«El gobierno, el Poder Ejecutivo, ninguna autoridad administrativa, tiene la atribución de expulsión si es que se ha cometido un delito; eso inmediatamente tiene que pasar al Ministerio Público. En Chile los objetivos políticos y diplomáticos se obtienen respetando la ley y no están sobre la ley», explicó al aclarar que La Moneda no ha tenido intervención en el acuerdo suscrito entre la defensa de los uniformados y el Tribunal de Garantía de Pozo Almonte, para una nueva audiencia, en la que se discutirá la suspensión condicional del procedimiento y que permitiría la expulsión de los militares.
El ministro del Interior, Andrés Chadwick, reafirmó que La Moneda está a la espera de la resolución que adopte la justicia, en el proceso de los tres militares bolivianos enjuiciados por ingresar de modo ilegal y con arma de guerra a territorio nacional.
Aclaró que en Chile se respeta el funcionamiento institucional, el estado de derecho y las leyes vigentes y no corresponde que intervenga.
«El gobierno, el Poder Ejecutivo, ninguna autoridad administrativa, tiene la atribución de expulsión si es que se ha cometido un delito; eso inmediatamente tiene que pasar al Ministerio Público. En Chile los objetivos políticos y diplomáticos se obtienen respetando la ley y no están sobre la ley», explicó al aclarar que La Moneda no ha tenido intervención en el acuerdo suscrito entre la defensa de los uniformados y el Tribunal de Garantía de Pozo Almonte, para una nueva audiencia, en la que se discutirá la suspensión condicional del procedimiento y que permitiría la expulsión de los militares.
«El gobierno también lo ha señalado, si existe dentro del proceso judicial la posibilidad de encontrar una solución judicial y jurídica, el gobierno –obviamente- la respeta y la ve con muy buenos ojos. Por el gobierno que los soldados bolivianos puedan estar expulsados del país ningún problema», precisó Chadwick.
El tribunal de garantía de Pozo Almonte fijo para este viernes la audiencia donde se resolverá el caso, tras un acuerdo suscrito entre la defensa de los militares extranjeros y la Fiscalía, para concretar la suspensión del caso.
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