Si bien la modificación de la norma no está entre las medidas más urgentes a impartirse durante los primeros 100 días del gobierno de Bachelet, este punto sí forma parte de su programa de gobierno.
El ministro del Interior, Rodrigo Peñailillo, solicitó a un equipo jurídico elaborar una propuesta que modifique la Ley 18.314, también conocida como la polémica «Ley Antiterrorista». Con ello se busca que la medida se adecue a los tratados internacionales que Chile ha suscrito en materia de Derechos Humanos.
La «Ley Antiterrorista», aprobada durante la dictadura militar y modificada luego en varias oportunidades -la última fue en 2010-, ha sido motivo de críticas por parte de organismos internacionales que han cuestionado, sobre todo, su aplicación a individuos en el marco del conflicto mapuche en la Región de la Araucanía. En enero pasado, la ONG Human Rights Watch identificó en el caso de Chile una serie de temas en los que existirían violaciones a los derechos humanos, entre ellos la aplicación de la polémica normativa. Asimismo, poco antes, un abogado de Unicef alertó sobre los resquicios legales que estaría utilizando la Justicia chilena para aplicar esta ley a menores de edad, aunque esto lo prohíbe la ley.
En tanto desde las Naciones Unidas han solicitado en reiteradas ocasiones que Chile modifique la norma. En julio de 2013, el relator especial enviado por el organismo, Ben Emmerson, viajó a nuestro país para investigar durante dos semanas los alcances de la ley, y reunirse con las comunidades indígenas y con autoridades de distintos organismos, así como también del propio gobierno. En la oportunidad, el experto exhortó al gobierno a situar la cuestión mapuche entre las principales prioridades del diálogo político nacional y llamó a no aplicar la «Ley Antiterrorista» ante las reivindicaciones territoriales del pueblo indígena.
Según informó el diario La Segunda, el ministro Peñailillo dio un plazo de seis meses para que su equipo le entregue las propuestas. Asimismo, señalan que el titular ha resuelto no aplicar la ley en actos de demanda social. Sin embargo, se puntualizó que en casos como el del matrimonio Luchsinger-Mackay se «recurrirá a la norma vigente».
Cabe recordar que en febrero pasado la Justicia declaró al machi Celestino Córdova culpable de incendio que cobró la vida del agricultor Werner Luchsinger y su mujer Vivianne Mackay, ocurrido la madrugada del 4 de enero de 2013 en Vilcún. Sin embargo, se le absolvió del delito terrorista, decisión que fue en extenso cuestionada por las autoridades del entonces gobierno.
Si bien la modificación de la norma no está entre las medidas más urgentes a impartirse durante los primeros 100 días del gobierno de Bachelet, este punto sí forma parte de su programa de gobierno. «Nos comprometemos firmemente a la no aplicación de la Ley Antiterrorista a miembros de los Pueblos Indígenas por actos de demanda social. La Ley será modificada para adecuarla a los estándares internacionales», señala el documento presentado durante la campaña presidencial.
Ante el anuncio, la directoria del Instituto de DD.HH. (INDH), Lorena Fries, se mostró satisfecha. «Por fin estamos escuchando mayor sensibilidad que esta ley no puede ser aplicada. Nosotros no hemos planteado su derogación, porque entendemos que todos los países y sobre todo después del atentado a las Torres Gemelas, deben tener una ley porque el terrorismo existe, pero que sea una norma consistente con el derecho de las personas», aseguró.
