Senado vota esta tarde y Gobierno aún no tiene amarrado quórum de dos tercios
Desde el seno del PPD y de la bancada de senadores recalcaron que Girardi no se va a dar el “gustito” ni votará en contra de la Presidenta Bachelet, que incluso si quiere “cobrar la factura política” por el desaguisado de quedarse con los crespos hechos con la candidatura de Morales, este no sería el episodio para ello y se guardaría la carta para más adelante. En el caso de Quintana, agregan, tanto desde La Moneda como en su partido y en la Nueva Mayoría coinciden en que, por su condición de timonel de partido, “no tiene espacio alguno” para votar en contra de la Presidenta Bachelet, pues el costo interno en la coalición y su colectividad no sería poca cosa.
No está dicha la última palabra, no se han escatimado esfuerzos, no hay ninguna red de contactos a la que no se haya apelado ni llamada telefónica y conversación en persona que haya quedado pendiente. Sin embargo, La Moneda vive horas clave, porque aún no tiene garantizados los 25 votos mínimos que necesita en el Senado para ratificar a Jorge Abbott como próximo Fiscal Nacional, una nominación cuya decisión tomó la Presidenta Michelle Bachelet sola, sin consultarla ni conversarla con nadie, en la que cambió de opinión casi a último minuto y con la que sorprendió a todos, ministros y parlamentarios, los que mayoritaria y transversalmente se inclinaban por la opción de José Morales o Raúl Guzmán para llevar las riendas del Ministerio Público los siguientes ocho años.
La sombra del fracaso de la nominación de Enrique Rajevic a la Contraloría General la semana pasada, pesa bastante en estas horas en las huestes oficialistas, por el impacto que tendría el hecho de que en un lapso de solo siete días naufrague por segunda vez en el Senado una nominación presidencial. A eso se suma la autonomía con que Bachelet eligió a Abbott, a contrapelo de las señales de los senadores que auguraban un respaldo garantizado de 30 votos para Morales de ser el ungido, lo que hace que la caída de la elección del Fiscal Nacional termine en una derrota de la Mandataria.
Por eso, el punto clave nuevamente –se apeló al mismo argumento para alinear a los partidos de Gobierno en la votación de Rajevic– es lograr que la coalición oficialista vote como tal, cohesionada, alineada con la propuesta presidencial, porque, recalcaron desde La Moneda, es distinto perder porque el conglomerado no tiene por sí solo el alto quórum de dos tercios de los senadores en ejercicio, que fracasar por quiebres internos. “Uno de la Nueva Mayoría que haga la disidencia pública en la votación de hoy implicaría una crisis política de la coalición, porque perder es una opción real, pero no puede ser por falta de unidad interna”, sentenció un alto asesor de Palacio.
En todas las bancadas, entre dirigentes del oficialismo y en el propio Gobierno reconocen tanto La Moneda como la Presidenta Bachelet “han estirado en exceso el elástico de la disciplina y la lealtad de los parlamentarios”, al insistir con el estilo inconsulto a las colectividades, de tratar al Congreso como un buzón y no enmendar errores políticos de gestión, que se mantienen en el tiempo. Pero, a pesar de eso, la premisa gubernamental de que no se registren disidencias públicas del oficialismo hoy en la Sala es compartida en el grueso de las bancadas de la Nueva Mayoría, las que respaldarán la decisión presidencial, aunque no a todos les gusta Abbott y que sigue latente la molestia por la forma poco prolija con la que consideran que la Mandataria manejó la nominación al hacer oídos sordos de la opinión de los parlamentarios.
La tensión e incertidumbre en la vereda del oficialismo la pusieron el senador PPD, Guido Girardi, uno de los principales impulsores de la opción de Morales, y el timonel de dicho partido, Jaime Quintana, quienes mantendrían el suspenso su voto de hoy, lo que hasta ayer en la tarde hacía incierto el recuento del Gobierno. El reclamo público de Quintana ha sido el vínculo familiar de Abbott con el ex canciller Alfredo Moreno, el presidente de las empresas Penta, epicentro y origen de todas las investigaciones del Ministerio Público sobre financiamiento ilegal de campañas.
Desde el seno del PPD y de la bancada de senadores recalcaron que Girardi no se va a dar el “gustito” ni votará en contra de la Presidenta Bachelet, que incluso si quiere “cobrar la factura política” por el desaguisado de quedarse con los crespos hechos con la candidatura de Morales, este no sería el episodio para ello y se guardaría la carta para más adelante. En el caso de Quintana, agregan, tanto desde La Moneda, como en su partido y en la Nueva Mayoría coinciden en que, por su condición de timonel de partido, “no tiene espacio alguno” para votar en contra de la Presidenta Bachelet, pues el costo interno en la coalición y su colectividad no sería poca cosa.
[cita]La sombra del fracaso de la nominación de Enrique Rajevic a la Contraloría General la semana pasada, pesa bastante en estas horas en las huestes oficialistas, por el impacto que tendría el hecho de que en un lapso de solo siete días naufrague por segunda vez en el Senado una nominación presidencial. A eso se suma la autonomía con que Bachelet eligió a Abbott, a contrapelo de las señales de los senadores que auguraban un respaldo garantizado de 30 votos para Morales de ser el ungido, lo que hace que la caída de la elección del Fiscal Nacional termine en una derrota de la Mandataria.[/cita]
Ambos puntos, de hecho, fueron parte de la reservada discusión que tuvo el lunes la bancada de senadores del PPD en la oficina de Ricardo Lagos Webber y que más allá de la pública libertad de acción que habrían decretado los parlamentarios, habría quedado claro que los dos senadores “están mostrando los dientes”, haciendo un gallito, pero que en la práctica y, al final de la jornada, terminarían votando por Abbott, alineados con la coalición.
