Los quince patrocinantes del libelo justificaron en el documento que el ministro faltó a la Constitución “por vulnerar el derecho a reunirse libre e informadamente sin permiso previo; por no velar por el orden público; y la interferencia ilícita con una suerte de Estado de Emergencia, el pasado 4 de agosto”.
La Comisión especial de la Cámara de Diputados encargada de evaluar la Acusación Constitucional en contra del ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, rechazó por cuatro votos a favor y uno en contra el libelo, quedando ahora en manos de la Sala la decisión final.
Según informó el presidente de la instancia, diputado Germán Verdugo (RN), cumplido el plazo en el cual la Comisión debía emitir su veredicto, la mayoría de los cinco miembros consideró que no daba a lugar la Acusación Constitucional, la cual fue presentada el pasado 9 de agosto por parlamentarios de la Oposición.
Cabe recordar que los quince patrocinantes del libelo justificaron en el documento que el Ministro faltó a la Constitución “por vulnerar el derecho a reunirse libre e informadamente sin permiso previo; por no velar por el orden público; y la interferencia ilícita con una suerte de Estado de Emergencia, el pasado 4 de agosto”.
El diputado Verdugo señaló que la sala será convocada mañana miércoles para analizar el tema. Explicó que, si se presenta la llamada “cuestión previa” (la correspondencia a la forma de la presentación del libelo), ésta será votada primero. Si se aprueba, es decir, si la mayoría de la Sala considera que la acusación no fue presentada conforme a los requerimientos formales, el proceso concluye ahí. Si se rechaza, se procede a analizar el fondo y observar el informe emitido por la Comisión.
Verdugo señaló que uno de los aspectos que primó a la hora de rechazar el fondo de la acusación fue el hecho que, tanto lo afirmado por el Ministro del Interior como lo declarado por el presidente del Colegio de Profesores, fueron coincidentes en que se planteó una alternativa de trazado de la marcha fijada para el pasado 4 de agosto, la cual no fue acogida por los solicitantes.
Otro criterio que fue evaluado por la Comisión es que la facultad de autorizar o rechazar marchas recae en el intendente o, en su defecto, en el gobernador, pero no en el Ministro del Interior.
La comisión estuvo compuesta por los diputados Pedro Velásquez (IND), José Pérez (PRSD), Iván Norambuena (UDI), Gaspar Rivas (RN) y Germán Verdugo (RN). Su misión específica fue elaborar un informe a la Sala que contenga una relación de las diligencias practicadas; una síntesis de la acusación; los hechos que le sirvan de base (delitos, infracciones o abusos de poder que se imputen en ella); una relación de la defensa del acusado; un examen de los hechos y las consideraciones de derecho; y las resoluciones adoptadas por la Comisión.
Evacuado dicho informe, la Sala de la Cámara sesionará diariamente para ocuparse de la acusación.