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Los silencios y verdades de Alejandra Mizala, rectora de la U. de Chile, y su relación con Sartor PAÍS Elaborada por El Mostrador

Los silencios y verdades de Alejandra Mizala, rectora de la U. de Chile, y su relación con Sartor

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Omitió durante su campaña a la rectoría que es inversionista de Sartor que, con platas de sus fondos públicos, financió parte de la compra de Azul Azul, según la investigación penal. Y luego vendió. Recién como rectora dijo que no se pronunciará sobre el convenio de la U con la concesionaria.


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Hija de un “venerable maestro” de la Logia Aurora de Italia, que murió a los 104 años el pasado 21 de mayo, la rectora siguió sus pasos.

Moisés Mizala Camus fue profesor de biología e hizo clases durante 42 años en el Instituto Nacional, donde sus exalumnos aún lo recuerdan por su vocación y capacidad para enseñar.

La nueva rectora de la Universidad de Chile, Alejandra Mizala Salces, lleva 37 años como académica del Departamento de Ingeniería Industrial, que forma a los alumnos que siguen la especialidad, y del Centro de Economía Aplicada que cofundó con Eduardo Engel en 1992 y por el que pasaron ministros y subsecretarios de varios gobiernos. En ambos, fue también su directora.

A sus 71 años, ha forjado una destacada carrera como investigadora y un patrimonio bastante considerable que le permitió, también gracias a una herencia, según precisó, tener una inversión valorizada en $960 millones en Sartor Administradora General de Fondos (AGF), según su declaración de patrimonio e intereses a marzo de 2025, publicada por Ex-Ante.

Durante su campaña a la rectoría que duró casi tres meses, omitió su calidad de inversionista de Sartor AGF. No se trataba de un asunto privado, ya que sobre Sartor pesa una investigación penal de la Fiscalía Oriente que tiene en la mira la propiedad de Azul Azul y el mecanismo mediante el cual se tomó el control del club. La Universidad de Chile mantiene hasta 2052 un convenio con la concesionaria que le paga por el uso de su nombre y símbolos y designa a dos directores.

Al igual que los otros tres candidatos a la rectoría, Mizala se pronunció sobre el convenio, mostrándose partidaria de revisarlo. Postura que reiteró cuando ganó la segunda vuelta, el 2 de junio, sin descartar quitarle el derecho a usar el nombre y símbolos de la universidad a Azul Azul, dependiendo -dijo- del informe en derecho encargado por la rectora saliente Rosa Devés al abogado Andrés Jana.

No haber hecho pública su relación con Sartor suscita una pregunta: ¿cumplió o no el estándar de transparencia exigible a quien aspira a ejercer el liderazgo de la Universidad de Chile, una institución pública con un peso político considerable y la casa de estudios más antigua del país?

Tras ser elegida, declaró en Ex-Ante el 8 de junio, que si corresponde se abstendrá en la decisión sobre el convenio entre el plantel universitario y Azul Azul S.A. Y en la Revista Ya, el 23 de junio, fue más allá: “yo me voy a inhibir, porque no quiero que haya ninguna dificultad en ese caso”.

Lo mismo pudo haber dicho durante su campaña.

Marido guitarrista de Aquelarre

Quienes estudiaron con ella aseguran que fue la mejor alumna de su promoción de Economía en la U. de Chile. En las aulas de la antigua casona de República, donde estaba la facultad, comenzó a pololear con su compañero de curso Jaime Gatica Barros, uno de los guitarristas junto a Nicolás Eyzaguirre del grupo Aquelarre, impulsor del llamado Canto Nuevo. Ella lo acompañaba a las tocatas en El Café de Cerro y peñas en los 70.

La música se vio interrumpida cuando ambos partieron a doctorarse en Estados Unidos. Separados por cuatro horas y media de avión, ella se fue a Berkeley en California; él a Notre Dame en Indiana.

Se casaron en 1983 y tienen dos hijos: Camila, historiadora doctorada en UCL, y Damián, bioquímico y doctor de la U. de Michigan. Ambos son profesores asistentes de la U. de Chile.

Durante muchos años vivieron en una casa en La Reina hasta que se mudaron a un departamento en Vitacura hace más de una década.