El despliegue para conseguir los votos ha sido intenso. La ministra de Justicia, Javiera Blanco, ha liderado desde la semana pasada las gestiones y conversaciones. Ayer estuvo toda la jornada en el Congreso, afirman que conversó en persona y por teléfono con todos los senadores y, según los propios parlamentarios, “se ha movido bastante bien”, gestiones de las que ha tenido permanentemente informado al ministro del Interior, Jorge Burgos.
El senador PS Alfonso de Urresti –integrante de la comisión de Constitución a la que el fiscal Abbott irá a exponer hoy a las 10 de la mañana– agregó que la titular de Justicia “ha hecho un buen trabajo desde que se conoció la quina de la Corte Suprema y especialmente en estos días, hay una clara diferencia con el ministro Burgos, ella está aquí en el Congreso”.
El protagonismo de la ministra de Justicia en este tema ha generado cierta tensión interna en el Gobierno, especialmente en Interior, aunque insisten en Palacio que la molestia proviene más del entorno y algunos asesores de Burgos que del propio ministro, el que siempre ha entendido que el caso puntual del Fiscal Nacional es de competencia de Blanco.
Blanco no ha sido la única del gabinete que se ha movilizado. Afirman que Burgos se habría abocado a asegurar los votos DC, que el ministro de la Segpres, Nicolás Eyzaguirre, quien estaba en el Congreso por la tramitación de los proyectos de la agenda de probidad, se reunió por más de una hora con Blanco en uno de los patios del Senado para apoyarla y evaluar en conjunto la decisión. El ministro de Defensa, José Antonio Gómez –quien tiene un amplio pasado ligado a los temas de Justicia como ex subsecretario y ex ministro– hizo varias gestiones apelando a sus contactos en las bancadas de derecha y reforzando los votos en el oficialismo y agregan que la titular de Deportes, Natalia Riffo, también habría desplegado algunas conversaciones para ayudar.
Varios parlamentarios tomaron nota y no lo vieron como algo casual que ayer el vocero de la Corte Suprema, Milton Juica, diera la señal pública –a la salida de una reunión en La Moneda con la Presidenta Bachelet– de afirmar que estos nombramientos, como los del Fiscal Nacional, no son solo técnicos sino que también políticos y que los cinco nombres de la quina que propuso el máximo tribunal a la Mandataria estaban perfectamente validados para asumir las riendas del Ministerio Público, minimizando así las críticas y aprensiones parlamentarias ante el nombre de Abbott.
El problema que enfrenta La Moneda en esta votación no pasa solamente por el alto umbral de 25 votos requeridos, sino que se dificulta aún más obtenerlos porque el margen de los senadores de dónde sacarlo se ha reducido con los parlamentarios que públicamente anunciaron hace semanas que se marginarían de la votación del Fiscal Nacional por estar vinculados a algunas de las causas de Penta y SQM que investiga el Ministerio Público por financiamiento irregular de la política.
En la Nueva Mayoría puntualmente son el timonel DC, Jorge Pizarro, y el senador PS Fulvio Rossi, a los que se suma el senador socialista Carlos Montes, quien hace un tiempo dijo que no votaría en este tema, ya que su hijo, Andrés Montes, es un reconocido fiscal y, por ende, quiere evitar que se mezclen o malentiendan estas situaciones.
Pero lo cierto es que en la práctica y según la norma, no existe normativa legal que obligue a los senadores a inhabilitarse cuando hacen de jurado –en el caso de pronunciarse sobre una acusación constitucional– o en votaciones vinculadas a nombramientos. Con ese argumento, reconocieron en el Senado y en Palacio, el Gobierno ayer se jugó la carta de contactar por separado a Pizarro, Rossi y Montes para pedirles que revisaran su decisión y evaluaran votar en la Sala.
Sin esos tres votos, se requieren siete senadores de derecha que apoyen la nominación presidencial, de los cuales seguros el gobierno tiene a los RN Francisco Chahuan y Manuel José Ossandón, y la parlamentaria de Amplitud, Lily Pérez. Las expectativas gubernamentales estarían puestas nuevamente en el independiente Antonio Horvath y los RN Alberto Espina y Andrés Allamand.
Aseguran que en paralelo al Ejecutivo, el ex senador RN, Sergio Romero, habría realizado gestiones en la derecha tratando de sumar votos a favor de Abbott, no por ayudar al Gobierno puntualmente, sino por su cercanía familiar, ya que es tío del yerno del candidato a Fiscal Nacional.
La UDI postergó dar a conocer ayer su decisión, a último minuto, y optó por mantener el suspenso, aunque los cálculos del Gobierno apuntaban a un rechazo mayoritario desde dicha bancada.
Si fracasa la nominación de Abbott –reconocen en el Ejecutivo y la Nueva Mayoría– sería efectivamente un revés para la Presidenta Bachelet, aunque no descartan que pueda terminar siendo un búmeran para el Senado, que daría la peligrosa señal de no estar dispuesto a que se investigue a algunos de los suyos y haber privilegiado temas coyunturales en vez de mirar el efecto a nivel institucional en el Ministerio Público.
