ANÁLISIS
Nadie se corta las venas, en el mundo, por apoyar nuestra sólida razón jurídica. Por otra parte, el Perú no asume que un fallo favorable a Bolivia podría poner en riesgo su estatus en Arica. Tercero, siguen surgiendo voces de gobiernos importantes a favor de Bolivia, entre las cuales se cuentan nada menos que las de Uruguay y Ecuador. A esta altura, ni siquiera un fallo favorable a nuestro país, a cinco años plazo, podría deshacer el impacto político de este cuadro.
Tres días antes de la insólita –pero previsible– declaración de los gobiernos del ALBA a favor de Bolivia, chilenos importantes reprocharon a Eduardo Frei por hacer públicas las gestiones que realiza en el extranjero, para explicar nuestra posición. Al parecer, querían imponer, como subentendido, que los ex presidentes deben actuar con extrema cautela en el tema de la demanda boliviana, aunque sus actividades sean un secreto de Polichinela.
Eso me recuerda cuando, durante el primer gobierno de Michelle Bachelet, se reprochó al presidenciable Sebastián Piñera por definir nuestro conflicto con el Perú como “controversia jurídica”. Dado que la posición oficial era negar la existencia de una controversia jurídica, usar esa nomenclatura era una imprudencia. Pero, a fines de ese mismo gobierno, los expertos oficiales dijeron que nuestro conflicto con el Perú era “estrictamente jurídico” y nadie les llamó la atención. Fue un cauteloso vuelco en 180°.
Máxima cautela se aplicó al conocimiento de un informe jurídico de Cancillería, de los años 60, del asesor Raúl Bazán, según el cual no se había encontrado un tratado específico como soporte de nuestra frontera marítima con el Perú. Sin embargo, esa cautela sólo sirvió para engañarnos a nosotros mismos. Los datos (obvio) también los manejaba la eficiente Cancillería peruana y la Corte de La Haya recogió el informe Bazán casi como una evidencia: no había tratado específico de frontera marítima entre Chile y Perú, sino un tratado tácito, dijo en su fallo.
Moraleja: a veces quienes llaman a la cautela tienen menos razón que quienes optan por la claridad. Por eso prefieren que sus temas “pasen piola”.
Escamado por esos y otros episodios de disimulo sin causa –muchos de ellos para ocultar chapuzas–, Frei reaccionó duro ante el reciente cargamontón crítico. Dijo que ni la Presidenta Bachelet ni el canciller Heraldo Muñoz le habían llamado la atención por sus dichos. Los molestos serían “ex cancilleres y otros”, por razones que le parecían obvias.
[cita]En esta dulce patria del eufemismo, la respuesta parecía difícil de frasear, pero Frei lo hizo. Sin subestimar nuestra “sólida razón jurídica”, pero ubicándose muy dentro de la realidad, reconoció que la campaña internacional de Bolivia ha sido “muy inteligente y muy exitosa”. Y es así, porque a Evo Morales siempre le importó más su acción política, en la vieja línea de la internacionalización, que la pulcritud jurídica que supone un proceso ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ). En esa línea, aprovechando el largo plazo de exposición que le abrió el proceso, ha cuadrado a su diplomacia y ha liderado una política comunicacional agresiva y consistente. Sabe que arriesga perder el fallo, pero lo que le interesa es arrinconar a Chile.[/cita]
Y para Frei, sin duda son obvias. En línea directa con Carlos Menem, Alberto Fujimori y Hugo Bánzer, él solucionó amistosa y pragmáticamente casi todos los conflictos que estaban en la agenda, legando a sus sucesores una excelente relación con los tres vecinos. Según José Miguel Insulza, en su gobierno se llegó al “nivel más alto en la historia en las respectivas relaciones”. No es poco decir.
Por eso, no le debe ser fácil asumir que quienes tuvieron bastante menos éxito en el manejo de las relaciones vecinales, salgan públicamente a interpelarlo. De ahí que, ante sus cocachos, reivindique su derecho a opinar con la responsabilidad y libertad propias de un ex Presidente e, incluso, contraataque. Quedarse callado ahora, “sería una locura”, advierte.
¿Y por qué sería tan loco enmudecer ahora?
En esta dulce patria del eufemismo, la respuesta parecía difícil de frasear, pero Frei lo hizo. Sin subestimar nuestra “sólida razón jurídica”, pero ubicándose muy dentro de la realidad, reconoció que la campaña internacional de Bolivia ha sido “muy inteligente y muy exitosa”.
Y es así, porque a Evo Morales siempre le importó más su acción política, en la vieja línea de la internacionalización, que la pulcritud jurídica que supone un proceso ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ). En esa línea, aprovechando el largo plazo de exposición que le abrió el proceso, ha cuadrado a su diplomacia y ha liderado una política comunicacional agresiva y consistente. Sabe que arriesga perder el fallo, pero lo que le interesa es arrinconar a Chile.
Nuestro país, por su parte, se ha resignado a dicha judicialización desde el primer momento, al no rechazar el proceso mismo, en 2013, invocando el artículo 53 del Estatuto de la CIJ. Esta opción –que se desestimó por razones misteriosas y sin soporte en informe jurídico alguno– habría privado a Bolivia del escenario mundial que ahora tiene a su disposición. Chile sólo ha pedido a la CIJ, dentro del proceso, que se declare incompetente. Petición que, obviamente, la CIJ puede rechazar. En paralelo, se evita incurrir en actuaciones políticas que puedan ser mal vistas por los jueces.
Por lo señalado, Frei sólo ha dicho que el rey estaba desnudo. Ha osado hacerlo porque, como buen ingeniero, exige transparencia política y no se deja hipnotizar por los consejos cautelosos de los abogados litigantes. Ya sabe que los jueces de La Haya son extraordinariamente creativos y que no es bueno dar la imagen de un país resignado a cualquier invención: “Chile tiene que ser clarísimo en su postura y defender y aclarar (…) muchas autoridades de este país deberían estar actuando en esta materia, defendiendo el interés de Chile”.
No es tarde para escucharlo. A su manera lo hace El Mercurio cuando admite, en su editorial de ayer miércoles, que una eventual sentencia de la CIJ aceptando su propia competencia “es inaceptable”.
De hecho, es un momento decisivo para nuestra política exterior y para nuestra diplomacia vecinal. Por una parte, nadie se corta las venas, en el mundo, por apoyar nuestra sólida razón jurídica. Por otra parte, el Perú no asume que un fallo favorable a Bolivia podría poner en riesgo su estatus en Arica. Tercero, siguen surgiendo voces de gobiernos importantes a favor de Bolivia, entre las cuales se cuentan nada menos que las de Uruguay y Ecuador. A esta altura, ni siquiera un fallo favorable a nuestro país, a cinco años plazo, podría deshacer el impacto político de este cuadro.
Ante eso, no hay que emborrachar la perdiz pidiendo la cabeza de Frei. Eso sólo ayuda a mantener los viejos errores bajo la alfombra y a seguir soslayando que la aspiración de Bolivia, tal como está fraseada ante la Corte, no tiene solución. Sólo podría prosperar en el marco de una negociación previa de Chile con el Perú, pues el objetivo final de Bolivia siempre será Arica.
Mientras tanto, seguimos pagando el costo de nuestro extraño comportamiento internacional. Y así seguirá sucediendo mientras no pasemos de la simplicidad del juridicismo a la complejidad de la política internacional.
