El fiscal solicitó al Tribunal de la Libre Competencia (TDLC) que exija un cobro de al menos 30 mil UTA (US$ 26,9 millones actuales) a cada empresa y que se disuelva la Asociación de Productores Avícolas (APA), que supuestamente funcionaría como ente articulador del cartel.
«El cartel más grande que el sistema de libre competencia haya intentado desbaratar», así describió el Fiscal Nacional Económico, Felipe Irarrázabal, el Caso Pollos, en el que se objeta la supuesta colusión entre las empresas avícolas Agrosuper, Ariztía y Don Pollo. En una concurrida audiencia pública en el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC), Irarrázabal exhibió evidencias y elementos probatorios que estaban previamente con reserva, como correos electrónicos enviados entre los principales ejecutivos de las compañías involucradas.
El fiscal solicitó al TDLC que exija un cobro de al menos 30 mil UTA (US$ 26,9 millones actuales) a cada empresa y que se disuelva la Asociación de Productores Avícolas (APA), que supuestamente funcionaría como ente articulador del cartel, según informó el Diario Financiero.
La prueba más antigua del fiscal data de 1994, cuando las empresas implicadas pactaron la «prohibición estricta de usar artificios que se traduzcan en la violación o distorsión de los precios de referencia convenidos». Para resguardar el cumplimiento de este acuerdo se escogió a Juan Miguel Ovalle Garcés como parte del Comité de Evaluación del dicho acuerdo. El presidente de la Asociación de Productores Avícolas es sindicado por la FNE como el gran articulador del articulado.
En declaraciones recientes, Ovalle ha descartado tener conocimiento de las operaciones del convenio. Sin embargo, el fiscal Irarrázabal dio a conocer un fax, con fecha del 19 de mayo de 1994, donde Ovalle le escribía al controlador de Don Pollo, Ramón Covarrubias, que el precio de los productos de segunda podría realizarse sólo al 50% del precio de la lista y que «cualquier otro precio se considerará como un incumplimiento del ‘acuerdo de precios de referencia'».
Según expuso el fiscal, el «cartel de la producción» habría tenido sus orígenes en la década de los noventa, cuando se establece que las empresas deben informar semanal y mensualmente a la APA su producción en kilos, nacimientos, ventas en unidades, kilos y valores, etc.
Desde la APA se defendieron asegurando que «la Fiscalía Nacional Económica tiene conclusiones absolutamente distorsionadas». La entidad gremial aseguró que el precio doméstico está dado por el valor internacional y añadió que el mercado del pollo local es «sumamente competitivo, pues el arancel de productos avícolas es cero, por lo que no existirían las barreras de entrada que cita la FNE». Asimismo, agregó que, a lo largo de su existencia, la APA y su labor ha sido reconocida por autoridades como el actual ministro de Agricultura, Carlos Furche.
«La acusación de la FNE se funda en un puñado de mails», aseguró el abogado de Agrosuper, Luis Eduardo Toro, quien agregó que «más que mails, tiene que haber pruebas económicas y técnicas». En ese sentido precisó que, a su juicio, la FNE excluye el mercado de las partes del pollo y que el mercado del pollo entero tiene sólo un 31% del total, por lo que la Fiscalía estaría errando en su definición de mercado relevante. Asimismo, aseguró que Agrosuper no siguió las sugerencias de carga de la APA, exponiendo cifras avaladas por el DICTUC de la Universidad Católica. Por último, Toro sostuvo que «el intercambio de información investigada es normal y lícita».
Por su parte, el abogado Álvaro Ortúzar, a cargo de la defensa de Ariztía, alegó que los cargos que le imputa la FNE a la empresa son «algo contra toda racionalidad y naturaleza, como que un joven de 15 años se enamorase de una abuela», y cuestionó «¿cómo pudo un cartel haber perjudicado a todos los consumidores y que nadie se haya dado cuenta?». Por otro lado, Ortúzar aseveró que «el precio lo fija el canal supermercadista, mayorista y horeca –hoteles, restaurant y catering–, no las empresas avícolas. Incluso los supermercados manejan un margen del 30% del pollo».
Por último, el abogado Andrés Rioseco, en representación de Don Pollo, aseguró que la empresa «es un competidor pequeño, con un 6% de la producción nacional, por lo que no tiene ningún poder de mercado». Además, sostuvo que «la Fiscalía no acreditó la participación de Don Pollo en un acuerdo de limitación de producción y asignación de cuotas» y que la institución «ha ignorado la presión competitiva de las importaciones, que más que duplican la producción total de Don Pollo». Por último, aseguró que «la sanción solicitada por la FNE es desproporcionada e injustificada. Proporcionalmente, sería aplicar la multa más alta del mundo y su aplicación tendría como efecto más probable la eliminación de Don Pollo del mercado, afectando la competencia futura y perjudicando así a los consumidores».
