«Éstas pueden ser universidades estatales, universidades privadas con vocación pública o universidades privadas que no hayan expresado tal vocación», sostuvo el titular del Mineduc.
El ministro de Educación, Nicolás Eyzaguirre, aseguró que el derecho a la gratuidad podrá ser ejercido en cualquier universidad que los estudiantes elijan y que cumpla con sus expectativas, sólo con la restricción de que estén debidamente acreditadas».
«Éstas pueden ser universidades estatales, universidades privadas con vocación pública o universidades privadas que no hayan expresado tal vocación», puntualizó el secretario de Estado.
Eyzaguirre hizo estas declaraciones ante la Comisión de Educación del Senado, donde confirmó que en los primeros cien días de gobierno se enviarán al Parlamento tres proyectos de ley en educación escolar –fin al copago, al lucro y a la selección– y que durante el segundo semestre se ingresará legislación sobre la educación superior.
En ese sentido, el titular del Mineduc explicó que existen dos pasos para concretar la gratuidad: Sincerar los aranceles de las carreras y mejorar el sistema que acredite la calidad de las universidades. Respecto a lo primero, dijo, «se elaborará un modelo efectivo para determinar los aranceles de referencia de las distintas carreras, ya que los actuales aranceles han sido determinados por circunstancias históricas más que por un estudio serio que dé cuenta de lo que efectivamente cuesta impartir esa carrera».
De igual modo, el ministro de Educación aseguró que existe una «tremenda confusión entre los dineros que las instituciones reciben por docencia y el financiamiento a la investigación, por lo que en muchos casos los aranceles terminan generando costos para los estudiantes cuyo destino es financiar la investigación, que no tendría por qué ser financiada por los estudiantes. Sobre la base del sinceramiento de los aranceles, también tendremos un sinceramiento de los fondos basales requeridos para el financiamiento de la investigación y la extensión, que son bienes públicos que deben ser financiados por la comunidad en su conjunto».
