Canciller Muñoz dijo que información corrobora lo dicho por testigos
Peter Kornbluh, director de la sección ‘Chile Documentation Project’ del National Security Archive y responsable de la investigación, dijo que los «abundantes» detalles de los archivos desclasificados podrían servir de apoyo a la acusación contra los responsables del crimen.
Augusto Pinochet fue el principal responsable de las maniobras de encubrimiento del denominado «Caso Quemados», según cinco cables confidenciales del gobierno de Estados Unidos que publicará hoy el National Security Archive.
Según consigna este viernes el diario español El País, Pinochet en persona ordenó que se frenaran las pesquisas para determinar la responsabilidad de los hechos ocurridos el 2 de julio de 1986, cuando patrullas militares quemaron con gasolina al fotógrafo Rodrigo Rojas y a la estudiante universitaria Carmen Gloria Quintana.
“Los abundantes detalles de los documentos desclasificados podrían servir de apoyo a la acusación (…). Los documentos vinculan a Pinochet con el encubrimiento de un crimen de cuya autoría militar no caben dudas”, sostiene Peter Kornbluh, responsable de la investigación.
De acuerdo a los archivos del National Security Archive, las maniobras para ocultar los hechos comenzaron en el mismo hospital de urgencias adonde fueron transportados los jóvenes, gravemente heridos.
En un primer cable estadounidense, enviado desde la embajada en Chile al Departamento de Estado el 8 de julio, dos días después de la muerte de Rojas, se dice ya que el joven fue “quemado de forma deliberada por soldados”.
“Médicos en la Posta Central afirman que el director de la Posta obstruyó el traslado de Rojas a una clínica mejor equipada para tratarlo”, indica el reporte estadounidense.
«El director médico de la Posta Central, identificado como el doctor Guzmán, escribió una nota en el historial médico (de Rojas) ordenando que no recibiera visitas debido a los problemas legales de su caso y de Quintana, y que tampoco debía ser trasladado”, señala el cable, lo que “impidió que se tomara cualquier declaración legal», añade.
El 14 de julio, un segundo documento, remitido esta vez a la Casa Blanca, advierte que, pese a las declaraciones de testigos y una investigación de la inteligencia chilena que “claramente” señala a miembros del Ejército como responsables del ataque a los dos jóvenes, “el Gobierno chileno, siguiendo directivas de Pinochet, está tratando de tachar públicamente como terroristas a Rojas y a Quintana, que habrían sido víctimas de sus propios cócteles molotov”.
“No es probable que Pinochet vaya a permitir que se juzgue a soldados, ni siquiera si un investigador oficial los señalara como los culpables. Si se desbarata la defensa del cóctel molotov, deberíamos esperar otras explicaciones, como que responsabilicen a comandos comunistas”, afirma el mensaje.
Una semana después Santiago informa al Departamento de Estado en Washington que el informe final de Carabineros concluye que la investigación “indica claramente que los miembros de una unidad militar chilena de patrulla estuvieron involucrados en la quema de los dos jóvenes”, aunque solo se identifica a uno de los responsables con nombre.
Según los cables, el director general de Carabineros de la época, Rodolfo Stange, le entregó el informe el 11 de julio a Pinochet. Ante ello, el dictador contestó que «no creía el informe y se negó a recibir el documento del general Stange».
A fines de agosto, la inteligencia militar estadounidense señala que el gobierno chileno “ha cambiado varias veces su versión sobre su implicación en la quema y posterior muerte de Rodrigo Rojas y aparentemente ha emprendido una campaña de intimidación para presionar a los testigos” del crimen.
“Algunos miembros del gobierno probablemente seguirán intimidando a los testigos para convencerles para que cambien su testimonio, con el objetivo de liberar al régimen de responsabilidad alguna del crimen”, agrega.
El último cable publicado data del 18 de diciembre y lo firma la CIA. En él se cita a abogados relacionados con el caso, de acuerdo a los cuales “el ministro de Justicia, Hugo Rosende Subiabre, está ejerciendo presión sobre el fiscal del Estado y los jueces para atascar y finalmente desestimar el caso por falta de pruebas”. El objetivo, según deduce el informe estadounidense, es “alargar el caso”, porque mientras no haya una sentencia los abogados de Rojas no podrán acudir a la Corte Suprema, que es “su mejor oportunidad de exponer los detalles del asesinato” del joven.
«Los documentos exponen detalles desconocidos de un caso crucial en la historia de violaciones de derechos humanos en Chile y, también, en las relaciones entre el régimen de Pinochet y EE. UU.”, dijo Kornbluh a El País.
«No he leído esos textos todavía, pero debo anticipar que no me sorprende, porque los que conocimos el denominado caso Quemados sabemos que hubo encubrimiento por parte de la Fiscalía Militar de la época, basta leer los diarios y publicaciones de esos tiempos», sostuvo el ministerio de Relaciones Exteriores, Heraldo Muñoz.
«Ahí queda muy claro que hubo testigos, vecinos, que vieron todo esto, que contaron la verdad y sin embargo el juez que se hizo cargo del asunto no investigó y acogió 100% la versión trunca, de encubrimiento que le presentó en ese momento la Fiscalía Militar», agregó en ADN Radio.
Sobre la labor del Archivo Nacional de Seguridad de la Universidad de Georgetown, el jefe de la diplomacia chilena dijo que «es gente seria que hace una muy buena investigación, y me alegra que estén haciendo una contribución. Esperamos la verdad, que ahora está en manos de la justicia».
De igual modo, recordó que «en la época Rodrigo Rojas de Negri era residente permanente de EE.UU., y por lo tanto había un interés directo del gobierno de EE.UU. de interesarse en esta situación, de proteger a un residente permanente, y los que vivimos esa época recordamos al propio embajador de EE.UU. que estuvo presente en su funeral».
