Mientras el gremialismo se toma su tiempo en definir el nombre para llenar la vacante sin generar más ruido del necesario, surgen voces que observan con inquietud que se perpetúe un mecanismo “absolutamente inmoral” y carente de toda transparencia y representatividad para la ciudadanía. Quien tiene la mirada más crítica es el senador independiente Carlos Bianchi, quien le adjudica gran parte de la responsabilidad al Ejecutivo que, a su juicio, “tiene nula voluntad en corregir algo que le ha servido muchísimo”.
El fallecimiento del diputado gremialista Juan Lobos Krause volvió a poner en la palestra la figura de la ex intendente de la Octava Región, Jacqueline Van Rysselberghe. Ello, porque aún existe un pequeño grupo al interior del partido que la ve como la más adecuada para reemplazar al extinto parlamentario.
Pero todo indica que, mayoritariamente, en la colectividad encabezada por Juan Antonio Coloma se resisten a considerar a la ex autoridad regional para colocarla en la Cámara Baja. Mientras tanto, también resurgió el tema acerca de la modificación del reemplazo de parlamentarios que, por la razón que sea, dejan su cargo. Ello, porque el episodio del cambio de gabinete en enero pasado generó la necesidad de llenar las vacantes dejadas por los entonces senadores Evelyn Matthei y Andrés Allamand, lo que produjo conflictos en ambos partidos de la Alianza y despertó, en la Concertación, la preocupación de que este fenómeno se vuelva a producir.
Quien despertó las alarmas acerca de que pudiera ser la ex intendenta quien reemplazara al recientemente fallecido diputado, fue el presidente de la Cámara Baja, el gremialista Patricio Melero, quien consultado sobre tal posibilidad, respondió que “no se excluye a nadie a priori”. Lo que provocó la inmediata reacción desde la oposición. Su par del PS Marcelo Díaz fue categórico al respecto. “Sería inexplicable no solo para la Cámara, sino para los ciudadanos, que designaran a una autoridad que acaba de ser destituida de su cargo, digamos las cosas como son, por una conducta impropia en la gestión del gobierno regional del Bío Bío”, sentenció el legislador.
Concientes de que la llegada de Van Rysselberghe a la Cámara Baja podría resucitar una polémica que sólo le trajo costos políticos al oficialismo, las autoridades del gremialismo estarían descartando de plano su nombre. Sobre todo, si además se considera que la oposición pretende crear una comisión investigadora para que analice las eventuales irregularidades suscitadas en la intendencia de la Octava Región, durante el período de la polémica ex alcaldesa de Concepción. La UDI quiere evitar continuar en el centro de la controversia, dice una fuente de la tienda, sobre todo porque cuando aún no se cierra totalmente el capítulo de la intendente, está comenzando a tomar fuerza el episodio de la empresa Kodama con el Ministerio de Vivienda, que involucra a la titular de la cartera, la también UDI Magdalena Matte.
De allí que en la tienda se estén tomando con mucha calma la elección del reemplazante de Lobos. Quieren elegirlo con lupa, de tal manera que no sólo termine esté período, sino que quede listo para repostular en las parlamentarias del 2013. Otro nombre que se ha mencionado mucho es el del actual alcalde de Los Ángeles, Joel Rosales, pero en la tienda advierten que no es seguro.
Pero mientras la UDI busca a la “mejor persona” para el distrito 47, tanto en la Cámara como en el Senado duermen los proyectos que al calor de la contingencia presentaron parlamentarios oficialistas y de oposición para modificar el mecanismo a través del cual se llenan las vacantes en el Congreso. Aunque por lo bajo, legisladores de uno y otro lado reconocen que la actual fórmula “no es buena”, porque se presta para que lleguen al Congreso figuras “que no tienen ninguna representatividad”, lo cierto es que nadie hace esfuerzos porque tomen curso las iniciativas presentadas. Quien tiene mayor responsabilidad en ello es el Ejecutivo, reconoce el senador independiente Carlos Bianchi.
