Ante las críticas del Ejecutivo sobre el actuar de los magistrados en los casos de detenidos en desmanes en la vía pública, el titular del máximo tribunal del país asegura que las estadísticas muestran que el 90% de las peticiones del Ministerio Público terminaron con prisión preventiva y sólo el 10% en libertad.
El presidente de la Corte Suprema, Milton Juica, expresó su preocupación ante la decisión del gobierno de evaluar el criterio de los jueces al decidir su promoción, debido a que teme que esta campaña sea sistemática y que afecte la independencia de los magistrados.
En una entrevista a El Mercurio, Juica señala que hubo un primer acercamiento con el ministro de Justicia, Teodoro Ribera, quien le explicó los alcances de sus declaraciones.
Sin embargo, el titular de la Corte Suprema explica que le llamó la atención de las declaraciones de Ribera, debido a que “si hubiéramos tenido un desencuentro, se entendería; pero como hemos tenido buen trato hasta este momento, no hay motivo por el que uno pudiera entender para qué se hacen estas declaraciones”.
Respecto al cuestionamiento sobre la libertad que se le entrega a los detenidos por desmanes en las marchas, Juica afirma que existen recursos en caso de no estar conformes con la decisión de un juez y que los fiscales recurren a ellos y en la mayoría de los casos la Corte de Apelaciones ha revocado la prisión preventiva.
“Acá, lo que importa es la estadística: el 90% de las peticiones del Ministerio Público terminaron con prisión preventiva, y sólo el 10% en libertad. Estamos hablando de que hay un sistema que reprime más eficazmente, es la estadística importante, no las cosas puntuales de que en una marcha se detuvo a 100 y quedaron presos uno o dos”, precisa el titular del máximo tribunal del país.
Además, reiteró su decisión de defender la independencia de los magistrados y para eso “no es necesario mandar notas de ninguna naturaleza. Seguramente vamos a conversar con el ministro de Justicia, a lo mejor él tiene buenas explicaciones que nosotros podemos escuchar”.
Asimismo, cree que hay temas políticos que terminan, finalmente, entregados a la solución de los tribunales de justicia, “pero no hay que esperar que la solución del conflicto político sea entregada a los jueces. La verdad es que los jueces cumplen una función constitucional de asegurar derechos y respetar garantías, eso no se puede perder de vista. Ahora, si hay problemas sociales, es un tema que tiene que ser resuelto por el poder político”.
Finalmente, Juica precisa que le preocupa que “esto se transforme en una campaña sistemática en contra de los jueces y que se afecte su independencia. Aceptamos las críticas, pero cuando a éstas se les agregan ciertas observaciones en el sentido de que vamos hacer tal cosa, eso nos preocupa. Deja de ser una crítica y es una hostilización”.
