Agrupaciones de artistas cuestionan trato y otros aspectos de su gestión
En La Moneda sostienen que existe una “mala evaluación” de los cinco meses de trabajo de la ministra –ex encargada de asuntos internacionales de la Fundación Teatro a Mil– por varios factores: mala relación laboral con los equipos de trabajo del Consejo, por no sacar “brillo” a la gestión y las escasas redes con el mundo artístico.
El cuadro se aprecia complejo para la ministra Presidenta del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, Claudia Barattini. A la renuncia de su ex jefe de gabinete, Bernardo Valdés Echeñique, tras no haber podido “cuajar” una relación laboral expedita con la secretaria de Estado y a la carta abierta enviada a la Presidenta Bachelet por la Unión Nacional de Artistas (UNA), en la que se quejaban por la falta de diálogo entre el CNCA y las organizaciones de artistas más representativas del país, se suma la renuncia interna de gran parte del comité de expertos en el área de las artes escénicas del Consejo. También el malestar de otros representantes profesionales del mundo del arte vinculados a Balmaceda Arte Joven (ex Balmaceda 1215), que acusan “improvisación”; y, más recientemente, la preocupación de los miembros de la Comisión de Cultura de la Cámara por el retraso en la presentación del proyecto sustitutivo que crea el Ministerio de Cultura y el mal diagnóstico que existiría en La Moneda por su gestión, en el que se avizora un pronóstico reservado en el futuro político de la ministra.
Al igual que en la elaboración de una obra pictórica, antes de la pinceladas se estructura la idea, analiza el concepto y estudia el diseño. En el diseño, precisamente, de las políticas culturales –que desde hace cinco meses ha asumido la ex agregada cultural en Italia– es que se levantaron en el mes de junio las primeras voces de alerta.
A través de una carta difundida en junio, actores, músicos, artistas visuales, bailarines, escritores y videastas –vinculados a Balmaceda Arte Joven– hicieron una comparación entre las propuestas electorales en materia cultural de la Presidenta Bachelet y el diseño propuesto para su implementación. La elevada expectativa de los artistas –fundada en el compromiso n.º 34 de Bachelet– decía relación a la posibilidad de convertir a Balmaceda en política pública y nacional.
[cita]Tras la exposición, calificada por el diputado Arriagada como “exigua” y “demasiado general”, las primeras dudas no surgieron en torno a la importancia de hacer la consulta, sino en el “qué” se va a consultar. Para Ramón Farías, que advierte que de todos modos se va a generar un conflicto cuando organizaciones indígenas acusen falta de representatividad, la preocupación está dada por la falta de un documento (proyecto de ley) en el que las organizaciones indígenas pudieran pronunciarse.[/cita]
Siendo Balmaceda una de las iniciativas más exitosas en materia de instrucción y estimulación a la creatividad artística de los jóvenes y que ya tiene 20 años, artistas como el Premio Nacional de Artes 2003, Gonzalo Díaz, el artista visual Sammy Benmayor, la fotógrafa Paz Errázuriz, los escritores Pablo Simonetti y Pía Barros, y el cineasta Ricardo Larraín, entre otros 39 artistas de renombre, firmaron un carta en que manifestaron su preocupación por el diseño de 15 nuevos centros culturales para niños y jóvenes, para el cual se anunció que el modelo se definiría con diálogos entre agentes públicos y privados, más reuniones intersectoriales con el Ministerio de la Vivienda, el Instituto Nacional de la Juventud y el Ministerio de Educación.
“Nos parece preocupante que en la definición de esta propuesta estén ausentes los artistas, pieza medular en el éxito del proyecto Balmaceda”, sostienen los firmantes, para luego agregar con fuerza que “pensamos que al despreciar una estructura probada para reemplazarla por una confusa improvisación y al mismo tiempo un importantísimo volumen de recursos, se pierde la oportunidad única de consolidar uno de los modelos de cultura más exitosos, implementados en el país”.
Si bien en el Consejo relativizan esta “indiferencia” del órgano estatal con los artistas, aludiendo a que de “modo alguno” se trata de todos los artistas, puesto que en múltiples ámbitos se han realizado grandes avances, lo cierto es que esta “desconsideración” con los representantes del mundo de las artes se acentuó la semana pasada, cuando la Unión Nacional de Artistas –que agrupa a 18 organizaciones representativas– elevó la voz para denunciar que sus propuestas no eran escuchadas y que entienden como un estilo del gabinete cultural, la falta de diálogo y de vasos comunicantes sólidos. La gota que rebasó este “vaso” fue la “marginación” de la UNA del desayuno con la Presidenta y el Ministro Eyzaguirre, en el cual se analizaría la posibilidad de volver a incluir en el currículo escolar la educación artística.
Esta acentuación –que podría leerse como puntual– se agudizó, ahora, desde el interior de las mesas de trabajo del CNCA. El 21 de julio, cinco miembros de la comisión de expertos en artes escénicas, decidieron enviar un mensaje interno a la ministra, en el que acusaban desgaste en la comunicación con el Consejo. ¿Cómo?, a través de la renuncia masiva.
