A partir de la querella presentada por el SII
Aunque la querella presentada el lunes es contra el geógrafo y recaudador como persona natural y en un período muy acotado, la acción penal permitiría investigar al Ministerio Público todo lo que estime pertinente en relación a él, incluyendo su empresa Asesorías y Negocios para la que trabajaron varios profesionales ligados a la Nueva Mayoría.
El lunes, el Servicio de Impuestos Internos (SII) presentó una querella en contra de Giorgio Martelli Robba, geógrafo de la Universidad de Chile y especialista en recaudación de fondos para campañas políticas tanto de la Concertación como de la Nueva Mayoría. Aunque Martelli ha estado cuestionado a partir de los pagos que eventualmente trianguló desde su empresa Asesorías y Negocios SpA, y que llegaron entre otros al director del SII, Michel Jorratt, y al ex ministro del Interior Rodrigo Peñailillo, esta acción penal es contra él como persona natural y no incluye a esta firma.
Precisamente al SII le interesa demostrar que se cometieron delitos a partir de octubre de 2009 y hasta febrero de 2010. En ese período, Martelli le pidió a la contadora Clara Bensan Jofré emitir boletas eventualmente falsas por un total de $92 millones a través de su empresa Asesores en Gestión Integral Limitada, las que fueron entregadas a Soquimich. La minera desembolsó por esta vía el dinero que, según el testimonio judicial de Clara Bensan, fue a dar a la campaña presidencial de Eduardo Frei en 2009. El ex Presidente hasta el minuto había estado fuera de los políticos salpicados por este escándalo de financiamiento irregular.
El SII en la querella afirma que «estas operaciones constituyen un contrato de donación, las que fueron encubiertas por las partes», cuyo perjuicio fiscal deberá ser determinado por el Ministerio Público.
Contra lo que se podría pensar, por lo acotado de la querella, sólo entre octubre de 2009 y febrero de 2010, la acusación contra Martelli como persona natural sin incluir su empresa Asesorías y Negocios, lejos de blindarlo, faculta al Ministerio Público, si encuentra antecedentes que lo ameriten, a investigar todo lo que tenga que ver con él. En este escenario cabría indagar las operaciones de Asesorías y Negocios.
Con esta empresa Giorgio Martelli pagó, a través de la solicitud de distintos y variados informes, a varios profesionales ligados a la política, entre ellos el ex ministro Rodrigo Peñailillo, varios de sus ex asesores y el propio director del SII, Michel Jorratt. Asimismo, el asesor de Hacienda Enrique Paris; la Secretaria Ejecutiva del Consejo Nacional de la Infancia, Estela Ortiz; el jefe de Gabinete del Ministerio de Educación, Harold Correa. Todos ellos han asegurado que se trató de trabajos reales realizados a la empresa.
Pero si el Ministerio Público decide investigar a partir de la querella a Martelli, probablemente sean citados a aclararlo en la Fiscalía. Por último, hay $245 millones que la empresa de Martelli recibió desde la filial SQM Salar.
