Pentagate: las comisiones investigadoras de las platas políticas que nacen muertas

Al igual como ocurre cuando estalla cualquier caso rimbombante en la política nacional, la Cámara de Diputados respondió al Pentagate –supuesto financiamiento irregular de campañas políticas por parte del grupo Penta–, con el anuncio de dos comisiones investigadores que se ocupen de conocer en profundidad los mecanismos con que se financian las campañas electorales de las autoridades públicas.

El asunto fue así. El PC señaló a fines de septiembre que impulsaría una comisión que se ocupará exclusivamente del caso Penta. Luego, a inicios de octubre, el principal partido afectado por ese escándalo, la UDI, respondió con una comisión investigadora de todas las campañas políticas del 2005 a la fecha, apuntando directamente al financiamiento de las candidaturas de la Presidenta Bachelet.

La votación en Sala de ambas propuestas ocurrió el 8 de octubre. Más de un mes después de su aprobación, ninguna se ha constituido. En la Cámara explican que es un tema complejo, que incomoda a todos, que puede abrir una caja de pandora, y que en su minuto se evaluó la posibilidad de anularlas, lo que finalmente no prosperó.

Recién el próximo martes ambas se constituirán, luego que los diputados decidieran posponer en una semana el plazo que vencía hoy. Según explica el presidente de la Cámara, el DC Aldo Cornejo, la idea es darles tiempo a los congresistas para que estudien el informe despachado desde la Comisión de Constitución, que estableció límites a la indagatoria, asegurando que solo podrán tratar los temas relacionados con organismos públicos, descartando que la investigación avance hacia las empresas.

“NO VAN A AVANZAR”

Aunque las facultades de la Cámara no alcanzan nunca al sector privado, en el PC reclaman que eso no ha sido tan claro, por ejemplo, en la indagatoria actualmente en curso referida al supuesto lucro en la Universidad Arcis, algo que ha golpeado a ese partido, y que semana a semana ha hecho desfilar a críticos de la administración que el PC tuvo por años en la universidad privada.

Al respecto, el diputado comunista Daniel Núñez dispara contra la dilación que ha tenido la constitución de las comisiones, asegurando que ha obedecido a la influencia que tienen ciertos grupos de poder entre los legisladores: “Veo algo bastante anormal en el funcionamiento de la Cámara, la extensión inexplicable que ha tenido la constitución de estas dos comisiones investigadoras. Creo que esto responde a las redes de poder de un grupo económico muy poderoso como es Penta, y que además tiene el respaldo de un partido político como la UDI. Cada vez más aparecen situaciones inexplicables que dan para pensar que acá hay una situación irregular de gran envergadura, como lo que pasó con el ex subsecretario Wagner”.

El diputado de la DC, Pablo Lorenzini, es directo en su crítica, y asegura que las indagatorias no tienen futuro, porque “unos van a disparar para un lado, otros van a poner el paragua en el otro lado, y al final, lo único que van a hacer va a ser emporcar la política”.

El legislador agrega que “obviamente las comisiones investigadoras en estos temas no van a avanzar”. A juicio de Lorenzini, este es un tema del que debiera ocuparse la Justicia y no el Congreso. “Hay financiamiento irregular, todo esto partió por ese lado. Hay personas afectadas. Pero ¿que los mismos políticos se dediquen a interpretar o a buscar información? Si la Justicia puede operar en este caso, dejémosla operar y saquemos lecciones y cambiemos el sistema haciéndolo más transparente”, argumenta el diputado DC.

Aunque con distintas justificaciones, en la Cámara es generalizada la opinión de que en realidad las dos comisiones “no lograrán nada”, porque los mismos diputados se podrían ver afectados si salen a la luz nuevos antecedentes sobre el financiamiento que les entregan grandes empresas a sus campañas.

[cita]El diputado de la DC, Pablo Lorenzini, es directo en su crítica, y asegura que las indagatorias no tienen futuro, porque “unos van a disparar para un lado, otros van a poner el paragua en el otro lado, y al final, lo único que van a hacer va a ser emporcar la política”.[/cita]

El secretario general de la UDI, diputado Javier Macaya, coincide en que es difícil que logren conclusiones: “Quizás podemos compartir el espíritu de que tiene pocas posibilidades reales de citar a privados, y pocas posibilidades prácticas de llegar a conclusiones”, pero, a juicio del gremialista, al haber dos comisiones se asegurarán que “el trabajo se haga de manera integral y no sesgada”.

A pesar del convencimiento de los congresistas respecto de la inutilidad de las comisiones investigadoras, casi todas las bancadas ya eligieron a sus representantes para esas instancias. En la comisión Penta estarán los PS Leonardo Soto y Fidel Espinoza; el PPD Pepe Auth; el PC Daniel Núñez; los DC Roberto León y René Saffirio; y los RN Alejandro Santana y Gonzalo Fuenzalida. Mientras que la que indagará el financiamiento electoral del 2005 en adelante contará con los mismos representantes DC, RN y PPD, más el PC Hugo Gutiérrez y los PS Daniel Melo y Denise Pascal.