Pamela López (directora ejecutiva del Teatro UC); Andrea Pérez Castro, directora de programación del Centro Mori; Freddy Araya, productor del Teatro el Puente; Andrea Gutiérrez, presidenta de la directiva de Sidarte; y el actor Ignacio Achurra, renunciaron a la mesa de expertos, coordinada por la dramaturga Lucía de la Maza, luego de comprobar –sostienen– que las discusiones de la comisión, especialmente aquellas orientadas a la creación de la Ley de Artes de Escénicas, no estaban teniendo retorno. En concreto, acusan “desgaste” en las comunicaciones y “pérdida de tiempo”.
La razón estaría en que la institucionalidad cultural, representada oficialmente por Barattini, les restaría validez a los representantes de la Plataforma de Artes Escénicas y a la Red de Salas, instituciones creadas recientemente, pero que gozan de amplia legitimidad en el mundo del teatro. Para ellos, no es problema que la ministra se reúna con Héctor Noguera, que es dueño de una sala, pero no puede comprender en esta acción –argumentan las fuentes– que se está relacionando con las agrupaciones profesionales.
“Nuestras instituciones actúan en bloque y no se está validando a las organizaciones que precisamente se han reunido para trabajar coordinadamente”, acusan.
Esa razón es la que ha llevado a la Plataforma de Artes Escénicas y a la Red de Salas a trabajar por cuenta propia para elaborar el proyecto de Ley que luego harán llegar al Consejo.
Otro punto conflictivo ha sido la tramitación de la indicación sustitutiva que reemplazará al proyecto de Ley de Ministerio de la Cultura que envió al Parlamento la administración Piñera.
En las últimas sesiones, en que ha comparecido la ministra Barattini ante la Comisión de Cultura de la Cámara, diputados como Ramón Farías, Claudio Arriagada, Issa Kort, Marco Espinoza y Guillermo Teillier han reparado, indistintamente, en dos puntos sustantivos: la demora en entregar el proyecto del Ministerio de Cultura y el desconocimiento sobre las preguntas que se harían en la Consulta Indígena.
En la más reciente sesión del 24 de julio, la titular de Cultura y su asesor en materia indígena, José Ancán, presentaron la metodología para la consulta indígena, de acuerdo a los estándares internacionales, que impone el Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales.
Tras la exposición, calificada por el diputado Arriagada como “exigua” y “demasiado general”, las primeras dudas no surgieron en torno a la importancia de hacer la consulta, sino en el “qué” se va a consultar. Para Ramón Farías, que advierte que de todos modos se va a generar un conflicto cuando organizaciones indígenas acusen falta de representatividad, la preocupación está dada por la falta de un documento (proyecto de ley) en el que las organizaciones indígenas pudieran pronunciarse.
De manera paralela, el CNCA ha comunicado públicamente que el proyecto sustitutivo no sería evacuado antes de diciembre, precisamente por lo complejo que resulta hacer la Consulta Indígena, que incorpora, además, a la comunidad afrodescendiente. Esta fecha –asimismo–, ha generado desconfianza en otros organismos dedicados al estudio de las políticas públicas en materia cultural.
Para el Observatorio de Políticas Culturales (OPC), que el proyecto sea presentado en diciembre juega en contra de los compromisos de Bachelet en materia cultural, respecto a tener una nueva institucionalidad bajo su administración.
“Desde el 2000 a la fecha se han creado por ley sólo tres instituciones culturales: el Consejo de la Música, el de Audiovisual y el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes. En promedio, la tramitación de ellos fue de 3 años y 3 meses. Considerando esta tendencia y el hecho de que el gobierno ha puesto como plazo para ingresar la indicación sustitutiva en diciembre de este año, es factible que el proyecto no se logre promulgar en esta administración”, sostiene Julieta Brodsky, Coordinadora de Investigación del OPC.
En Palacio la evaluación no es mejor. Se asegura que la renuncia de Bernardo Valdés (anteriormente había renunciado, aunque por temas personales, otra pieza clave: Tehani Staiger, del área de Fomento) es sólo un síntoma de un modelo de gestión, en el que han trascendido los conflictos internos y para el cual ya existiría un diagnóstico.
En La Moneda sostienen que existe una “mala evaluación” de los cinco meses de trabajo de la ministra –ex encargada de asuntos internacionales de la Fundación Teatro a Mil– por varios factores: mala relación laboral con los equipos de trabajo del Consejo, por no sacar “brillo” a la gestión y las escasas redes con el mundo artístico.
La impresión en el gobierno es que Barattini no tiene buenas redes con el mundo artístico y las que tiene no son representativas y que elige mal a sus interlocutores, lo que redundaría en una falta de conocimiento por las dinámicas de las asociaciones, agrupaciones y organizaciones del mundo de las Artes.
En concreto –admiten– no se vería un horizonte político neto en su gestión.
