A juicio del legislador del MAS, ante la creación de Acquisition el Gobierno «debe dejar de ser observador de un problema que deslegitima la institucionalidad. No es posible que el Gobierno se mantenga imperturbable mientras las AFP le roban en la cara 410 millones de dólares al fisco”.
Como «un robo a mano desarmada» calificó el senador del MAS Alejandro Navarro, que la superintedenta de Pensiones, Tamara Agnic, haya autorizado la creación de una nueva AFP a su juicio «fantasma», denominada Acquisition, paso previo para la fusión con AFP Provida, lo que permitiría al grupo Metlife acceder a un goodwill tributario de $183 mil millones de pesos.
«Esta situación no sólo revela las profundas grietas que existen entre la superintendenta de Pensiones y la ministra del Trabajo (Ximena Rincón), sino que deja ver la profunda crisis del sistema de pensiones, así como la debilidad institucional y del Estado para proteger el interés público y el de los afiliados”, afirmó el parlamentario.
Agregó que «queda claro que las AFP están preocupadas solo de aumentar su capital, y no de mejorar las pensiones. Esta es una situación que debe ser considerada por la Comisión Bravo a la hora de presentar la propuesta para reformar el sistema de pensiones, teniendo en cuenta que una AFP estatal no resuelve el problema».
El parlamentario precisó que «es el fisco de Chile, es decir, los 17 millones de chilenos, quienes producto de esta operación irregular podrían dejar de percibir 183 mil millones de pesos en impuestos que podrían ser utilizados en la implementación de políticas sociales».
Alejandro Navarro dijo que “si bien, el selecto grupo que ‘cocinó’ la Reforma Tributaria metió de contrabando un artículo transitorio que autoriza a las empresas que habían iniciado el proceso de goodwill bajo la antigua ley, a que puedan terminarlo antes del 31 de diciembre de 2015, la Superintendencia de Pensiones tiene la obligación legal de proteger el interés público y velar por que no se creen AFP que no tienen como propósito administrar fondos sino solo servir como instrumento para la elusión de impuestos”.
Del mismo modo, lamentó el rol pasivo con que ha actuado el Ejecutivo, indicando que “aquí el gobierno debe dejar de ser observador de un problema que deslegitima la institucionalidad. No es posible que el gobierno se mantenga imperturbable mientras las AFP le roban en la cara 410 millones de dólares al fisco”.
Para Navarro “la superintendenta Tamara Agnic ha desafiado la institucionalidad bajo la tutela de los poderes fácticos, dejando demostrado que el vínculo política-dinero no se da solo en el Parlamento sino que también en las superintendencias”.
La denuncia presentada por Navarro, que actualmente es investigada por la fiscal Tania Sironvalle, hace alusión a las presiones ejercidas contra el ex superintendente de Pensiones Álvaro Gallegos, quien a través de un mail relató ‘los hechos que condujeron a que el primer militante socialista en ocupar una superintendencia del sector financiero, en este caso la super de Pensiones, fuera desbancado por los poderes fácticos’.
En el correo electrónico se indica que «tales poderes hicieron la lectura correcta: el artificio para ahorrar $80 mil millones en impuestos no habría prosperado si hubiese dependido de este humilde servidor resolver sobre la autorización de la existencia de Argentum».
Para Navarro “los dichos del ex superintendente reflejan lo ocurrido con Agnic: las AFP son poderes fácticos con el poder incluso de remover al superintendente a su antojo».
Finalmente, detalló que “la fiscal Tania Sironvalle se ha centrado en investigar posibles delitos tributarios y faltas a la Ley de Sociedades Anónimas, por lo que en los próximos días citará a declarar a directores y ejecutivos tanto de Cuprum como de Principal. Lo mismo hará con personal de la Superintendencia de Pensiones (SP) que fue parte del proceso de creación de Argentum, incluida Tamara Agnic”, y detalló que «junto a mi equipo jurídico solicitaremos la nulidad de derecho público tanto de la creación de Argentum como de Acquisition”.
