El vocero del Ejecutivo anunció también que se determinó enviar con carácter de suma urgencia al Parlamento un proyecto «que nos permita acortar los plazos para la declaración de muerte presunta». Esto, frente a la posibilidad que las labores de búsqueda no permitan dar con el paradero de todos los cuerpos.
El ministro secretario general de Gobierno, Andrés Chadwick, informó este jueves que el Servicio Médico Legal logró la identificación de restos mortales que corresponden a la teniente de la Fuerza Aérea Carolina Fernández.
El secretario de Estado dijo que antes de hacer pública la información ya informó a la familia de la oficial de 26 años de edad que piloteaba el CASA 212 que se estrelló en el mar el pasado viernes 2 de septiembre cuando intentaba aterrizar en el aeródromo de la isla Robinson Crusoe.
De esta forma ya suman ocho las víctimas del accidente que han sido identificadas, faltando aún por dar con el paradero de los restantes 13 pasajeros, entre ellos el animador de TVN Felipe Camiroaga, el empresario Felipe Cubillos, la productora de TVN Carolina Gatica, el camarógrafo Rodrigo Cabezón, la funcionaria del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes Romina Irarrázabal, los integrantes del equipo de Desafío Chile Jorge Palma y Joaquín Arnold, el deportista Joel Lizama, el periodista de la Fuerza Aérea José Cifuentes, el comandante de la institución Rodrigo Fernández, el sargento primero Eduardo Johns, el cabo primero Eduardo Estrada y el cabo segundo Flavio Oliva.
Chadwick dijo que el SML está analizando otros restos, aunque no descartó que pertenezcan a las mismas víctimas que ya han logrado ser identificadas.
El vocero del Ejecutivo anunció también que se determinó enviar con carácter de suma urgencia al Parlamento un proyecto «que nos permita acortar los plazos para la declaración de muerte presunta». Esto, frente a la posibilidad que las labores de búsqueda no permitan dar con el paradero de todos los cuerpos.
Explicó que las familias «estaban preocupadas por la declaración de las muertes presuntas, que es un trámite que toma su tiempo legal y nos solicitaron al gobierno que pudiésemos actuar o tener las normas jurídicas al igual como se procedió con las víctimas del terremoto».