Publicaciones: 149 citadas una vez

Como investigadora, Mizala posee 149 publicaciones en Google Scholar citadas, al menos, una vez. Y un total de 6.503 citas. Ocupa el lugar 48 entre los economistas chilenos más prolíficos en el ranking IDEAS/RePec, que mide publicaciones nacionales e internacionales, siendo los tres primeros José de Gregorio, Eduardo Engel y Klaus Schmidt-Hebbel.

Especialista en educación, ha analizado cuanta variable existe: la disciplina escolar en Chile, la estructura de sueldos de los profesores, por qué eligen y desertan de la carrera de pedagogía, resultados del Simce en colegios privados y públicos, el impacto de la subvención escolar preferencial, los factores que inciden en los resultados de la educación media, la brecha de género en matemáticas y el rendimiento de las mujeres en la PSU, los efectos de la gratuidad universitaria en las matrículas.

Muchas de sus investigaciones fueron junto a Pilar Romaguera, Andrea Repetto, Bernardo Lara, Daniel Hojman, Pablo González y académicos de universidades como Columbia y MIT.

Fue fundadora y directora del Instituto de Estudios Avanzados en Educación y estuvo a cargo del Centro de Investigación Avanzada en Educación. Ambos postulan a fondos concursables: el primero forma principalmente investigadores y el segundo es interdisciplinario y busca incidir en las políticas públicas.

El mundo del trabajo es su subespecialización: tiene trabajos sobre la regulación del mercado laboral en Chile, el desempleo en ciertos períodos, oferta laboral y seguro de desempleo, las isapres y la tercera edad.

Los primeros, eso sí, los hizo para Cieplan, donde trabajó entre 1983 y 1985.

Sartor, Azul Azul y Michael Clark

La operación que ligó a Sartor con Azul Azul se produjo en abril de 2021. El fondo Tactical Sport -cuyos aportantes eran Asesorías e Inversiones Sartor, la matriz de la administradora, con un 90%, y Antumalal, la sociedad de Michael Clark, con un 10%- compró el 63% de la concesionaria Azul Azul a Carlos Heller en $11.152 millones.

Sorpresivamente, el 13 de diciembre de 2024, la matriz de Sartor le vendió su participación a la sociedad de Clark, quien pasó a controlar el 63% de Azul Azul, pagando un precio irrisorio, sin hacer una OPA y sin informar en su momento la operación.

Con ello, salió de Sartor un activo valioso para los aportantes y acreedores, por lo cual existen demandas en los tribunales.

“Hasta el día de hoy la sociedad Azul Azul tiene su control obtenido de una forma que para nosotros es ilícita y que en el transcurso del tiempo se mantiene (…) Serían dineros provenientes de ahí (los fondos públicos de Sartor) los que permitieron la adquisición de esta participación en Tactical Sport”, declaró el 18 de junio el fiscal de Alta Complejidad Oriente, Juan Pablo Araya, quien investiga el esquema mediante el cual parte de los dineros de los aportantes de los fondos públicos de Sartor financiaron negocios personales de algunos socios, directores y relacionados.

El liquidador Ricardo Budinich informó el año pasado que una parte relevante de los dineros para la compra de Azul Azul a Carlos Heller, en 2021, provino de préstamos realizados por los fondos públicos Sartor Leasing y Sartor Táctico, que inyectaron $6.200 millones a Inversiones Cerro El Plomo SpA, y el fondo Proyección otros $1.100 millones. Inversiones Cerro El Plomo SpA le prestó esos dineros al fondo Tactical Sport para adquirir Azul Azul a través de una operación triangulada.

El fiscal Araya ya cuenta con las declaraciones de ejecutivos de Azul Azul, exdirectores y pidió allanar los domicilios de Clark, Antumalal y otras dos sociedades suyas, Azul Azul, y Romántico Viajero, la sociedad de José Ramón Correa, quien compró el 21,4% a los Schapira con un préstamo de un fondo ligado a Patrick Kiblisky, exdueño de Ñublense.

A raíz de las irregularidades detectadas, la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) revocó la autorización para operar a Sartor AGF el 20 de diciembre de 2024 y aplicó multas altísimas a sus directores el año pasado. Existe más de una decena de querellas de aportantes perjudicados en contra de Sartor AGF, sus directores y socios.

