Según el ministro Pedro Pablo Errázuriz un acuerdo firmado entre privados le quitó la potestad para obligar a los buses a incluir cámaras de seguridad y botones de pánico, dispositivos que se echaron de menos en el reciente asesinato de un menor de cinco años. Pero un dictamen de Contraloría podría echar por tierra estos argumentos.
Desde el viernes pasado usted debe pagar $10 más cuando utiliza el Transantiago, por lo que en horario punta la tarifa del bus que cancela llega a $560 y la del Metro a $640. O sea 47 por ciento más que lo que pagaba cuando empezó a operar el nuevo sistema de transporte en febrero de 2007.
Hoy, cuatro años después de la controvertida implementación del nuevo sistema de transporte público y luego de diez alzas, existen diversos servicios que fueron comprometidos inicialmente y que fueron parte sustantiva de los argumentos para reformar el modelo, que aún no están operativos. Entre ellos todo lo referido a mecanismos de seguridad, que incluía cámaras, botones de pánico y grabadores digitales de video (DVR).
La reciente muerte de un niño de cinco años y un adolescente de 15 en un bus del Transantiago evidencia la inexistencia de estos elementos, vitales a la hora de, por ejemplo, identificar a los asesinos, y que fueron parte de las bases de licitación que el Ministerio de Transportes (MTT) adjudicó al Administrador Financiero de Transantiago (AFT) en 2005 y que siguen vigentes como obligaciones (ver documento adjunto).
Así lo recalca la abogada experta en licitación de vías, Jimena Orrego, que asegura que la cartera liderada por Pedro Pablo Errázuriz actúa ilegalmente porque “no está exigiendo los mecanismos de seguridad acordados en circunstancias que tiene que hacerlo, porque el contrato que tiene firmado con el AFT lo obliga a ello”.
En marzo de 2008 y luego de que quedó claro que las funcionalidades tecnológicas que debía proveer el AFT al transporte público no estaban disponibles, este último junto a los concesionarios de vías acordaron complementar los contratos de prestación de servicios y equipamiento tecnológico, lo que se tradujo en que se relajaron las obligaciones comprometidas.
[cita]El acuerdo complementario fue orquestado por el propio ministerio de Transportes, en ese tiempo encabezado por el actual presidente del directorio de Canal 13, René Cortázar. Y pese a que el ministerio no suscribió como una de las partes, Cortázar sí tomó conocimiento de sus contenidos y los aceptó.[/cita]
Lo que según señalan desde el ministerio “incluyó no continuar con la instalación y mantención de las cámaras de seguridad y los botones de pánico, entre otros dispositivos”. Además, explican, esto se hizo “sin la comparecencia de la Subsecretaría, es decir como un acuerdo entre privados”.
Aunque efectivamente la Subsecretaría de Transportes no estuvo presente, el acuerdo complementario fue orquestado por el propio ministerio de Transportes, en ese tiempo encabezado por el actual presidente del directorio de Canal 13, René Cortázar. Y pese a que el ministerio no suscribió como una de las partes, Cortázar sí tomó conocimiento de sus contenidos y los aceptó. Según fuentes ligadas a la renegociación “esta se hizo directamente por el ministerio con la AFT. De hecho la cartera fue asesorada por el estudio de Pedro Pablo Gutiérrez, que era el abogado personal de Cortázar”.
A partir de esta complementación las empresas comenzaron a pagar a AFT sólo de acuerdo al grado de cumplimiento de las nuevas obligaciones tecnológicas, y es en base a este contrato que Errázuriz sostiene que las medidas de seguridad que tanto se echan de menos hoy no están operativas. Y por las cuales Sonda desembolsó unos 20 millones de dólares.
En febrero de 2010 la Contraloría elaboró uno de los dos informes que complican al ministerio y echarían por tierra el argumento en relación a que las exigencias de apoyo a la gestión de seguridad ya no son exigibles (ver documentos adjuntos).
El órgano fiscalizador concluyó que a pesar de que el ministro Cortázar aceptó los contenidos del mentado acuerdo, “el señalado convenio sólo constituye un acuerdo celebrado entre particulares. Por lo expuesto y considerando que el AFT y los operadores pactaron una disminución de las funcionalidades referidas a las obligaciones tecnológicas establecidas en el contrato matriz, se le exigió al ministerio del ramo que formalizara las modificaciones aludidas mediante la suscripción de un acuerdo de voluntades, el que debía sancionarse mediante el correspondiente acto administrativo”.
[cita]En febrero de 2010 la Contraloría elaboró uno de los dos informes que complican al ministerio y echarían por tierra el argumento en relación a que las exigencias de apoyo a la gestión de seguridad ya no son exigibles.[/cita]
En noviembre del año pasado Contraloría definió realizar un sumario administrativo para determinar las eventuales responsabilidades por el incumplimiento del tema, tras lo cual el MTT solicitó una reconsideración que aún está siendo evaluada.
Según la abogada Orrego las conclusiones de Contraloría se traducen en que el acuerdo no tiene ninguna validez frente al ministerio, por lo que mientras éste no realice una modificación de lo firmado originalmente con la AFT “están obligados a exigirles lo que corresponde por contrato”. O sea cámaras y botones de pánico, entre otros.
En esta apreciación coincide otro abogado experto en derecho administrativo, que asegura que “el acuerdo no sería válido para reducir las exigencias que estaban en las bases de licitación”.
El coordinador del Transantiago, Patricio Pérez, rechaza esta interpretación y asegura que a partir del acuerdo que le resta exigencias al sistema “el ministerio ha dejado de pagar esas funcionalidades y cuando Contraloría le paga al AFT quincenalmente lo reconoce”. Con ello, explica, “la propia Contraloría valida que esos servicios fueron sacadas del sistema”.
Pérez asegura que “existe un diseño de contratos viciados” heredado de las administraciones anteriores, por lo que están realizando una completa reestructuración.
