Cuarta Sala de la Corte de Apelaciones desestimó alegatos de la defensa
Los controladores del holding junto al ex subsecretario de Minería durante el gobierno de Sebastián Piñera, Pablo Wagner, deberán permanecer en el Anexo Capitán Yáber, centro en el que se encuentran desde hace siete días.
Cuatro de los seis imputados en el Caso Penta y que cumplen siete días en prisión preventiva continuarán recluidos en el Anexo Capitán Yáber, luego que la Cuarta Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago decidiera rechazar los argumentos expuestos por las defensas.
De esta forma, los controladores del holding, Carlos Eugenio Lavín y Carlos Alberto Délano, junto al ex subsecretario de Minería durante el gobierno de Sebastián Piñera, Pablo Wagner, deberán permanecer en prisión preventiva, mientras abogados buscarán la forma de revertir esta situación y lograr que accedan a la libertad con medidas cautelares menos gravosas. Igual medida se aplica a Iván Álvarez.
En tanto, el ex gerente general del conglomerado económico Hugo Bravo, quien ha estado internado en el Hospital Penitenciario desde su ingreso al penal, fue revocada la decisión y se le conmutó por la de arresto domiciliario y arraigo nacional. Esta situación también afecta al ex gerente de contabilidad de Penta, Marcos Castro.
El titular del 8° Juzgado de Garantía, Juan Manuel Escobar, había dejado con orden de arraigo y arresto domiciliario nocturno al suspendido funcionario del SII Juan Martínez -a quien se le imputa un delito de cohecho-, bajo el régimen de arresto domiciliario al gerente de Penta y dejó bajo arresto domiciliario al actual gerente general de Penta Manuel Antonio Tocornal.
La audiencia comenzó con retraso, debido a que existía la inquietud que fuese suspendida, debido a que la abogada integrante de la Cuarta Sala de la Corte de Apelaciones, Claudia Chaimovich, fue recusada por la defensa de los imputados por su antigua militancia en el Partido Socialista.
Sin embargo, la abogada María Cecilia Ramírez también fue recusada por las defensas, por lo que el tribunal quedó finalmente integrado por los ministros Juan Escobar y Alfredo Pfeiffer y el abogado integrante Mauricio Decap.
El abogado de Ciudadano Inteligente, Mauricio Daza, explicó que jurídicamente existen los antecedentes para decir que la prisión preventiva responde a la gravedad de los hechos que se imputan a los implicados en el caso Penta.
Posteriormente, el abogado de los controladores de Penta, Julián López, quien pidió cambiar la medida cautelar de prisión preventiva por una medida menos gravosa, ya que argumentó que las responsabilidad penales tiene que ver con la distribución de competencias al interior de la empresa, y la fiscalía no ha hecho el intento de investigar quienes eran esos responsables.
«La prisión preventiva se está utilizando para imponer una pena anticipada donde no se satisfacen los requisitos legales para esa privación de libertad», precisa y se pregunta si «¿Es este el perfil de una persona que debe ser catalogada como peligrosa para la sociedad?».
Además, añade que respecto del delito de soborno que se ha imputado a Lavín y Délano, estima que los antecedentes que se han dado para tratar de comprobar el hecho, «dejan evidencia que tal delito no existe».
«Délano y Lavín son los únicos imputados que tienen pena menor y están en prisión preventiva», explica, agregando que «lo primero que quiero plantear es un problema de equilibrio».
Posteriormente, el abogado Sebastián Del Pozzo, defensa del ex subsecretario de Minería Pablo Wagner, señala que los pagos al ex funcionario público se hicieron por una relación laboral con Penta.
El abogado cita que menciones a SQM han sido «trascendentes» en la investigación, mencionando que Wagner devolvió 40 millones para reparar con celo el mal causado.
Sebastián Dal Pozzo recalca que «hay una real intención de colaborar» de parte de la ex autoridad, argumentando que «los delitos imputables son solamente dos», recordando los beneficios como que «el delito de cohecho requiere la participación de dos o más personas».
Luego le tocó el turno a la abogada del ex gerente de Penta, Hugo Bravo, Catherine Lathrop, quien recuerda que el SII y parte de los acusadores «no habían solicitado la medida cautelar de prisión preventiva» contra su cliente.
La profesional también recuerda la diferencia de criterios entre el CDE y el Ministerio Publuci, argumentando que «se cuestiona el concepto de peligro para la sociedad», añadiendo que «Hugo Bravo no es un peligro para la sociedad; no sólo entrega información donde se autoinculpa, cortó su red de contactos».
Finalmente, Lathrop sostiene en su argumento la «necesidad de proporcionalidad (de medidas cautelares) con la pena posible», según estipula la ley.
Por su parte, una de las intervenciones más importantes de la audiencia fue la que hizo el fiscal Carlos Gajardo, quien fustigó el intento de la defensa de los controladores de Penta de culpar la «mediatización» del caso por parte de la prensa para que el tribunal determinara la prisión preventiva de sus clientes.
“La fiscalía sólo ha hablado en audiencias. Es la defensa la que se ha paseado por los distintos canales y medios de prensa. Parece que la defensa olvida la gravedad de los hechos que se le imputan a sus representados”, sostuvo.
En otro punto de su intervención, Gajardo recordó que nunca antes se había tratado un caso con tal cantidad de delitos cometidos de forma secuencial, según lo que argumentó con la gran cantidad de boletas y documentos emitidos con el fin de evadir impuestos y financiar campañas políticas.
“Nadie pensaba el nivel de relación entre los controladores de este grupo y determinados políticos”, explicó.
