Uno de los directores del Old Grangonian Club está hace 3 meses prófugo, después de que fuera descubierto el fraude mediante el cual supuestamente se apropió de $11 millones de pesos que pidió a los socios para financiar un estudio de derechos de agua, en el contexto de un negocio inmobiliario que realizó la entidad. Juan Pablo Sepúlveda ya había sido condenado por quedarse con $370 millones provenientes de la venta de dos terrenos.
El 25 de septiembre fue dictada una orden de detención contra Juan Pablo Sepúlveda Larraoucau (44), luego que en el rastreo a los registros contables del Old Grangonian Club se descubriera una maniobra a través de la cual supuestamente se apropió de $11 millones. Según informa La Tercera, la investigación partió el 17 de septiembre, cuando la Fiscalía Oriente formalizó a Sepúlveda –quien llegó a ser presidente de la organización que agrupa a los ex alumnos, apoderados y estudiantes de The Grange School– en relación a actividades deportivas y sociales.
Esta investigación se da en el contexto de un desfalco detectado en 2012, por el que Juan Pablo Sepúlveda fue condenado a 541 días de presidio remitido. En este caso, se apropió de $370 millones provenientes de la venta de dos terrenos que la entidad hizo a la comunidad religiosa Baha’i en Chile.
La corporación, ligada al prestigioso colegio privado, apeló a esta condena, agregando una nueva acusación contra Sepúlveda, a quien Carabineros no ha logrado ubicar hasta el minuto. «En el contexto de la auditoría antes referida, la sociedad descubrió que, durante el transcurso de 2009, el querellado indicó a los miembros del directorio que con motivo de la venta de los terrenos donde funcionaba el Old Grangonian Club debía hacerse un estudio de derechos de agua de dicha propiedad”, dice el documento judicial consignado por La Tercera.
El estudio costaba $11 millones, pero ese dinero fue a parar al patrimonio personal de Sepúlveda. «El imputado jamás efectuó el requerido encargo con el cual engañó a la sociedad, procediendo, luego de recibir los cheques, a endosarlos a su nombre, y el último de ellos a su mujer, para posteriormente depositarlos en su cuenta corriente”, detalla la apelación.
La Corte de Apelaciones acogió la apelación, calificando a Sepúlveda como un «peligro para la seguridad de la sociedad» y además afirma que “se ha comprobado también que el régimen de pena alternativa que se le benefició no lo está cumpliendo en la actualidad”.
