«Debemos entender que la Contraloría se apiadó del gobierno, titular del proyecto expansivo, sugiriéndole que, para salvar las apariencias, era mejor que voluntariamente lo retirara», sostuvo Patricio Herman, presidente de la Fundación Defendamos la Ciudad.
Organizaciones ciudadanas informaron que la intendenta de la Región Metropolitana, Cecilia Pérez, retiró el 20 de julio pasado de Contraloría General de la República el proyecto de modificación del Plan Regulador Metropolitano, debido -señalaron- al cúmulo de ilegalidades que presentaba, tal como lo denunciaron las organizaciones al ente contralor.
Al respecto, Luis Mariano Rendón, coordinador de Acción Ecológica, señaló que «diversas organizaciones ciudadanas y el mismo Colegio de Arquitectos, le pedimos formalmente al Contralor que no tomara razón de esta expansión urbana impulsada por el Gobierno. Nuestra motivación es que la expansión urbana resulta altamente nociva para nuestra ciudad y agudiza todos los problemas que sufre, como por ejemplo el de la contaminación del aire: Una ciudad que se expande genera viajes motorizados más prolongados y por ende,mayor cantidad de emisiones. Pero ese daño, en este caso, la Intendenta pretendió llevarlo adelante además en forma ilegal, pasando por encima del mismo Consejo Regional».
Por ello, agregó: «Nos alegramos mucho de esta retirada de la Contraloría del proyecto de expansión. Esperamos que no se pretenda volver a la carga mediante otros resquicios y que finalmente, un futuro Gobierno Regional Democratizado, representando a la comunidad y no a los intereses de los especuladores inmobiliarios, sea el que decida sobre su territorio»
Por su parte, Patricio Herman, presidente de la Fundación Defendamos la Ciudad manifestó que «debemos entender que la Contraloría se apiadó del gobierno, titular del proyecto expansivo, sugiriéndole que, para salvar las apariencias, era mejor que voluntariamente lo retirara, más aún si ya en el pasado reciente se lo había devuelto por contener innumerables errores. Queda de manifiesto que la institucionalidad urbana en Chile es de carácter muy precaria lo que debería hacer recapacitar al presidente Piñera».
«Esta expansión horizonal obedece a un antojo del Minvu, servicio del Estado que desea otorgarle discrecionalmente plusvalías patrimoniales a ciertos poseedores de territorios agrícolas y por ello le hacemos un llamado a los parlamentarios de ambos bandos con el propósito de que se modifique la ley para evitar que sea el gobierno de turno el que, vía simples actos administrativos del intendente, decida arbitrariamente sobre materias de interés público. Esperamos que los senadores Antonio Horvath y Soledad Alvear, como los diputados Carlos Montes y Patricio Hales, los 4 conocedores de la materia, convenzan a sus pares para que pronto los asuntos asociados al urbanismo, en especial en lo referente a los usos fuera de los límites urbanos, se hagan conforme a normas legales y no administrativas como actualmente acontece», concluyó.
