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Gobierno de Bachelet defendió secreto por 50 años de Informe Valech en Corte Interamericana de DD.HH.

por 30 julio, 2015

Gobierno de Bachelet defendió secreto por 50 años de Informe Valech en Corte Interamericana de DD.HH.
Envió dos documentos al organismo, en noviembre de 2014 y en mayo pasado.
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El Gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet envió dos documentos a la Corte Interamericana de Derechos Humanos donde defendió el secreto por 50 años de los testimonios de las víctimas de prisión política y tortura establecidos en el Informe Valech.

Según consigna hoy La Tercera, los textos fueron remitidos en el marco de la demanda presentada en 2003 en contra del Estado de Chile por las sentencias dictadas en contra de 30 ex oficiales de la Fuera Aérea de Chile (FACh) –entre los que se encuentra el fallecido ex general y padre de la Presidenta, Alberto Bachelet–, quienes fueron condenados por tribunales militares bajo el cargo de sedición y traición a la patria.

Los representantes de las víctimas buscan obligar al Estado a eliminar el secreto que se mantiene respecto de los detalles del Informe Valech para que los tribunales de justicia accedan a información que permita indagar en detalle las torturas y encontrar a todos los culpables.

El Gobierno de Bachelet envió un primer documento a la Corte Interamericana de DD.HH. el 19 de noviembre de 2014.

“El éxito de las tareas encomendadas a la comisión estuvo, en gran medida, vinculado a la confidencialidad y reserva con que, desde su creación, se revistió a sus actuaciones y a las informaciones que recabó (...) dicha reserva permitió que las personas directamente afectadas por prisión política y tortura encontraran en dicha instancia un espacio de acogimiento y de respetuosa consideración hacia sus personas y hacia sus dolorosas experiencias”, dice el escrito.

"La Comisión Valech fue creada con una finalidad única y específica: determinar las personas que sufrieron privación de libertad y torturas por razones políticas, por actos de agentes del Estado o de personas a su servicio, entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1990 (...) el mismo decreto que creó dicha instancia, en su artículo 3°, estableció perentoriamente que sus actuaciones no constituyen actividad jurisdiccional y que de manera alguna podría asumir funciones de tal índole. La naturaleza de la función encomendada a la comisión es exclusivamente la recién descrita; no es ni jurisdiccional, ni de investigación, ni de difusión, ni periodística”, agrega el documento.

El 25 de mayo se envió un segundo informe donde se señala que “el fundamento de dicho secreto obedeció a múltiples razones, entre otras, al compromiso formal del gobierno con las víctimas que concurrieron a dicha instancia a prestar su testimonio”.

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