El timonel de la Democracia Cristiana, senador Ignacio Walker no dudó en calificar de “insólito” que el gobierno esté participando directamente en la confección de las plantillas municipales de su sector. Y añadió que “no tengo recuerdo que partidos políticos del gobierno estén negociando sus plantillas en La Moneda”.
Cuando aún ni se inscriben las plantillas de los distintos bloques para participar en las elecciones municipales de octubre próximo, ya comenzaron los problemas. De hecho, con una fuerte crítica reaccionó hoy la oposición ante los trascendidos de que autoridades de gobierno han intervenido para sellar definitivamente el acuerdo municipal del oficialismo. En este contexto, el vocero de la Concertación, diputado Osvaldo Andrade (PS), acusó a La Moneda de intervención electoral, señalando que “la nueva forma de gobernar es sin pudor”.
El timonel del Partido Socialista se mostró visiblemente molesto ante la postura asumida por la autoridad, ya que según ha trascendido el ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, y el vocero de Gobierno habrían participado directamente en el cierre de la plantilla oficialista, en una reunión efectuada pasado el medio día del miércoles en el gabinete del primero, intentado destrabar el conflicto en aquellas comunas donde la derecha no había logrado llegar a acuerdo.
A las críticas de Andrade se sumó su socio de pacto, el timonel de la Democracia Cristiana, senador Ignacio Walker. El máximo dirigente falangista no dudó en calificar de “insólito” que el gobierno esté participando directamente en la confección de las plantillas municipales de su sector. Y añadió que “no tengo recuerdo que partidos políticos del gobierno estén negociando sus plantillas en La Moneda”.
En opinión de Walker lo que ha sucedido no sólo no es ético, sino también ilegal. Y advirtió que “si (esto) es un anticipo de lo que va a ser la campaña municipal es una mala noticia para el país”. El timonel falangista fue enfático en que el gobierno tiene que prescindir de participar en la campaña municipal.
Pese a la molestia generada en la oposición, lo cierto es que existe conciencia de que no se puede hacer nada concreto para evitar que hechos como los denunciados sigan repitiéndose, porque según plantean no existe una legislación que castigue estos hechos o a quienes incurren en ellos. Si bien, en marzo pasado, la Contraloría dio a conocer una serie de normas por las que se deben regir las autoridades en procesos eleccionarios, para evitar que sus acciones sean interpretadas como intervención electoral, estas no apuntan a la actuación concreta de dichas autoridades en situaciones como la participación directa en la elaboración de las plantillas.
Cuando la Contraloría dio a conocer el instructivo, el oficialismo lo respaldó y el entonces presidente de la UDI, senador Juan Antonio Coloma, señaló que “una cosa es tener ideas políticas y el derecho de transmitirlas con fuerza, con pasión, con vocación, otra distinta es usar los bienes del Estado de forma arbitraria. Desde mi perspectiva tienen todos los derechos en la medida que no utilicen para ello ningún auto fiscal ni nada que se le parezca”.
Por su parte, consultado por El Mostrador, el diputado DC Gabriel Silver, quien el año pasado hizo una presentación ante la Contraloría en contra del alcalde de RN Raúl Torrealba, y en la que el organismo le dio la razón, señaló que “no corresponde. Es absolutamente ilegal que un ministro de Estado participe en actividades político partidistas en horario de trabajo y en las dependencias de La Moneda”. A su juicio, el que tanto el jefe de gabinete como el vocero hayan encabezado esta reunión con los dirigentes de los partidos oficialistas con el fin de cerrar las plantillas municipales “configura claramente un acto de intervención electoral” y, en su opinión, es peor aún que haya ocurrido en Palacio, por cuanto La Moneda es un lugar “que debe dar garantías de participación a todos por igual”.
Pese a lo que plantean algunos personeros de la Concertación, según Silver ya existe un precedente en que la Contraloría actuó. En diciembre del 2011 el alcalde de Vitacura Raúl Torrealba, de militancia RN, realizó una reunión partidista en las dependencias del municipio que encabeza. Y el diputado Silver efectuó una presentación ante la Contraloría par que se pronunciara acerca de la existencia de intervención electoral en esta cita. Pues bien, la Contraloría emitió un pronunciamiento con fecha 06 de febrero de este año. Según parte del documento emitido “cabe tener presente que, en conformidad a lo dispuesto en el artículo 40, inciso segundo, de la ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades y, en el artículo 1° de la ley N° 18.883, Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales, el Alcalde tiene la calidad de funcionario municipal. Asimismo, corresponde señalar que la letra h) del artículo 82 de la precitada ley N° 18.883, prohíbe expresamente a los funcionarios regidos por ese cuerpo legal realizar cualquier actividad política dentro de la Administración del Estado o usar su autoridad, cargo o bienes de la municipalidad para fines ajenos a sus funciones”.
Y a juicio del diputado Silver, este pronunciamiento bien se podría hacer extensivo a la cita encabezada este miércoles en dependencias de La Moneda y difundida por varios medios nacionales. Aunque el documento de la Contraloría sobre ese caso también aclara que si bien los alcaldes son funcionarios municipales y tienen responsabilidad administrativa “a ninguna autoridad se le ha otorgado la potestad de aplicarles alguna de las medidas disciplinarias contempladas en la ley N° 18.883”. Lo que se podría hacer extensivo a los ministros, como plantean personeros opositores.