En la causa que lleva el fiscal Araya están imputados, hasta ahora, Michael Clark, quien además era director de Sartor AGF; Pedro Pablo Larraín Mery y Oscar Ebel, socios y directores; Carlos Larraín Mery y Hugo Baranda, protagonistas de la arista del factoring Emprender Capital, al que los fondos de Sartor le prestaron mucha plata y que pasó de manos de su fundador a Danke, sociedad de Carlos Larraín, y terminó en manos de Baranda.

Consultada si su decisión de inhibirse de opinar sobre el convenio entre Azul Azul y la universidad busca evitar que se diga que tiene un conflicto de interés por ser víctima de Sartor, Mizala respondió a la Revista Ya “exacto, claro, como que tengo algún tipo de animadversión con Sartor que podría afectar”.

Las omisiones de Mizala

Cuando El Mostrador le preguntó por su relación con Sartor respondió que su marido Jaime Gatica invirtió antes de la pandemia, en 2019. “No me ha comentado cómo llegó, puede que alguien se lo haya recomendado”. Una omisión: no mencionó su calidad de inversionista desde el 17 de abril de 2014, según consta en su declaración de patrimonio, solicitada por Ex-Ante a la Contraloría General de la República. Como prorrectora de la U. de Chile -entre julio de 2022 y marzo de este año- estaba obligada a entregarla.

Es muy probable que si su marido decidió poner ahorros en Sartor -sería una cifra inferior a la de su mujer- fue porque Mizala se lo recomendó. Su contacto con la empresa era Pedro Pablo Larraín, fundador, socio principal y presidente de Sartor AGF, sostuvo en Ex-Ante.

La pareja no es la única víctima de la familia. Florencia Mizala García, hija de un hermano, también es aportante y parte en la querella presentada por los penalistas Jorge Bofill y César Ramos a fines de mayo en contra de Sartor AGF, sus socios y sus exdirectores.

Jaime Gatica, según constató El Mostrador, le recomendó a dos sobrinas invertir en Sartor la herencia de su fallecida madre, la historiadora Andrea Guzmán Gatica. Ellas no se querellaron, tampoco lo hicieron Mizala ni Jaime Gatica, quien en una primera etapa fue uno de los 184 aportantes que recurrieron a la CMF con un recurso de reposición que la Comisión rechazó.

Habiendo sido entrevistada por El Mostrador, pero no publicada, y conociendo el interés de Ex-Ante, Mizala se adelantó y en una entrevista concedida a El Mercurio -el domingo 7 de junio- sobre sus desafíos como nueva rectora, admitió ser una de las víctimas de Sartor. “Me parece importante comunicar que mi familia es una de las miles que han sido afectadas, tanto en Chile como en Perú, con el denominado caso Sartor. Perdimos ahorros familiares provenientes de herencia y también de años de trabajo”, declaró, generando la impresión de que la información había nacido de ella.

De las herencias, según información recogida por El Mostrador, dos corresponden a propiedades. Una fue recibida por ella y sus tres hermanos en 1997 y correspondió a la casa de Ñuñoa donde crecieron en la calle Los Cerezos. La vendieron al año siguiente en 3.623 UF (unos $52 millones de la época).

Otra provino de una tía paterna que benefició a los cuatro hermanos Mizala Salces y cuatro primos en 2017. Eran dos departamentos: uno en Las Condes y otro en Providencia. El primero quedó en manos de los cuatro Mizala Salces, quienes vendieron la propiedad en 6.500 UF (unos $180 millones) en 2019. El otro en poder de los primos y el departamento fue vendido en poco más de 7 mil UF. No está claro si hubo un canje entre ellos o si unos le compraron su parte de la herencia a los otros.

Aunque en 2025 el monto de su inversión en Sartor AGF estaba valorizado en $960 millones, el que puso inicialmente en 2014 fue menor. Calculando una rentabilidad promedio de 8% real, que era lo que ofrecían en el papel los fondos de Sartor AGF, la cifra debe haber rondado los $400 millones. No era un monto, precisamente bajo hace 12 años.

Su última declaración de patrimonio -en marzo de este año al dejar la prorrectoría- detalla que su inversión en Toesca AGF, encargada de administrar y liquidar los fondos de Sartor, asciende a $192 millones.

Lo que se explica porque los aportantes de Sartor recibirán una parte, pero no se sabe cuánto con exactitud, porque dependerá de los fondos donde pusieron sus dineros y de cuánto pueda recuperar Toesca que tiene un plazo de tres años, contados desde septiembre de 2025, para liquidar los fondos, prorrogable por 12 meses.

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