[cita]Bianchi admite que “esto lo usó el gobierno anterior y lo vuelve a usar este gobierno” y expresa su molestia respecto de la fórmula que se está utilizando para reemplazar a los parlamentarios, con evidente disgusto manifiesta que “da un gran dolor de guata, constatar que un grupo pequeño de una directiva determinada de un partido político son los amos, dueños y señores de los cargos, quienes deciden quiénes sí y quiénes no”.[/cita]
Este independiente –el único químicamente puro, como le gusta recordar- fue el primero en presentar una iniciativa para modificar el polémico mecanismo. Allá por el año 2008, junto al entonces senador radical Guillermo Vásquez y el falangista Mariano Ruiz-Esquide, presentó un proyecto para modificar la forma de llenar “la vacancia del cargo de diputados y senadores”, misma que ingresó el 30 de septiembre de ese año y no ha pasado del primer trámite constitucional, pues no tiene urgencia. Más recientemente, el 1 de marzo recién pasado, hizo lo propio en solitario. Presentó otra reforma constitucional con similar objetivo y que “contempla la elección complementaria para proveer cargos parlamentarios vacantes”. Ésta ha tenido similar resultado al de la primera, pues está estancada en el primer trámite y no tiene urgencia.
A estas iniciativas se suman otras tantas que luego de su presentación han quedado olvidadas en la comisión de Constitución en su primer trámite y sin urgencia alguna, ya sea del Senado o de la Cámara de Diputados. En la primera, está el proyecto presentado por los senadores Soledad Alvear (DC), Francisco Chahuán (RN), Alberto Espina (RN), Hernán Larraín (UDI) y Lily Pérez (RN). En la Cámara Baja hay al menos tres presentadas entre el 15 y el 22 de marzo recién pasado. La primera apunta a “proveer mediante elecciones complementarias las vacantes de cargos parlamentarios”, entre sus autores hay sólo una oficialista, la diputada Karla Rubilar. La otra habla de “democratizar el sistema de reemplazo para las autoridades parlamentarias”. Y, por último, está la que promueve “el reemplazo de parlamentarios en caso de vacancia, las incompatibilidades y causales de cesación en el cargo”. Todas ellas con similar destino.
Bianchi admite que “esto lo usó el gobierno anterior y lo vuelve a usar este gobierno” y expresa su molestia respecto de la fórmula que se está utilizando para reemplazar a los parlamentarios, con evidente disgusto manifiesta que “da un gran dolor de guata, constatar que un grupo pequeño de una directiva determinada de un partido político son los amos, dueños y señores de los cargos, quienes deciden quiénes sí y quiénes no”. Y no duda que este sea un elemento que contribuye a que la ciudadanía “se aleje más de lo político”. Y explica que los proyectos que ha presentado para cambiar el actual mecanismo apuntan a “transparentar, a tener una acción mucho más democrática, que refleje que la voluntad ciudadana tiene el respeto que merece”.
Pero está conciente de que es una voz en el desierto. Porque, a su juicio, ni los mismos que han presentado las iniciativas tienen interés en forzar que sean tramitadas, aún cuando está conciente de que las urgencias las coloca el Ejecutivo. Lo que resulta aún peor, porque como lo ve “hay una nula, nula, voluntad del Ejecutivo en corregir algo que les ha servido muchísimo”. Y, en su opinión, el hecho de que haya surgido tanto proyecto no es más que “producto de una determinada situación o coyuntura que hace necesario salir con un discurso políticamente correcto”.
El senador por Magallanes parece tener clara la película. A su juicio, “tenemos a la gente de la Concertación que, en esta materia, no tiene moral para criticar esta acción, habiéndola llevado a cabo en periodos anteriores. Entonces, estamos en una encrucijada en donde ni a uno ni al otro de estos grandes bloques políticos le conviene cambiar esta situación. Por eso es que cuando han asumido estos parlamentarios se ha hecho sin ninguna oposición, ninguna crítica, sin ningún reparo. La gente observa cómo la clase política se calla frente a un hecho que es absolutamente inmoral, que atenta contra la voluntad que en algún momento tuvo un determinado ciudadano. Pero como esto se ha usado por estos bloques políticos, la lógica indica que es mejor callar”.
