hecho el primer detalle para configurar el delito de fraude al fisco.
La idea de que el Ejército instalara la estructura con asesoría de Acrow tomó fuerza en la autoridad política, aunque en la institución la idea no gustaba.
Por eso, el mismo seremi le escribe a Cordero, el 26 de abril otro e-mail: “Finalmente tenemos resuelto el tema del puente mecano con Acrow, cumpliendo todos los requerimientos para las exigencias planteadas… quedo atento al desarrollo de la compra con instalación y fechas”.
Posteriormente, el Consejo Superior de Seguridad Nacional (Consudena) aprobó los recursos imputados a la Ley Reservada del Cobre, lo que fue refrendado por Defensa, autorizando al Ejército a comprar un puente.
En la institución castrense se obedeció la orden adoptada por la autoridad política e independiente de si estaban de acuerdo o no con la compra a Acrow, lo cierto es que no llevaban velas en el entierro.
En todo caso, el 24 de mayo, el seremi Guzmán adjuntó una minuta, confirmando nuevamente que Acrow era la oferta más conveniente. Así, el 27 de mayo el Comité Permanente de Adquisiciones del Ejército, en votación unánime, aprobó la compra. La adquisición, quedó sellada el 8 de junio de 2010, con todos los decretos, presidenciales y ministeriales en regla.
La Contraloría siguió investigando y el 2 de noviembre pasado interrogó a Walter Wilson Rojas, entonces jefe del Departamento Nacional de Puentes de la Dirección de Vialidad del MOP. El funcionario, en su testimonio, dejó claro que el general Le Dantec, al ordenar la redacción del decreto al Consudena para comprar un puente con marca y modelo incluido de antemano, iba contra las reglas de las licitaciones del MOP. De hecho ejemplificó con un concurso donde la misma empresa Acrow reclamó por una situación similar.
En este sentido, el organismo fiscalizador ha sido claro en diferentes dictámenes que situaciones como éstas son ilegales, “máxime cuando los bienes objeto de la contratación son de condiciones similares”.
En otras palabras, Le Dantec se adelantó inexplicablemente tanto a la presentación de la empresa Acrow y Mabey, como también a los análisis del MOP, hecha por el seremi del ramo.
Lo más complejo para la administración del renunciado ministro Jaime Ravinet y para el propio Le Dantec es que la Contraloría preguntó en la cartera por qué sucedió todo lo anterior. Y la respuesta fue imprecisa: “Ya habían indicaciónes suficientes del Ministerio de Obras Públicas de que el puente Acrow cotizado para fines propios del Ejército, serviría para solucionar el problema de conectividad en la zona afectada por el terremoto…”.
A esto se suma que los auditores de la entidad revisora requirieron a Defensa, además, porque la cartera le avisó el 19 de abril de 2010 a Carlos Nazar, el representante de Acrow, que habían decidio comprar el puente de esa firma, en circunstancias que apenas estaba listo el análisis comparativo del MOP. “Ese Ministerio de Defensa, no se pronunció”, señala el informe.
Por lo tanto, la decisión estaba tomada y todos sabían que el puente Acrow era más caro, porque no incluía la instalación y además, porque las platas para ello ni siquiera estaban aprobadas. Estas tuvieron que salir del MOP, sin explicación alguna. En síntesis, US$ 5 millones adicionales Y esto también, según los abogados, es un elemento que podría configurar un fraude al fisco.
Sin embargo, otros oficios abren nuevas interrogantes . Uno es el del Ejército que indica que fue descartada “tempranamente” que sería la institución la que instalaría el puente. En este contexto de Solminihac, en enero pasado, indicó que toda la adquisición fue responsabilidad de Defensa. Pero existe otro documento, esta vez enviado por Le Dantec el 29 de abril de 2010, que señalaba: “Será el MOP el organismo responsable de la puesta en servicio de este puente. ¿sabía entonces de Solminihac sobre esta decisión? ¿Estaba previsto con antelación que los US$ 5 millones saldrían de su cartera?
En el informe la Contraloría también cuestiona al Ejército por no objetar la compra del puente -pues no tenían plata para instalarlo- y por realizar la adquisición, porque la ley no les otorgaba recursos para ello. En la institución reconocen que gestionaron la compra, pero a renglón seguido aclaran que si la orden viene de una autoridad de gobiero, el Ejército “no tenía más que hacer que obedecerla”, dijo una fuente castrense.
La investigación del organismo fiscalizador no se agotó y volvió a la carga con el seremi Guzmán, porque algo sencillamente no cuadraba. El funcionario confirmó su decisión de comprar el puente a Acrow, a sabiendas que era más caro, arreglando la licitación para que ganara, sólo porque ofrecía dos meses menos de entrega, pero sin instalación.
Los investigadores de la Contraloría no quedaron conformes con las respuestas del seremi, porque entregó un “somero análisis comparativo” de las ofertas. Entonces le exigieron otro, más completo. Este último, en todo caso, lo confeccionó recién en septiembre del año pasado, cuando la compra se había concretado. En él se le requirió por qué no consideró las variables de tiempo ni costo de la instalación del puente.
“Pues bien, tanto de los antecedentes como de las argumentaciones esgrimidas, se confirma que ese seremi no realizó una comparación integral, incluyendo la totalidad de las variables presentes en ambas cotizaciones, en forma previa a recomendar al Ejército la contratación del puente Acrow”, señala el informe.
Por lo tanto, no veló por la “eficiente e idónea administración de los medios públicos”, como tampoco al principio de probidad administrativa “que consiste en observar una conducta funcionaria intachable y un desempeño honesto y leal”. En palabras de la Contraloría, al MOP no le “importaba” quien instalara el puente y tenía perfectamente claro al inicio del proceso de compra, que no habían fondos públicos adicionales, “a diferencia de si hubiese sido ejecutada por Mabey”. Este es otro de los puntos que analizaron los distintos penalistas para este diario que podrían configurar un fraude al fisco.
Pero el seremi cayó en otra contradicción, porque a los auditores les indicó que “ambos puentes eran con suministro, instalación y montaje”, añadiendo que si hubiésemos sabido que el montaje del puente Acrow era bajo nuestro costo, habríamos optado por Mabey”.
Este es otro de los puntos que los abogados consultados por este diario, podrían fundamentar una investigación por parte del Ministerio Público por el delito antes mencionado.
“En razón de lo expuesto, no resulta atendible que ese Ministerio de Obras Públicas haya considerado más ventajosa la oferta de Acrow, por establecer dos meses menos hasta la puesta en servicio, pero sin la instalación, en circunstancias que ese mismo ministerio no dio cumplimiento a los plazos que dispuso para construir las fundaciones del puente, construcción que resulta primordial, toda vez que el puente mecano debe ser instalado sobre esta estructura. Cabe añadir que el propio seremi justificó su decisión en que ‘lo más importante era el tiempo, los plazos son relevantes’”, citó textualmente la Contraloría.
Como se colige del informe, no sólo Defensa, sino también el MOP, sabían de antemano que se trataba de una oferta que le significaría al fisco varios millones de dólares más porque era ilegal cargarle esta plata al Ejército.
Según los abogados consultados por este diario, tanto de Solminihac, Ravinet, Le Dantec y el seremi, quien aparece como el eslabón más delgado de la cadena, “no podían menos que saber” que afectaría los intereses del Estado. Y nadie hizo nada.
