El problema por la falta de una ley que integre, proteja, regule y fiscalice la instalación de estas estructuras data de abril del año 2007, hecho que es impresentable, indican las autoridades comunales.
Los concejales de La Reina Francisco Olea y de Santiago, Ismael Calderón, insistieron este domingo que existe una ofensiva legisladores para obstaculizar la promulgación de la ley que regula la instalación de antenas de celulares.
“Circuló una minuta entregada a la Comisión de Transporte y Telecomunicaciones del Senado, por parte de las empresas de Telefonía Móvil que agrupa a las principales compañías del rubro, señalando que esta Ley puede obstaculizar la instalación de torres y afectar las inversiones del sector que para este año era estimada en más de US$ 1.500 millones. Es decir, un verdadero “Exocet” al corazón del parlamento”, indicaron las autoridades comunales.
Los concejales insistieron en que “al impacto en el entorno y paisajismo, se suma el daño a la plusvalía de las viviendas cercanas a estas estructuras. Mientras un prestigioso diario de circulación nacional indicó que la tasación de casas y el valor de una propiedad declinaba según la distancia en relación a una antena celular. En edificios los precios pueden bajar hasta un 25% y en casas hasta un 30% – en referencia al diario El Mercurio, en “Economía y Negocios”, de fecha domingo 15 de mayo”.
Indicaron que con nuevas bandas de operación disponibles, se abre más competencia para el sector de telefonía celular.
“A las empresas Entel PCS, Movistar y Claro, se sumaron VTR y Nextel, como proveedoras de telefonía móvil. Esta compleja y larga tensión, significó incluso que la presidencia de la República le otorgará “urgencia” a este polémico proyecto de Ley en el mes de diciembre del año 2010. Luego, el ministro de Transportes y Telecomunicaciones anunció “urgencia” en junio de este año. A la fecha cero avance concreto en el Senado”, sentenciaron.
El tema más crítico es el atraso inexplicable para la ciudadanía del proyecto de Ley que regula la instalación de torres de antenas de celulares, que desde el 18 de abril del año 2007, “se sumerge entre papeles y archivadores, y múltiples barreras de indicaciones en el Congreso. Evidencia que el sector de las telecomunicaciones mira con preocupación las indicaciones de la ciudadanía, y despliegan un intenso lobby parlamentario y contratación de importantes oficinas de marketing y asesorías estratégicas para frenar su promulgación. Aspectos, planteado públicamente por los propios legisladores”.
Olea y Calderón añadieron que “no negamos que las antenas celulares son necesarias para una sociedad que necesita de mayores y mejores medios de comunicación. Sin embargo, el acceso a bienes y oportunidades de desarrollo requiere de medidas que protejan a los ciudadanos y contribuyentes, sus estilos de vida, su paisaje y entorno urbano. Así de simple, así de concreto”.
