Por primera vez la casa de estudios enfrenta una decisión judicial que la cuestiona en este ámbito y la acusa de “actos lesivos de la libertad sindical”. La pugna, iniciada por la denuncia de beneficios extra por parte de la empresa a un grupo negociador paralelo al sindicato oficial, empaña no sólo el buen nombre de la institución sino su futuro como proveedora del Fisco, ya que si la sentencia se confirma no podrían acceder a contratos con el Estado por dos años.
La Universidad Católica (PUC) ha sido tradicionalmente uno de los tres mayores proveedores del Estado en cuanto a prestaciones médicas, garantías explícitas en salud (GES) y cirugías. Además, después de la Universidad de Chile, la UC es la segunda institución que se adjudica recursos destinados a proyectos de investigación científica.
Pero el acceso a estos recursos y todos aquellos que la casa de estudios obtiene a través de tratos con el Estado podrían verse afectados, ya que un reciente fallo judicial abre la puerta a que la Universidad quede excluida temporalmente como proveedora del sistema de compras públicas.
Y es que el fallo en primera instancia emitido por el Segundo Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago el pasado 20 de septiembre, concluye que la UC incurrió en “actos lesivos de la libertad sindical”, lo que, según explica el abogado del Sindicato Red Salud UC, Joaquín Silva, legalmente le impide celebrar contratos con el Fisco ya que todas las empresas condenadas por prácticas antisindicales tienen prohibición de hacerlo. Si el fallo quedara a firme la Clínica de la UC y la Universidad quedarían en esa condición, ya que funcionan con un solo rut”.
Así lo señala la ley de bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios, en el artículo cuarto, que especifica que quedarán excluidos de contratos públicos “quienes, al momento de la presentación de la oferta, de la formulación de la propuesta o de la suscripción de la convención, según se trate de licitaciones públicas, privadas o contratación directa, hayan sido condenados por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador, dentro de los anteriores dos años”.
[cita]Que el fallo en primera instancia emitido por el Segundo Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago el pasado 20 de septiembre, concluye que la UC incurrió en “actos lesivos de la libertad sindical”, lo que, según explica el abogado del Sindicato Red Salud UC, Joaquín Silva, legalmente le impide celebrar contratos con el Fisco ya que todas las empresas condenadas por prácticas antisindicales tienen prohibición de hacerlo. Si el fallo quedara a firme la Clínica de la UC y la Universidad quedarían en esa condición, ya que funcionan con un solo RUT”.[/cita]
Esto podría traer serias consecuencias para la casa de estudios. Según el gerente de Recursos Humanos de la Red de Salud UC, Andrés León, “los que tendrían un problema importante si la sentencia fuera confirmada, lo que no creemos que pase, son los fondos relativos a compras y participación de licitaciones a través de Chilecompra. Serían los fondos más en riesgo”. Y agrega que “es complejo porque hay una serie de elementos relativos a un tema social importante, ya que entre 35% y 45% de nuestros pacientes son de Fonasa, entonces si esto nos genera problemas de contratación con el Estado ponemos en riesgo a un número importante de pacientes que tendrían complicaciones para obtener la misma calidad de medicina que nosotros entregamos”.
En todo caso la Universidad aún puede intentar revertir el fallo. De hecho hace dos semanas presentaron un recurso de nulidad ante la Corte de Apelaciones de Santiago, ya que según recalca León “estamos convencidos de que este fallo legalmente no tiene asidero”.
El Sindicato Red Salud UC, que agrupa a 1.500 de los 4.500 trabajadores de la red de salud, denunció ante la Dirección del Trabajo (DT) en enero pasado prácticas antisindicales por parte de la Universidad, argumentando que en medio de la última negociación colectiva realizada en noviembre de 2010 la empresa propició la formación de un grupo negociador paralelo, al que se le entregaron mejores beneficios económicos con el fin de impulsar el éxodo de afiliados del sindicato a la nueva instancia.
La DT constató los beneficios y ventajas entregados al grupo negociador por lo que denunció una práctica antisindical ante el Primer Juzgado de Letras del Trabajo, ya que a su juicio la conducta de la UC sería atentatoria contra la libertad sindical y existiría una discriminación consistente en otorgar beneficios a trabajadores en desmedro de los que se encuentran afiliados a la organización.
Este juicio fue perdido por los trabajadores, ya que, según explica Silva “fue rechazado porque la jueza consideró que la denuncia fue presentada fuera de plazo”. Por ello presentaron un recurso de nulidad que hoy se tramita.
Además, presentaron una segunda denuncia, esta vez en el Segundo Juzgado de Letras, pero acotándola al pago de 120 mil pesos por parte de la UC al grupo que no formaba parte del sindicato, siendo este el primer fallo relativo a prácticas antisindicales adverso para la universidad.
Según León, el recurso de nulidad que presentaron “se fundamenta en que no se consideró toda la prueba rendida, desestimándose las explicaciones claras que se dieron de por qué correspondía el pago del bono, que tiene validez y no tiene ninguna intención de perjudicar a nadie por lo que no tiene cómo llegar a ser una práctica anti sindical”.
Además, señala que anteriormente jamás habían tenido problemas con los trabajadores, ya que asegura que “esto corresponde a la mirada de uno solo de los sindicatos de la red y tiene que ver con la actual directiva. Nunca antes había ocurrido. Estamos absolutamente claros de no haber impulsado ninguna práctica antisindical, por lo que nos sorprende este fallo adverso”.
El abogado Joaquín Silva no concuerda con León y considera “un triunfo la resolución judicial, porque significa un reconocimiento del juez que conoce la causa y los hechos. Además el tema antisindical es repetitivo en la católica. En el anterior juicio estábamos en el sistema antiguo y se llegó a un acuerdo”, refiriéndose a un litigio similar de 2008.
