A menos de diez días de haber asumido, el gobierno de Michelle Bachelet ya sufrió la baja de diez funcionarios de alto rango. BBC Mundo le explica a qué se debe.
La flamante presidenta de Chile, Michelle Bachelet, comenzó su gestión con una serie de traspiés: esta semana, a sólo ocho días de asumir, debió aceptar la renuncia de cuatro gobernadores provinciales.
Las renuncias se suman a otros seis alejamientos de funcionarios de alto rango que habían sido designados para formar parte del nuevo gobierno.
El torbellino comenzó incluso antes de que Bachelet asumiera la presidencia, el pasado 11 de marzo: a comienzos de febrero, la subsecretaria de Educación nombrada por la mandataria electa, Claudia Peirano, anunció que no asumiría su puesto junto al resto del gobierno.
La número dos de Educación explicó que daba un paso al costado luego de que su designación fuera cuestionada por los estudiantes, que acusan a la economista de estar en contra de la gratuidad total de la educación universitaria, una de las promesas del nuevo gobierno.
No fue la única en abandonar el barco antes de que zarpe. Pocos días antes de asumir, Bachelet debió aceptar la renuncia de tres subsecretarios más que formaban parte de su coalición Nueva Mayoría.
Hugo Lara, de la Democracia Cristiana (DC), rechazó el cargo en la cartera de Agricultura luego de que se hiciera público que fue querellado por estafa y Miguel Moreno, del Partido Radical (PR), renunció a su puesto en la secretaría de Bienes Nacionales tras conocerse que fue acusado, en 2011, de manosear a una mujer en el subte de Santiago.
En tanto, Carolina Echeverría, del Partido por la Democracia (PPD), dejó la subsecretaria de Fuerzas Armadas por los cuestionamientos que vinculaban a su padre, un coronel retirado, con presuntas violaciones a los derechos humanos.
La sangría no se detuvo tras la jura de Bachelet, quien retomó la presidencia por segunda vez, luego de haber gobernado entre 2006 y 2010.
Esta semana la mandataria debió pedir la renuncia de 6 funcionarios más, cuatro gobernadores provinciales y dos secretarios regionales ministeriales.
El caso más sonado fue el de Claudia Placencio, gobernadora de Chiloé, quien debió renunciar luego de que trascendiera que figura en los registros de protección social como indigente, motivo por el cual venía cobrando un bono del Estado.
Por su parte, el gobernador de Ñuble, Cristián Fernández, también debió dejar el cargo a solo una semana de haberlo asumido, en medio de acusaciones de irregularidades financieras ocurridas cuando era alcalde en la localidad de San Fabián de Alico.
A ellos se sumaron los gobernadores de Santiago, Salvador Delgadillo, y de Antofagasta, Hernán Vargas; el primero cuestionado por mal uso de recursos públicos cuando fue alcalde de Tiltil y el segundo por cobrar una pensión destinada a las víctimas del régimen militar, sin haber sido preso político.
A pesar de que la seguidilla de renuncias dio mucho de qué hablar en Chile, donde el tema copó las redes sociales como Twitter, el vocero del gobierno, Álvaro Elizalde, minimizó la cuestión, afirmando que las salidas eran «problemas de instalación» propias de un nuevo gobierno.
Elizalde resaltó que la administración anterior de Sebastián Piñera «tuvo los mismos problemas».
Consultado por los medios chilenos sobre si el gobierno había actuado de forma desprolija al designar a tantos funcionarios cuestionados, Elizalde respondió: «En absoluto, porque las decisiones se tomaron con la información que había en ese minuto, así que no nos hacemos ninguna crítica».
Además, el funcionario destacó el gesto de quienes presentaron su renuncia, afirmando que «están comprometidos con el programa de gobierno y no quieren que esto sea una distracción respecto de lo que es relevante».
Sin embargo, tanto sectores de la oposición como de la propia coalición de gobierno culparon al Ejecutivo por el escándalo de las renuncias y pidieron que el responsable se haga cargo.
«Creemos que lo razonable es que se asuma la responsabilidad por parte del Ejecutivo, de la persona que ha estado a cargo de la designación de estas personas que han tenido que renunciar, que también se aleje de su cargo», dijo el jefe de los parlamentarios de la opositora Unión Demócrata Independiente (UDI), Felipe Ward.
Algunos creen que la polémica es una señal de debilidad del gobierno, otros afirman que no dañará a Bachelet.
Los críticos apuntaron sus dardos específicamente contra el ministro del Interior, Rodrigo Peñailillo, y su subsecretario, Mahmud Aleuy.
Peñailillo explicó que el problema se debió a que los «antecedentes oficiales» de los designados tardaron en llegar, y destacó la transparencia de su administración.
«Aquí lo importante es que cuando hay decisiones el gobierno las comunica. Nosotros comunicamos la decisión del gobierno. El gobierno comunica la información completa y eso es lo que nosotros hicimos», señaló.
No obstante, los críticos creen que la polémica es una muestra de debilidad de la gestión de Bachelet y señalan que ha generado tensiones entre distintos partidos de Nueva Mayoría, como la DC y el PPD.
Para el analista político Manuel Garretón, de la Universidad de Chile, las renuncias son «algo lamentable, que no se esperaba de este gobierno después de los traspiés que sufrió Piñera».
Sin embargo, Garretón descartó que generen un problema a largo plazo en la coalición gubernamental y dijo a BBC Mundo que la controversia no afectará directamente a Bachelet.
«El gobierno no ha perdido su halo inicial y la imagen de Bachelet sigue siendo intocable», consideró.
