Se mantiene «estable y sin riesgo vital».
El general (r) Manuel Contreras, condenado a cerca de 400 años de prisión tras ser condenado en decenas de juicios por violaciones a los derechos humanos, fue ingresado el lunes en el Hospital Militar de Santiago, donde permanece con diagnóstico reservado.
Así lo reveló hoy, citando fuentes de Gendarmería, el portal Emol, coincidiendo con un nuevo procesamiento dictado contra el general y otros tres antiguos subordinados por el secuestro calificado de una opositora a la dictadura en 1974, según informaron fuentes judiciales.
Contreras, de 85 años, sufre desde hace años de problemas renales que le obligan a dializarse periódicamente en el mismo nosocomio castrense, pero habitualmente de forma ambulatoria.
Contreras permanece recluido en la prisión de «Punta Peuco», especialmente construida para violadores de los derechos humanos, que comparte con varias decenas de antiguos agentes represivos.
En tanto, el juez especial Mario Carroza, de la Corte de Apelaciones de Santiago, procesó este mismo martes a Contreras y a otros cuatro de sus exsubordinados por la desaparición de Sonia Bustos Reyes, detenida por agentes de la DINA el 5 de septiembre de 1974 en su domicilio.
De 30 años, y secretaria de un casino de la Policía de Investigaciones (PDI), la víctima militaba en el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), que resistía por la vía armada a la dictadura.
Junto con Contreras fueron procesados los oficiales retirados César Manríquez Bravo, Marcelo Moren Brito, Ciro Torré y Orlando Manzo, este último coronel de Gendarmería.
Sonia Bustos fue detenida junto a sus dos hermanas, que fueron liberadas días después y prisioneros supervivientes testificaron en el juicio haberla visto hasta el mes de octubre del mismo año en «Cuatro Álamos», otro centro de torturas y exterminio de la dictadura.
Su nombre figuró en 1975 en la «Operación Colombo», un montaje de la dictadura para encubrir la desaparición de 119 presos políticos, en su mayoría miembros del MIR, haciéndolos aparecer como caídos en luchas entre facciones de esa organización ocurridas en el extranjero.
Para ello, la dictadura tuvo la colaboración de organismos represivos de Argentina y Brasil, donde se publicaron por única vez los periódicos «Lea» y «O Novo Dia», respectivamente, con la lista de los 119, que fue recogida en Chile por la prensa bajo titulares como «Exterminados como ratas».
En respuesta, unos 300 miembros del MIR recluidos en el campo de concentración de Puchuncaví, a unos 160 kilómetros al noroeste de Santiago, protagonizaron en prisión una huelga de hambre que duró más de una semana, con el objetivo de que se supiera en el mundo la verdad de lo ocurrido.
Sonia Bustos «vivía en función de la humanidad y la justicia social (…). Era militante del MIR y en esta lucha fue detenida y vejada, torturada y humillada como muchos de los detenidos desaparecidos que entregaron su esfuerzo y generosidad, para lograr una vida digna, el imperio de la justicia y la fraternidad entre los hombres», dijo en el juicio su hermana Rosa.
