Tras audiencia por demanda laboral contra empresa de Natalia Compagnon
Quien fuera el encargado de gestionar el millonario préstamo que recibió la firma de la nuera de la Presidenta Michelle Bachelet, confirmó que el sábado entregó todos los antecedentes al fiscal Sergio Moya. Este último incautó esta mañana documentos de la Dirección de Obras de la Municipalidad de Machalí, para recabar más antecedentes del caso.
El abogado Rodrigo Lillo, quien representa al ex transportista Sergio Bustos en la demanda laboral que éste interpuso contra la empresa Caval, de propiedad de la nuera de la Presidenta Michelle Bachelet, Natalia Compagnon, confirmó este miércoles que su cliente ya prestó declaración el fin de semana ante el Fiscal Regional de Rancagua, Sergio Moya, en la indagatoria del millonario negocio que concretó la firma en Machalí, luego de obtener un préstamo por 6.500 millones de pesos por parte del Banco de Chile y que se concretó después de la polémica reunión de Compagnon y su marido, Sebastián Dávalos Bachelet, con el empresario y vicepresidente de la entidad bancaria, Andrónico Luksic, a fines de 2013 y durante los días en que la Mandataria ganó la segunda vuelta presidencial.
El profesional, quien además detalló que Bustos se encuentra bajo protección policial, abordó el tema esta mañana al concluir en el Primer Juzgado Laboral de Santiago una audiencia de preparación del juicio contra Caval, en la que no hubo acercamiento alguno entre las partes.
Lillo detalló que Moya compareció ante el fiscal en calidad de testigo y que la diligencia -en la cual no participó– se habría extendido por alrededor de tres horas.
La información la confirmó posteriormente Bustos cuando se retiraba del tribunal, oportunidad en la que no quiso ahondar sobre su declaración al Ministerio Público, limitándose a señalar ante el acoso de los periodistas que «no voy a decir nada, está todo en la Fiscalía, pregúntenle al fiscal». Pero confirmó, con un escueto «sí», que había presentado entre los antecedentes un correo electrónico que supuestamente involucra en el caso a una alta autoridad del Gobierno. Enfatizó que se trata de información que no podía revelar y que se encuentra «bajo secreto de sumario en la Fiscalía».
Sí se explayó un poco más sobre la audiencia de esta mañana, donde Caval le ofrecía pagarle sólo 38 millones en vez de los más de 200 que está exigiendo por el no pago de los servicios profesionales que supuestamente prestó a Caval, precisamente para conseguir los recursos para los terrenos agrícolas que la empresa de Natalia de Compagnon compró y vendió a mayor precio –$9.000 millones– con la promesa de que cambiaría el uso de suelo para el desarrollo de proyectos inmobiliarios.
Consultado sobre el ofrecimiento de la firma de sólo 38 millones –y que es la suma mínima que planteó la titular del tribunal–, Bustos expresó que «si me están debiendo docientos treinta y tantos millones de pesos, que es lo que cobró el abogado en el juicio, y si me ofrecen 38 millones, ¿es un chiste o no es un chiste? Yo trabajé 14 meses y me saqué la mugre y tengo todas las pruebas de que me saqué la mugre». Finalmente afirmó que en este juicio llegará «hasta el final».
Mientras las partes se retiraban del tribunal, Radio Bío Bío informaba que el fiscal Sergio Moya había llegado junto a personal de la PDI y otros funcionarios del Ministerio Público hasta la Municipalidad de Machalí para incautar documentos en la Dirección de Obras, en el marco de la investigación del Caso Caval.
Fue precisamente su demanda contra Caval la que hizo estallar el tema que terminó con la salida el viernes 13 de febrero de Dávalos como director Sociocultural de la Presidencia. El martes último, Bustos hizo arder la pradera después de declarar, primero al portal El Líbero y luego a distintos medios de comunicación y en un comunicado, que los abogados de Caval le habían ofrecido dinero para mantenerse en silencio y retirar la demanda mediante un contrato donde se le pagaban 160 millones de pesos y al mismo tiempo arriesgaba una multa de 5 mil unidades de fomento (UF) si entregaba cualquier antecedente sobre el caso.
Dijo que el acuerdo no prosperó porque sólo le ofrecieron pagar $11 millones con un cheque al día y el resto a 60 días sin detallar las condiciones del pago, pero sí de la multa que debía pagar si hablaba.
Lillo, en tanto, dijo que ahora lo que resta es que se lleve a cabo el juicio propiamente tal contra la empresa de Compagnon y que se efectuará el día 6 de abril.
