Nombre ya fue rechazado una vez por el Senado
La Moneda insistirá en opción de Muñoz Pardo para ascender a la Corte Suprema
El diálogo no parte bien y difícilmente llegará a buen puerto, ya que se deja en jaque a La Moneda. “O retira el nombre de Muñoz Pardo o el gobierno insiste, lo lleva a la sala para que no logre los votos necesarios”, recalcan varios senadores en la oposición.
Nadie cede en sus posiciones ni un centímetro. En esas condiciones se retomará la próxima semana el diálogo entre La Moneda y la oposición sobre las vacantes pendientes en la Corte Suprema. Un tema que está congelado desde enero, cuando la propuesta presidencial del juez Juan Muñoz Pardo no contó con los votos opositores necesarios para su aprobación, lo que generó la molestia del oficialismo por el no cumplimiento de los acuerdos adquiridos entre los dos bloques en dicha materia.
Desde entonces La Moneda no cede. Cada vez que se pregunta a alguna autoridad vinculada con el tema, la respuesta es la misma: sacan a colación que “había un acuerdo que no se respetó” y, acto seguido, que el candidato del gobierno es y será Muñoz Pardo.
Ad portas de la votación en la sala en enero, la oposición se retractó del acuerdo que el 2012 había amarrado el entonces ministro de Justicia, Teodoro Ribera, antes de dejar el gabinete, que implicaba elegir al juez Lamberto Cisterna —lo que sucedió— y luego a Muñoz Pardo. Pero este último, desde que fue propuesto por el Presidente Sebastián Piñera generó críticas en varios senadores de la oposición, por sus fallos que en el pasado favorecieron la prescripción y la amnistía en casos de Derechos Humanos. Reparos que agrupaciones de este sector hicieron presente en su momento a varios parlamentarios opositores.
Sin embargo, lo que terminó por aglutinar el rechazo absoluto de las bancadas de oposición fue el reclamo público y privado que hizo el senador DC, Eduardo Frei, sobre el juez, argumentando que se negó a “esclarecer” la muerte de su padre, el ex Presidente Eduardo Frei Montalva.
La Moneda no le perdona a la DC ni a Frei que inclinara la balanza en contra de la propuesta presidencial, en circunstancias —reclaman— que el oficialismo sí respetó su compromiso al dar los votos para Cisternas. Es más, una y otra vez, en el gobierno precisan que la piedra de tope “es un senador que por motivos familiares” rechaza la nominación. En paralelo, se pone el acento a que el propio juez reconoció en la comisión que cambió su opinión sobre la amnistía y que ahora sí está a tono con la doctrina internacional en materia de derechos humanos.
[cita]La propuesta presidencial requiere de la aprobación de los 2/3 del Senado, esto es 25 votos a favor de los 38 parlamentarios en la Cámara Alta. Sin los votos de parte de la oposición, la DC puntualmente, el gobierno no tiene como aprobar el ascenso del juez, ya que el oficialismo posee sólo 16 escaños, más los independientes Carlos Cantero y Carlos Bianchi. En la oposición precisan que el gobierno está haciendo una “evaluación errada” al querer bajar el perfil a los argumentos del sector para rechazar el nombre de Muñoz Pardo.[/cita]
Es en este escenario que el gobierno piensa retomar el diálogo la próxima semana, apostando a que las aguas se hayan aquietado después del terremoto que significó para las relaciones políticas la acusación constitucional contra Harald Beyer. Pero también apuestan a que como el tema de Muñoz Pardo ha estado congelado desde enero, se haya producido alguna modificación.
Las advertencias
Mal cálculo, porque desde la DC precisan que nada ha cambiado, que el rechazo al nombre del dicho juez es un acuerdo de bancada y que éste sigue vigente, que no se modificará.
Es más. En la propia DC apuntan a que en dos ocasiones en los últimos meses, el Ministerio de Justicia ha sondeado el “clima” en la bancada y se le ha recalcado que no hay variaciones.
La situación se le explicó incluso al propio Presidente Piñera no hace mucho, y se le precisó que el tema de Frei Montalva era “algo de sensibilidad máxima” para la colectividad. En ese sentido, se le habría hecho ver al Mandatario que había consciencia que no habían cumplido con el acuerdo que existía, que saben que el juez que ascienda debe ser afín al oficialismo y que no hay reparos en eso, pero se le recalcó que no se cederá en el caso de Muñoz Pardo.
Con eso basta para vaticinar que el diálogo no parte bien y que difícilmente llegara a buen puerto, ya que se deja en jaque a La Moneda. “O retira el nombre de Muñoz Pardo o el gobierno insiste, lo lleva a la sala para que no logre los votos necesarios”, recalcan varios senadores en la oposición.
La propuesta presidencial requiere de la aprobación de los 2/3 del Senado, esto es 25 votos a favor de los 38 parlamentarios en la Cámara Alta. Sin los votos de parte de la oposición, la DC puntualmente, el gobierno no tiene cómo aprobar el ascenso del juez, ya que el oficialismo posee sólo 16 escaños, más los independientes Carlos Cantero y Carlos Bianchi.
En la oposición precisan que el gobierno está haciendo una “evaluación errada” al querer bajar el perfil a los argumentos del sector para rechazar el nombre de Muñoz Pardo. Además, recalcan que en las conversaciones informales en este tiempo se había quedado de esperar una propuesta “amplia” de La Moneda, que abarque posibles nombres para todas las vacantes pendientes que hay hace demasiado tiempo en la Corte Suprema.
De hecho, el nombre de Muñoz Pardo buscaba llenar la vacante que dejó en junio la ministra Sonia Araneda al jubilar. No es el único asiento pendiente en el máximo tribunal del país: el juez Adalís Oyarzún también jubiló ese mes y en enero lo hizo la magistrada Gabriela Pérez, tres cupos a los que se suma el que dejó el fallecimiento en febrero del ministro Roberto Jacob.
Es cierto que el presidente de la Corte Suprema, Rubén Ballesteros, reclamó públicamente por lo sucedido con Muñoz Pardo, pero también hizo ver la molestia por la demora en zanjar estas vacantes, que entorpecen el desempeño normal de la Corte Suprema.
Una nueva carta
En medio de este gallito entre La Moneda y la oposición, el 19 de abril la Suprema llamó a concurso público para la vacante de Roberto Jacob, que está destinada a un abogado externo y no a los jueces de carrera en la Corte como es el caso de Muñoz Pardo, que viene de la Corte de Apelaciones. Hay 10 días de plazo desde entonces y luego, el máximo tribunal realizará una audiencia con los postulantes antes de elaborar la quina de rigor que proponerle a Piñera para que elija un nombre que presentar al Senado.
Esto va en un carril paralelo al caso de Muñoz Pardo, por lo que no es ajeno ni errado pensar que esta quina y el nombre que surja de ella, pueden transformarse en la carta clave para destrabar las negociaciones en el Senado entre el oficialismo y la oposición.
Es que con la cantidad de vacantes que hay en la Corte Suprema, es difícil pensar que La Moneda desaprovechará la oportunidad de dejar una impronta en el máximo tribunal antes que termine el gobierno de Piñera.