El presidente de RN, diputado Cristián Monckeberg, se refiere a las conclusiones del informe de la Comisión de Constitución que puso límites a las indagatorias que se iniciarán la próxima semana: “El informe de la comisión no fue político, sino que estrictamente jurídico y constitucional, como corresponde a la comisión, y señalamos varios criterios: que las comisiones pueden funcionar unidas o separadas, que no existe ninguna posibilidad que una vez que estén aprobadas se puedan deshacer o echar por tierra, y quedó estrictamente zanjado que nosotros podemos investigar actos de gobierno y no lo que diga relación con la esfera privada, más allá de la eventual invitación que le podamos hacer a una persona, ahí están marcados los límites clarísimos respecto de esta u otra comisión”.

¿A QUIÉN VAN A INVESTIGAR?

Tal como explica Monckeberg, el mencionado informe deja en claro que las facultades investigadoras de la Cámara no podrán alcanzar a particulares. En la página 25 del documento, se hace referencia a una intervención que el 2005 hiciera el entonces senador José Antonio Viera-Gallo, el que en la oportunidad señaló que “otra tentación permanente en las comisiones fiscalizadoras es perder de vista que lo que se fiscaliza son los actos del gobierno y no de los particulares (…) sin embargo, esta regla se burla de muchas maneras, por ejemplo, resolviendo fiscalizar a las autoridades de Gobierno para ver si han cumplido, a su vez la función de control respecto a una determinada materia, con lo cual, en el fondo, se termina investigando la vida o la empresa privada. A este respecto, debe aplicarse el máximo rigor para que no se fiscalicen sino los actos del Gobierno”.

El informe también da cuenta de las posturas asumidas por los actuales diputados en el debate. Por ejemplo, los diputados René Saffirio (DC) y Osvaldo Andrade (PS) concordaron en que “no corresponde que la Cámara investigue actos de sus propios integrantes”.

Durante la discusión, los diputados evaluaron la posibilidad de no constituir las comisiones. Sobre este punto, el informe de Constitución cita al diputado Arturo Squella (UDI), quien señaló que “las Comisiones que motivaron el presente mandato aún no se han creado. De lo contrario, no se justificaría el pronunciamiento que se les ha solicitado. Hoy solo existe la aprobación de dos solicitudes, las que han sido puestas en tela de juicio por parte de la Mesa de la Cámara de Diputados”. Esa postura fue compartida por el DC René Saffirio.

Sobre el punto, Saffirio agregó “las Comisiones Investigadoras en ocasiones no solo son una pérdida de tiempo, sino también generan expectativas en la opinión pública, las que no serán satisfechas”. Andrade volvió a intervenir, asegurando que los diputados de la Comisión de Constitución debían dar una respuesta al “cuadro político que se ha originado”, agregando que “el mandato se realizó porque existe una duda razonable en orden a si las comisiones investigadoras creadas efectivamente cumplen con la disposición constitucional que limita la fiscalización de la Cámara a determinados actos del Gobierno”.

La respuesta a ese argumento vino por parte del PC Hugo Gutiérrez, quien señaló que “la Constitución, la Ley Orgánica del Congreso Nacional y el Reglamento deben ser respetados. Sugerir cualquier otra cosa significa apartarse del Estado de Derecho. Este es una conquista democrática que constituye una garantía frente a la discrecionalidad de la política. Quienes están dispuestos a apartarse de la norma, posteriormente pueden llegar con facilidad a la arbitrariedad y al ejercicio corrupto del poder”, les lanzó.

Cuando la Comisión de Constitución invitó a profesores de derecho constitucional a exponer para resolver sus dudas –asistieron Miguel Ángel Fernández y Patricio Zapata–, el diputado Squella (UDI) consideró la posibilidad de citar a la futura comisión investigadora al actual ministro del Interior, Rodrigo Peñailillo, para interrogarlo sobre su labor como jefe de campaña de la Presidenta Bachelet. Ante eso, Chahin le respondió: “No corresponde que una comisión de la Cámara investigue la forma en que se financiaron o desarrollaron las campañas, porque ello no es parte de lo que se considera un acto del gobierno”. Así de claro.

Claro fue también el abogado Fernández, quien les aseguró a los legisladores que “las facultades fiscalizadoras de la Cámara no se ejercen sobre los actos de las personas”. Patricio Zapata coincidió: “No correspondería que se fiscalice al ministro del Interior por los actos que realizó en cuanto jefe de campaña presidencial”.

En sus conclusiones, el informe de Constitución establece que las investigadoras solo podrán fiscalizar a los actos “que realiza el Gobierno, esto es, el conjunto de órganos y organismos, creados por la Constitución o la ley, que, en cualquier forma, se vinculen con el Presidente de la República, en términos de dependencia, subordinación o supervigilancia”.

Quedan excluidos de fiscalización el propio Congreso Nacional, “las empresas privadas y los actos de los particulares”.

Es decir, las comisiones que comenzarán a investigar la próxima semana el financiamiento de Penta a campañas políticas, y las posibles irregularidades en el financiamiento a campañas del 2005 a la fecha, no podrán tocar temas relativos a empresas, particulares, diputados, senadores ni de funcionarios públicos sobre actos que se hayan cometido como personas naturales. Según cuentan en la testera de la Cámara, el citado informe de Constitución será la biblia de las comisiones.