Algunos enfrentan problemas políticos y judiciales
La gobernadora de Chiloé figura como indigente en la Ficha de Protección Social, con un puntaje de 2.119, mientras que la autoridad de Santiago enfrenta una querella del CDE por presuntos desvíos de fondos de la reconstrucción cuando era alcalde de Til Til. Al gobernador de Antofagasta, por su parte, se le ha cuestionado su calidad de ex preso político y la pensión Valech que recibe, así como al de Ñuble se le reprocha su gestión cuando era alcalde de San Fabián de Alico.
Un nuevo frente de críticas se abre para el gobierno de Michelle Bachelet, ya que a los cuestionamientos surgidos con los nombramientos de los subsecretarios que tuvieron que renunciar antes de asumir sus cargos, se suman ahora aquellos hacia los gobernadores designados por la mandataria y que enfrentan problemas políticos y judiciales.
La gobernadora de Chiloé, Claudia Placencio Muñoz (PPD), figura con un puntaje de indigente en su Ficha de Protección Social, lo cual la deja dentro del 1% más pobre de la población del país y así lo demuestra un certificado del Ministerio de Desarrollo Social y que da a conocer La Tercera.
De acuerdo a la información, Placencio tiene a marzo de este año 2.119 puntos, mientras que la persona más pobre del país actualmente posee 2.072 puntos.
Las categorías usadas por el Estado señalan que una persona que tenga hasta 4.123 puntos es catalogada de “indigente”, como lo son los ciudadanos en situación de calle, analfabetos o con una discapacidad grave.
Quienes a través de la ficha están considerados como vulnerables son beneficiados en forma automática con ayuda del Estado, como el ingreso ético familiar o distintos bonos, además de contar con la posibilidad de postular a otros beneficios estatales.
A la nueva gobernadora de Chiloé se le aplicó la encuesta para ser ingresada en la ficha en mayo de 2007, fecha en que desempeñaba funciones en el Registro Civil de Santiago y recibía una renta sobre el millón de pesos, de acuerdo a lo que señala el portal de Gobierno Transparente, y posteriormente trabajar en la Subsecretaría de Previsión Social.
Según el diario, este caso provocó críticas privadas de varios parlamentarios, quienes no quisieron opinar en público a la espera de nuevos antecedentes.
Otra de las autoridades cuestionadas es el gobernador de Santiago, Salvador Delgadillo (PC), quien enfrenta una querella de 2013, presentada por el Consejo de Defensa del Estado, por presuntos desvíos de fondos de la reconstrucción cuando era alcalde de Til Til. En este mismo caso también se querelló el concejal RN, Sergio Covarrubias.
Otro flanco de cuestionamientos afecta al gobernador de Antofagasta, Hernán Vargas, quien está en el ojo del huracán por una pensión Valech, por cuanto ha sido puesta en duda su calidad de ex preso político.
Cuando Vargas era concejal, varias agrupaciones de víctimas de derechos humanos pusieron en duda su calidad de ex prisionero político, críticas que también fueron tomadas por parlamentarios de la zona.
La propia diputada por la zona, Paulina Núñez (RN), había puesto en cuestionamiento su condición de ex preso político al señalar que “hace un tiempo surgió una duda de que nunca sufrió alguna violación a sus derechos”.
Otro que se sumó a las críticas fue el senador Pedro Araya, quien sostuvo que lo más grave fue que “él en su minuto señaló que quizás había cometido un error y que iba a renunciar a la pensión. Pero no renunció a la pensión”.
También está cuestionado el gobernador de Ñuble, Cristián Fernández, a quien se reprocha su gestión cuando era alcalde de San Fabián de Alico, cargo del que fue suspendido por el Tribunal Electoral Regional, aunque posteriormente la medida fue revocada.
Entre las acusaciones que se le imputan, figuran problemas de gastos en la unidad de control del municipio, irregularidades en contratos y anomalías en la entrega de bienes municipales.
