Es el caso del hospital Parroquial de San Bernardo, que depende del obispado sanbernardino encabezado por el obispo Juan Ignacio González, y la Clínica Universidad de Los Andes.
El anuncio del rector de la Universidad Católica, Ignacio Sánchez, respecto a que la red de salud UC no practicará abortos ni siquiera si una ley legaliza la interrupción del embarazo en causales como la inviabilidad del feto, violación o el riesgo de vida de la madre, llevó a dos instituciones de salud ligadas al Opus Dei a sumarse a esa postura.
Es el caso del hospital Parroquial de San Bernardo, que depende del obispado sanbernardino encabezado por el obispo Juan Ignacio González, y la Clínica Universidad de Los Andes.
El director médico de esta última, Ricardo Espinoza, dijo de manera tajante al diario El Mercurio: «No realizaremos abortos, porque como institución y como profesionales, estamos comprometidos con el respeto del derecho a la vida, desde su concepción hasta su muerte natural».
Y sobre las causales para que proceda un aborto terapéutico, como lo plantea el proyecto que sobre la materia está impulsando el Ejecutivo, expresó que no cree que «la solución a la tragedia de un embarazo producto de una violación sea recurrir a la tragedia superior del aborto, como tampoco suprimiremos el derecho a la vida de aquellos niños que reciben el diagnóstico prenatal de inviabilidad fetal».
En ese sentido, afirmó que «nuestra experiencia profesional nos confirma que para la salud física y mental de esas madres es mejor continuar con ese embarazo, recibiendo de parte de nuestros profesionales todo el apoyo y orientación para sobrellevar de la mejor manera ese proceso».
Por su parte, el obispo González afirmó que el Parroquial es un hospital que «tiene una declaración de principios escrita hace muchos años, en la cual se señala que en el recinto no se realizarán acciones contrarias a la vida humana y que quienes trabajan en el hospital deben adquirir ese compromiso».
Y eso implica, dijo, «respetar la vida humana del que está por nacer bajo cualquier circunstancia, ya sea una violación, sea una malformación que pueda influir en la vida futura del niño, o sea una enfermedad de la madre».
Consultado sobre si la negativa a practicar abortos podría afectar los recursos que entrega el Estado al centro hospitalario, consideró que sería «una injusticia tremenda contra las personas y una arbitrariedad», considerando que son recursos que permiten darles atención a 150 mil beneficiarios.
